El general Carlos Alulema Miranda, director nacional de la Policía Judicial, habla sobre la situación de orden público en La Merced de Buenos Aires y sobre los operativos que se realizarán para frenar la minería ilegal y la violencia en esta parroquia de Imbabura, en donde las autoridades han identificado a varios grupos armados ilegales dedicados a la extorsión.
¿Hay en La Merced de Buenos Aires grupos armados vinculados con las disidencias de la ex guerrilla colombiana de las Farc?
No podemos establecerlo de una forma clara y concreta, pero sí puede ser que personas que pertenecieron a las Farc o a otros grupos disidentes que operaban en el sur de Colombia se hayan prestado para venir a Buenos Aires con sus armas, sus conocimientos, su experiencia en delitos como la extorsión.
Hablamos de entre 50 y 60 personas. Si vinieran más quedarían en evidencia, ellos también manejan sus estrategias para no ser detectados.
Hemos pedido, con la poca información que tenemos sobre estas personas, datos a Colombia pero aún no ha habido una respuesta que nos permita identificarlas.
¿Por qué es tan difícil sacar a estos grupos de La Merced de Buenos Aires?
Es un tema de tiempo, es un tema de organizarnos mejor y de hacer una intervención que evite un daño mayor. Hemos realizado intervenciones parciales, controles puntuales, pero para una gran intervención se debe tener en cuenta que en Buenos Aires hay un gran número de civiles que no realizan actividades ilegales sino que se dedican a otras tareas.
¿Cómo sería una gran intervención?
Puede ser por fases o en una sola etapa, hay que entrar y desalojar primero a los violentos y luego a quienes realizan minería ilegal.
Hay que considerar que los mineros están planteando alternativas para ser legalizados, han presentado peticiones en ese sentido, pero ya serán las autoridades políticas, la Arcom y el gobierno quienes decidan si se entra a una negociación tripartita entre el Estado, la empresa que tiene la concesión de esa área y las asociaciones de mineros ilegales que quieren regularizarse.
¿Sería un operativo conjunto de todas las fuerzas de seguridad?
Está preparado, estamos esperando a ver si se decide primero hacer un diálogo o si la orden es de intervención conjunta con las Fuerzas Armadas y las autoridades de control. Nuestro planteamiento es que la zona debe mantenerse ocupada y controlada por las fuerzas de seguridad del Estado posteriormente al operativo, para evitar que vuelvan los mismos grupos.
¿Haya o no negociación es necesario expulsar a los grupos armados?
Sí. Estamos preparados para intervenir, pero esperamos un aval del gobierno. Si nos dan la disposición de intervenir lo haremos.
¿Es este un problema de seguridad nacional?
Es un problema complejo, hay una problemática social, ambiental. Pero no es una amenaza para la seguridad del Estado.
¿Existe riesgo de que incursionen frentes no desmovilizados de las Farc?
Siempre es un riesgo que lleguen grupos armados nacionales o extranjeros. Es importante hacer un control de frontera, especialmente en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo, y eso de alguna forma permite frenar el ingreso fácil de estos elementos.
¿Cuántos grupos hay?
En 2018 identificamos 65 grupos delictivos asociados a la extracción el transporte, la seguridad y la protección a los cargamentos y en 2019, hasta marzo, ya encontramos 11. Son 604 los detenidos en 2018 y 169 más este año.
General Carlos Enrique Alulema
Estamos preparados para intervenir, pero esperamos un aval del gobierno. Si nos dan la disposición de intervenir lo haremos.
¿Qué pasará con estos grupos?
Tienen los días contados. Estamos a punto de intervenir y por eso los propios mineros están buscando otras áreas en vista de la inminencia de estos operativos. Solo esperamos la decisión de las autoridades para intervenir, si es posible, mañana mismo.
¿Qué pasa en El Cielito en Monte Olivo, en la provincia de Carchi?
El Cielito ya está desalojado, en este momento ya no hay actividades de minería ilegal allí. Yo mismo hice el desalojo el 4 de abril.
Cuando vieron que estábamos ingresando en caravanas con policías y militares, huyeron hacia la montaña. En Monte Olivo también hicimos una intervención y se redujo la actividad ilegal.
¿El oro ilegalmente extraído en Imabura y Carchi ha ido a dar a Colombia?
Claro que sí, una parte va directamente hacia el mercado colombiano. En el sur de Colombia hay una importante estructura minera, tienen ya todos los procesos desarrollados.
Allá es más fácil lavar ese oro ilegal, lo mimetizan con oro que sale de concesiones legales. Es muy difícil identificar qué volumen viene de minas legales y cuál de actividades ilegales.
El oro fluye hacia donde exista mercado, en Colombia, el sur de Ecuador y Perú.
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