Jueves, 25 de abril de 2024

Se vienen cinco cambios en la política minera y petrolera del Gobierno

Autor:

Mónica Orozco

Actualizada:

5 Jul 2022 - 0:05

Las gasolineras de Petroecuador no se venderán y el Estado podrá crear zonas de protección hídrica y arqueológica, donde estarán prohibidas la extracción minera y petrolera.

Reactivación de una torre petrolera en un campo de la petrolera estatal Petroecuador, tras el paro nacional de 18 días.

Autor: Mónica Orozco

Actualizada:

5 Jul 2022 - 0:05

Reactivación de una torre petrolera en un campo de la petrolera estatal Petroecuador, tras el paro nacional de 18 días. - Foto: Ministerio de Energía

Las gasolineras de Petroecuador no se venderán y el Estado podrá crear zonas de protección hídrica y arqueológica, donde estarán prohibidas la extracción minera y petrolera.

Las políticas petrolera y minera tendrán cinco cambios, tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Los cambios prevén desde elaborar una reforma para regular la consulta previa hasta crear zonas arqueólogicas donde estarán prohibidas las actividades minera y petrolera.

Los ajustes frenan la ampliación de la frontera petrolera y minera, explicó el ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer.

Cambios a futuro

El funcionario aclaró que los cambios a la política minera y petrolera son a futuro. Es decir, no afectan a los actuales proyectos de incremento de la producción y de atracción de inversión en el sector petrolero.

El Decreto 95, que ya fue derogado, trazaba una serie de acciones para concretar esos objetivos en el sector petrolero.

Pero, según Vera, muchas de esas disposiciones se incluyeron en la Ley de Desarrollo Económico, aprobada en noviembre de 2021.

Lasso también ajustó, vía reglamento, el modelo de contrato de participación, que fue abandonado durante la administración del expresidente Rafael Correa.

Ese modelo contractual es la apuesta del Gobierno para fomentar la exploración y explotación petrolera. Y, de esa forma, reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros como, por ejemplo, la fluctuación de los precios del petróleo.

Vera dijo que trabaja, con el equipo jurídico de la Presidencia, para reformar el Decreto 151, que delínea la política minera. No obstante, los acuerdos con la Conaie dan pistas de hacia dónde van los cambios.

  • La normativa ecuatoriana prohíbe ya el desarrollo de actividades extractivas, como la petrolera y minera, en áreas protegidas y zonas intangibles. La creación de estas zonas debe pasar por un largo proceso, que incluye la aprobación de la Asamblea Nacional.

    Los compromisos firmados por el Gobierno con la Conaie abren ahora la puerta para crear zonas especiales de protección hídrica. En esas áreas estarán prohibidas las actividades mineras y petroleras.

    "El temor en industrias como la minera es que la creación de una zona hídrica pase por un debate más político, que técnico", dice el exviceministro de Minería, Henry Troya.

    Troya dice que, actualmente, los concesionarios mineros pueden presentar un plan de manejo hídrico para su aprobación en el Ministerio del Ambiente.

    Si la Cartera de Estado determina que la actividad minera puede representar riesgos para las fuentes de agua, no se aprueba ningún proceso, sea para exploración o para explotación.

  • El Estado abre la puerta para crear zonas de protección arqueológica donde no se podrán realizar actividades extractivas, mineras o petroleras, según los compromisos alcanzados por el Gobierno con la Conaie.

    Se trata de una nueva barrera a estas actividades, ya que, por ejemplo, la Ley de Minería no tiene ninguna prohibición en este sentido, explica Santiago Yépez, experto minero.

    Esa normativa solo obliga a los concesionarios mineros a informar de los hallazgos arqueológicos al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) para que esta entidad dé un correcto seguimiento al tratamiento de los vestigios.

    Por ejemplo, los concesionarios de Mirador, de cobre, y Fruta del Norte, de oro, abrieron museos que guardan vestigios arqueológicos hallados en la zona de influencia de los proyectos. Ambas son las minas a gran escala más grandes del país ubicadas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

    Pero, con los ajustes que se darán, el INPC tendría la facultad de prohibir actividades extractivas en zonas arqueológicamente sensibles, añade el exviceministro de Minas, Henry Troya.

    "Se desconocen los parámetros técnicos que se tendrán en cuenta para declarar a una zona como arqueológicamente sensible. Esa parte genera inseguridad jurídica para el inversionista", añade Troya.

     

  • Límite a la frontera petrolera

    Para garantizar que la frontera petrolera no se ampliará en zonas ambientalmente sensibles, el presidente Guillermo Lasso firmó el 30 de junio de Decreto 468.

    Lasso renuncia a su facultad constitucional para solicitar autorización a la Asamblea para el desarrollo de actividades extractivas, petroleras o mineras, en:

    • Áreas protegidas
    • Zonas declaradas como intangibles
    • Territorios ancestrales
    • Zonas arqueológicas

    Lasso aclara que se respetarán los acuerdos preexistentes para desarrollar estas actividades extractivas en esas zonas sensibles, por lo que la decisión afecta solo hacia futuro.

  • No venderán gasolineras estatales

    El presidente Guillermo Lasso ordenó, mediante el Decreto 95, la venta de 45 gasolineras de propiedad de la petrolera estatal Petroecuador.

    Tras la derogatoria de ese Decreto, el ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, anunció que esas estaciones ya no se venderán.

  • Ley sobre consulta previa

    El presidente Guillermo Lasso también ordenó, mediante Decreto 468, la elaboración del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada.

    Además, en el Decreto, suscrito el 30 de junio de 2022, se dispone trabajar en un proyecto de reforma al reglamento al Código Orgánico del Ambiente para aplicación de la consulta ambiental.

    Ambos son parte de los compromisos alcanzados con la Conaie, para la finalización del paro nacional, que duró 18 días y que solo en el sector petrolero estatal dejó USD 512 millones en pérdidas.