Durante su visita a cinco prisiones en Ecuador, la CIDH identificó decenas de fallas y vulnerabilidades del sistema penitenciario. Su informe asegura que las bandas delincuenciales gobiernan las cárceles y operan en complicidad con las autoridades.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es desalentador. Una delegación de la entidad visitó las cárceles de Ecuador entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021 e identificó lo que en Ecuador es un secreto a voces: los presos controlan las cárceles y sus líderes tienen trato diferenciado.
Para la CIDH, las causas de la crisis carcelaria son estructurales. Sobre todo, por un "debilitamiento del sistema penitenciario desde hace por lo menos dos décadas, bajo la responsabilidad de las diferentes funciones del Estado".
A ello se suma el aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento. Así como la política contra las drogas y el uso excesivo de la prisión preventiva.
La CIDH hizo recomendaciones a Ecuador para abordar la crisis. La Comisión, por ejemplo, considera elemental incrementar el personal de prisiones a cargo de la seguridad y la vigilancia de los centros penitenciarios.
El número de agentes que, ahora mismo, están en las prisiones fue catalogado como "insuficiente" para hacerse cargo del gran volumen de presos en el sistema.
Los presos gobiernan las cárceles
Según las entrevistas y la observación realizada por los representantes del organismo, en las cárceles de Ecuador, el control de los pabellones lo tienen los internos.
Este fue el escenario propicio para que, en febrero de 2021, se iniciara una "cruenta guerra" entre diferentes bandas, en un afán por acceder al control de estos pabellones y de los centros penitenciarios, así como de territorios del exterior.
El propio Estado indicó a la CIDH que los centros carcelarios, en donde han ocurrido los hechos violentos de esta crisis, están dominados por grupos del crimen organizado, incluso vinculados con bandas internacionales.
Según la información recibida, el sistema penitenciario se ha convertido en un negocio lucrativo en el que, quienes controlan los centros, en su mayoría líderes de bandas criminales, tienen el poder de decisión respecto a la administración cotidiana de las cárceles.
"Los líderes de estos grupos cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a Internet y teléfonos, y otros servicios".
Informe de la CIDH
Por estas razones, la Comisión concluyó que "estas estructuras operan en complicidad con autoridades penitenciarias y de otras fuerzas de seguridad". Tal como se había establecido en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, que se publicó en 2011.
Falta de control y beneficios
En su gira por Ecuador, la CIDH identificó varios elementos que dan cuenta de las vulnerabilidades de las prisiones.
Por ejemplo, las torres de control de la Penitenciaría del Litoral, donde ocurrió la mayoría de los asesinatos, se encuentran al costado del predio y no contaban con guardias de seguridad.
En esta megacárcel, además, los representantes del organismo observaron que el contingente militar y policial se halla afuera del recinto penitenciario, en el perímetro, pero no en los pabellones.
Incluso en los pabellones, las llaves de acceso están en posesión tanto de las autoridades como las personas privadas de libertad.
Y a eso se suma la falta de personal para el control.
Según el SNAI, el estándar es de un agente penitenciario por cada 20 personas detenidas y Ecuador solo cuenta con, aproximadamente, 1.650 agentes.
Y, debido a que el personal se divide en distintas guardias, por turno se destinan 600 agentes para los 36 centros de detención que albergan a unas 36.600 personas. Estas cifras indican que hay un agente por cada 62 reclusos.
- Beneficios para los líderes.
En la visita al Centro Guayas 4, la delegación se entrevistó, entre otros, con Jose Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la banda de Los Choneros. Los visitantes percibieron que ejerce un control interno importante del centro penitenciario.
También, se entrevistó con otros líderes como Junior Roldán Paredes. La delegación observó por la vestimenta que, en efecto, los líderes cuentan con un trato diferenciado y preferente, en contraposición con otras personas entrevistadas.
Las masacres
Las entrevistas realizadas por la CIDH a los presos permitieron conocer detalles que antes no se divulgaron, sobre las cuatro masacres de 2021, que dejaron 316 muertos en las cárceles de Ecuador.
Por ejemplo, el 28 de septiembre, asesinaron a 122 presos en la Penitenciaría del Litoral. La matanza se originó en un intento por tomar un pabellón motivado por el "control por dominar".
En los enfrentamientos, fueron asesinadas personas que "habrían traicionado" a sus grupos de pertenencia, entre las que se encontrarían, aproximadamente, 35 integrantes de Los Choneros.
La Comisión determinó que en los enfrentamientos se utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, armas punzocortantes y hechizas (de fabricación artesanal), explosivos, e inclusive un dron.
La mayoría pereció por impactos de armas de fuego. Unos 88 cadáveres se hallaron completos y los demás presentaban diferentes tipos de mutilaciones –entre ellas- cuatro decapitaciones.
Los días 12 y 13 de noviembre, en la misma prisión, al menos, 65 personas murieron. Los integrantes de Los Choneros hicieron un hueco mediante el uso de explosivos en uno de los muros del pabellón F. Y mataron a todas las personas que allí se alojaban, salvo a tres, que fueron tomadas como rehenes.
Algunos de los cuerpos fueron desmembrados o mutilados. Y los restos y las piezas anatómicas fueron apiladas e incineradas.
Según la información oficial recibida por la CIDH, un alto número de personas privadas de libertad que fallecieron en estas masacres eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva, acusados por la comisión de delitos menores.
Entre las víctimas había personas con boletas de libertad vigentes, que no se ejecutaron por problemas burocráticos.
Uno de estos casos es el de Leonardo González, quien tenía dicha boleta desde junio de 2021, tras haber cumplido su condena de ocho meses de prisión.
Por su parte, Erick Ortiz, quien habría cumplido con su sentencia a inicios de noviembre de 2021, contaba con boleta de excarcelación firmada el 9 de noviembre, y recibida en el centro de detención el mismo día en que fue asesinado (12 de noviembre).
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