Según el cálculo preliminar, los daños causados a los bienes de la Policía Nacional, durante las movilizaciones de junio, ascienden a USD 1,4 millones. La institución ha empezado un avalúo técnico antes del proceso de reclamación a la aseguradora.
Luego de los 18 días de paralización que protagonizaron varias organizaciones sociales, comandadas por la dirigencia indígena, el país sigue cuantificando las pérdidas económicas.
A nivel productivo, el Gobierno calcula que las pérdidas bordean los USD 1.000 millones, con un promedio diario de USD 55 millones. La mayoría, unos USD 775 millones, corresponde al sector privado.
Sin embargo, hay otra área que sigue en evaluación: los daños en la infraestructura pública. Uno de los sectores más afectados es el de seguridad.
Durante las manifestaciones, varias dependencias públicas fueron atacadas por los manifestantes en diferentes puntos del país. Sobre todo, se registraron daños en bienes pertenecientes a la Policía Nacional.
El primer cálculo que maneja la entidad por los daños recibidos es de USD 1,4 millones. Incluye instalaciones, vehículos y equipamiento policial que fueron destruidos en las jornadas de protesta.
Este todavía es un cálculo aproximado. En el Alto Mando policial se estima que el valor final podría ser del doble. Es decir, de unos USD 3 millones.
Un proceso largo
Luego de la primera cuantificación, la Policía conformó un equipo técnico para realizar un evalúo oficial.
La tarea está a cargo de la Dirección Nacional de Logística de la institución. El equipo está conformado por ingenieros y arquitectos. Desde esta semana, este grupo de profesionales empezó una gira en todas las provincias en las que hubo afectaciones a los bienes.
Estas están ubicadas, sobre todo, en la Sierra y en la Amazonía. El trabajo se concentra, especialmente, en Pichincha y Pastaza.
Una vez que la Policía tenga el avalúo presentará la reclamación a la aseguradora. Fausto Buenaño, director de Logística de la entidad, informó que todos los bienes dañados están asegurados y esperan la reposición.
Aunque no existe un tiempo estimado para que esto ocurra. En el mejor de los casos, explica el oficial, esperan que las dependencias oficiales estén construidas, equipadas y operativas hasta 2023.
Según el Portal de Compras Públicas, el Ministerio de Gobierno se declaró en emergencia en 2021 para contratar los seguros de los bienes policiales, luego de la liquidación de Seguros Sucre, que acaparó este ramo en los años pasados.
Finalmente, la Cartera de Estado firmó cinco pólizas. Para este caso deberán activarse dos con Seguros Alianza:
- Seguro de vehículos por USD 5,2 millones, que está vigente hasta el 25 de octubre de 2022.
- Seguro multirriesgo para bienes muebles e inmuebles y pertrechos, por USD 4,7 millones, que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2022.
Edificios de la Policía con más daños
Entre los daños reportados por la Policía, hasta el momento el área de infraestructura es la que requerirá más inversión: un poco más de medio millón de dólares.
Se trata del Comando Policial ubicado en Pastaza y 14 unidades de policía comunitarias (UPC), que fueron totalmente destruidas.
La noche del 21 de junio de 2022, una unidad policial y 18 vehículos fueron incendiados por los manifestantes en Pastaza. Seis uniformados resultaron heridos y 21 estuvieron en manos de los manifestantes por varias horas.
Según el reporte oficial, los manifestantes lanzaron bombas molotov a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) México, en el centro de la ciudad, y en otra localizada en la vía Puyo-Macas. También fue incendiado el Comando provincial.
En el reporte de daños también aparecen dos UPC nuevas que recientemente habían sido entregadas para su uso. Una está ubicada en Calderón, en el norte de Quito.
La noche del 28 de junio de 2022, equipos de la Policía Nacional intentaron habilitar una vía en el sector de San Miguel del Común (Calderón), al norte de Quito.
Esto provocó un enfrentamiento con los manifestantes. Los uniformados utilizaron gas para dispersarlos. En redes sociales, se difundió la noticia falsa de que dos menores habían muerto producto del gas.
Esto enardeció a los manifestantes, quienes atacaron dos UPC de Calderón, destruyéndolas casi totalmente. Horas después se sumaron manifestantes de Pisulí y La Roldós y atacaron otras dos dependencias policiales, pero fueron contenidos por las autoridades.
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