El presidente Lasso agrega más pruebas de descargo para el juicio político

El secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz Mena, remitió un oficio a la Comisión de Fiscalización. En el documento solicita dos pruebas testimoniales de:

1. Jaime Condoy Blacio, exgerente de Flopec, para que informe sobre el contrato de fletamento del 7 de diciembre de 2018 y la tercera adenda, de 10 de marzo de 2020.
2. Andrea Poveda Camacho, exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, para que informe sobre la sesión del 11 de agosto de 2022.

El Secretario también pide que se agreguen como pruebas las sesiones de la misma Comisión de Fiscalización, del 10 y 14 de abril de 2023.

Finalmente, el Ejecutivo exige otras pruebas documentales, como los informes de fin de gestión de los últimos seis gerentes generales de la flota estatal.

Así como informes y copias y actas certificadas de más sesiones de la Comisión de Régimen Económico, de la Contraloría, de la Comisión que investigó el caso Encuentro, de la misma Presidencia y de la normativa sobre las comunicaciones al Mandatario.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea, aprobó la mañana del 14 de abril de 2023, un nuevo paquete de pruebas que se incorporarán al juicio político contra el presidente.

En esa ocasión, se trata de las pruebas de oficio solicitadas por "los coidearios de los interpelantes", dijo Fernando Villavicencio, titular de la mesa. Y añadió que todos esos requerimientos están siendo gestionadas inmediatamente.

Pero, además, la Comisión conoció una carta enviada, el 13 de abril, por la defensa del presidente Guillermo Lasso en la que solicitar la práctica de algunas pruebas de descargo.

Esas pruebas incluyen:

• 30 pruebas documentales de Flopec, Asamblea, Procuraduría, Contraloría, EMCO y Fiscalía.
• 23 comparecencias, incluyendo a la fiscal Diana Salazar, el Contralor, Carlos Riofrío, y los nueve integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.

Villacencio explicó que se trata de "parte" de las pruebas de descargo del mandatario. Y dijo que estaba "gratamente sorprendido" porque en el listado constan algunas pruebas que ya se había solicitado, pero fueron impugnadas por el legislador correísta, Roberto Cuero.

Villavicencio insiste en que estas pruebas demostrarían que la corrupción alrededor del contrato de Flopec con Amazonas Tankers Pool Company LLC. inició en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa.

En una carta dirigida a la Corte Constitucional, el presidente Guillermo Lasso solicita que se inicie formalmente la fase de seguimiento del dictamen, referente al juicio político que se sigue en su contra.

Este juicio se tramita en la Asamblea y al momento recae en la Comisión de Fiscalización.

En la misiva, Lasso le recuerda a la Corte su fallo del 29 de marzo, en el que solo se admite el juicio por el presunto delito de peculado, y no por los otros dos delitos que presentó la oposición.

Por ello, el Mandatario señala que hay varios asambleístas que promueven el juicio, pero "que han mostrado comportamientos desafiantes respecto al dictamen de la Corte".

Lasso se refiere a las intenciones de otros legisladores de querer incluir en el proceso otros supuestos delitos, como el endeudamiento externo o temas relacionados con funcionarios del Gobierno.

Para el Presidente, las actuaciones de estos legisladores son 'graves' porque amenazan la democracia y por ello pide que la Corte intervenga para hacer cumplir su dictamen inicial.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para este viernes 31 de marzo, a las 09:30, para conocer el dictamen de la Corte Constitucional.

En la sesión, los vocales del CAL deberán resolver si el expediente del juicio y el dictamen pasan a la Comisión de Fiscalización, donde deberá iniciar el proceso de preparación del juicio político al Primer Mandatario.

El Gobierno nacional reaccionó a la decisión de la mayoría de los jueces de la Corte. En un comunicado publicado en sus redes sociales, dijo que "rechaza el juicio político, respeta la decisión de la Corte y ratifica la inocencia del presidente".

El documento, sin embargo, aclara que respetar el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político, "de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura contra el Presidente".

Según la Secretaría de Comunicación, el planteamiento de la Asamblea "nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno".

Y finaliza diciendo que las "inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir" a los ecuatorianos.

Los magistrados fueron convocados para la noche de este 29 de marzo de 2023, a las 20:00, para decidir sobre el futuro del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

Los nueve magistrados deberán analizar el proyecto de sentencia presentado por los jueces Ortiz y Lozada. Para la aprobación del dictamen se requieren seis de los nueve votos existentes.

A las 15:23, los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada entrgaron su nuevo proyecto de dictamen. Con esto, la Corte debe convocar a una nueva sesión del Pleno, que extraoficialmente se conoce que sería hoy mismo en horas de la tarde.

Los jueces deben argumentar su propuesta ante los otros magistrados. Para tomar una decisión, se necesitan mínimo seis votos de los nueve jueces.

El contenido de ese dictamen no es público, pero allí los jueces deben recomendar o no seguir con el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

La designación de dos ponentes para una misma causa es algo nuevo. El exjuez constitucional Agustín Grijalva, en diálogo con PRIMICIAS, aseguró que esto no sucedió en ninguna causa en el anterior período de la Corte, pero que revela la premura con la que está actuando la institución.

Grijalva explicó que el sorteo de los nuevos jueces se hace entre quienes no apoyan el proyecto de dictamen propuesto; es decir, en este caso, entre quienes no votaron a favor de la propuesta de Teresa Nuques.

Los dos jueces designados, Richard Ortiz y Alí Lozada, deberán preparar conjuntamente un proyecto de dictamen. Este, de acuerdo con información extraoficial, sería a favor de la admisión del juicio político contra el presidente Lasso.

Según Grijalva, para esto no aplican nuevos plazos. Por lo tanto, el proyecto debe estar listo y ponerse en conocimiento del Pleno de la Corte dentro de las 48 horas que corren desde que Nuques entregó su proyecto (las 10:00 de este 27 de marzo de 2023).

Esto quiere decir que la decisión de la Corte debería estar lista antes de las 10:00 de este miércoles 29 de marzo.

La Corte Constitucional no alcanzó los seis votos necesarios para aprobar el proyecto de dictamen emitido por la jueza Teresa Nuques. En la sesión instalada la tarde de este 27 de marzo de 2023, el Pleno de la institución debatió, pero no logró llegar a un acuerdo.

El contenido de la propuesta de Nuques no se hará público, pues no llegó a ser una decisión de la Corte. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que su propuesta era archivar el pedido de juicio político.

A favor de la propuesta de Nuques votaron solamente ella, Enrique Herrería y Carmen Corral. En contra, hubo seis votos, de: Alí Lozada, Jhoel Escudero, Daniela Salazar, Richard Ortiz, Karla Andrade y Alejandra Cárdenas.

De entre los jueces que votaron en contra (que conforman mayoría en esta votación), se realizó un nuevo sorteo y, en este caso, la causa recayó sobre el juez Richard Ortiz. Y, con base en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, designó a un segundo ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada.

Con esto, el trámite del juicio político tomará unos días más en resolverse.

En el Pleno de la Corte Constitucional, se necesitan al menos seis votos de los nueve jueces que la integran para llegar a una decisión.

La jueza Teresa Nuques presentó su proyecto de dictamen constitucional la mañana de este 27 de marzo de 2023, horas antes de que se cumpliera el plazo de tres días que tenía para hacerlo.

Según el sistema de la Corte Constitucional, el proyecto ingresó a las 10:30. La notificación de este trámite a la Asamblea se hizo cuatro minutos más tarde.

El contenido de ese dictamen no fue público, pero allí la jueza debía recomendar o no seguir con el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

El presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, convocó a la sesión del Pleno para tratar este tema horas más tarde. Los jueces sesionaron desde las 14:00 de ese mismo día.

La jueza Teresa Nuques pidió a la Asamblea que remita a la Corte Constitucional todo el expediente para el pedido de juicio político. Debían incluirse todas las peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas de sesiones del CAL. La jueza puso énfasis en la resolución del 20 de marzo.

La Asamblea Nacional debía enviar todos los documentos solicitados hasta las 16:30 del 25 de marzo, luego de haberse solicitado una prórroga.

Este 24 de marzo de 2023, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) volvió a admitir a trámite el pedido de juicio político contra el presidente Lasso. Lo hizo después de que los proponentes completaran y enmendaran errores en la solicitud original.

La decisión se tomó con cinco votos a favor, al igual que en la votación del pasado 20 de marzo. Las asambleístas Johanna Moreira (ID) y Nathalie Arias (BAN) se abstuvieron.

Con esto, ahora sí, el proceso pasará a manos de la Corte Constitucional. El CAL dispuso que la Secretaría de la Asamblea notifique esta resolución a la Corte.

Cerca de las 15:30 de este 23 de marzo de 2023, los asambleístas proponentes del juicio político entregaron finalmente el documento en el que "completan" la solicitud. En un documento de cuatro páginas, se refieren a tres puntos:

• Aseguran que el artículo del Código Integral Penal (COIP) sobre concusión que citaron originalmente corresponde a una versión antigua de esa ley, porque estaba vigente "al momento que empezaron a perpetrarse los actos de corrupción en las empresas públicas". Aun así, añaden más adelante el actual artículo del COIP vigente a la fecha.
• Sobre la segunda acusación de concusión, básicamente usan el mismo argumento. Además añaden que "el cometimiento de la infracción se dio en el marco de temporalidad de aplicación de las dos normas".
• El mismo argumento lo usan para el delito de peculado. Dicen que el artículo del COIP que citaron originalmente corresponde a una versión antigua de esa ley, porque estaba vigente "al momento que empezaron a perpetrarse los actos de corrupción en las empresas públicas". Aun así, añaden más adelante el actual artículo del COIP vigente a la fecha.

Con esto, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, podrá convocó a una nueva sesión del CAL para revisar este pedido tras ser "completado", este viernes 24 a las 15:20. Con esa decisión, finalmente el proceso pasaría a la Corte Constitucional.

Aunque los proponentes del juicio político contra el presidente Lasso aseguraron que no demorarían en corregir y volver a entregar el documento, hasta las 14:30 de este 23 de marzo de 2023, aún no lo envían.

Los legisladores no han explicado el porqué de esta demora.

Sin embargo, coincide con la denuncia de un nuevo error que contendría el pedido de juicio político. El asambleísta Fernando Villavicencio denunció que hay una sentencia de la Corte Constitucional mal citada.

En una sesión desarrollada la noche de este martes 21 de marzo de 2023, el CAL resolvió, por pedido de Esteban Torres (PSC), reconsiderar la votación de la anterior sesión y no enviar el pedido a la Corte Constitucional hasta que los proponentes "completen los requisitos".

Eso quiere decir que los asambleístas ponentes del juicio político a Lasso, Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID), tienen tres días los requisitos para "completar" el documento y devolverlo al CAL.

La resolución del CAL dice que la solicitud debe estar "debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República".

Las asambleístas Johana Moreira y Nathalie Arias rechazaron esa resolución, pues aseguraron que los asambleístas mencionados no deberán completar requisitos, sino corregir errores y que eso no está contemplado en la norma.

Después de la admisión a trámite del pedido de juicio político en el CAL, la Asamblea no enviará todavía el trámite a la Corte Constitucional. Esto se debe a que las bancadas de la mayoría opositora decidieron corregir algunos errores que había en el texto.

Durante la sesión del CAL de este 20 de marzo, Johanna Moreira (CAL) advirtió de errores en la citación de artículos, que no fueron corregidos incluso en el "alcance" que los proponentes del juicio político enviaron. Pero sus cuestionamientos fueron desechados.

Además, el constitucionalista André Benavides advirtió nuevas equivocaciones: que el pedido de juicio político citaba una versión antigua del Código Integral Penal.

Un día después, Esteban Torres, jefe de la bancada socialcristiana y vocal del CAL, aseguró que deberán corregir estos temas. "Lo que se ha dicho respecto a una mala citación de los artículos no influye en el fondo de la situación y la Corte podría subsanar esos errores. Sin embargo, lo mejor es que el documento vaya sin fallas".

Para ello, en el CAL propondrán la reconsideración de la votación anterior. Con ello, la idea es devolver el pedido a los proponentes del juicio político para que corrijan los errores.

Ronny Aleaga (UNES), Esteban Torres (PSC) y Darwin Pereira (Pachakutik) conversan antes de la sesión del CAL para dar paso al juicio político contra Guillermo Lasso, este 20 de marzo de 2023. PRIMICIAS

El primer filtro para el juicio político fue el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que debía revisar si la solicitud cumplía con los requisitos previstos en la Constitución y la ley.

Este 20 de marzo de 2023, el CAL resolvió que sí, por lo que admitió a trámite el pedido de juicio político y determinó que se remita a la Corte Constitucional, que es el segundo filtro.

El CAL sólo se encargó de revisar que la solicitud tenga, por ejemplo, las firmas necesarias de respaldo, que esté debidamente fundamentado y que anuncie las pruebas que se usarán más adelante.

Según información de la Asamblea, el trámite será enviado a la Corte Constitucional este 21 de marzo.

El primer requisito para iniciar un juicio político en contra del Presidente es la presentación de la solicitud. Este paso se cumplió el pasado jueves 16 de marzo de 2023.

La solicitud fue entregada con 59 firmas de respaldo al juicio político a Lasso. Esta, según la ley, debe contener la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Presidente y el anuncio las pruebas que se adjuntarán.

Específicamente, los legisladores acusan al presidente de haber incurrido en la causal 2 del artículo 129 de la Constitución, es decir lo señalan de delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

En la solicitud, los legisladores hablan de que Lasso habría cometido los delitos de concusión y peculado.