Después del anuncio gubernamental de que se están afinando las preguntas para una consulta popular, el Legislativo insistió en un diálogo y el Ejecutivo enviará a tres técnicos apara dialogar con la Asamblea.
Noticia actualizada el 23 de agosto a las 07:17, con delegación del equipo del Ministerio de Gobierno.
El Presidente Guillermo Lasso aceptó la invitación a dialogar con delegados de todas las bancadas de la Asamblea Nacional.
El Ministerio de Gobierno anunció que ha designado a tres funcionarios para conformar una comisión mixta, entre representantes del poder Ejecutivo y del Legislativo, para dar paso a los acercamientos.
Los delegados del Ministerio de Gobierno son Sariha Moya, coordinadora general de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio, quien encabezará el equipo.
Además de Ricardo Avilés, quien es asesor de Despacho del ministerio, y María José Piñeiros, directora de Articulación Política con la Función Legislativa.
Los 'rounds' entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido varios y llevan ya meses. En la disputa entre los dos poderes del Estado, el presidente Lasso parece llevar la desventaja.
Lasso, que tiene al frente un escenario adverso, ha lanzado la advertencia de que esquivará al Parlamento para legislar a través de una consulta popular.
Aunque el Gobierno aún no ha confirmado las preguntas para una posible consulta, ha dicho que la prioridad será la seguridad. Tampoco ha descartado incluir las reformas legales que están pendientes.
En entrevista en Teleamazonas, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, se adelantó y pidió a Lasso sentarse a dialogar "sobre los temas puntuales: ley de inversiones, ley laboral, sobre los vetos totales".
Para ello, el Legislativo tiene lista una comisión, conformada por un representante de cada una de las cinco grandes fuerzas políticas. Y la invitación al diálogo planteada al presidente Lasso es para este martes 23 de agosto, en la sede del Parlamento, a las 09:30.
El Ejecutivo tiene hasta mediados de octubre para entregar su propuesta a la Corte Constitucional para revisión, antes de llevar la consulta a las urnas en el marco de las elecciones seccionales de febrero.
El escenario
Desde septiembre de 2021, la tumultuosa relación entre Ejecutivo y Legislativo ha seguido empeorando.
En ese entonces, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) devolvió a Lasso el proyecto conocido como 'megaley', que contenía los lineamientos de la política del Ejecutivo en materia tributaria, de incentivos para las inversiones y de reformas laborales.
Tras el hundimiento de la 'megaley' en la Asamblea, las enmiendas tributarias fueron reenviadas como una sola reforma separada que entró en vigencia por el llamado ministerio de la ley, pues no hubo votos en la Asamblea para archivarla o para aprobarla.
La segunda parte de la megaley también regresó al Legislativo, bajo la forma de un proyecto de ley de inversiones, pero fue archivada. La reforma laboral no ha sido enviada de nuevo.
Ahora, lo que está sobre el tablero es la propuesta del presidente de la Asamblea de sentarse en una mesa de diálogo mixta, para alcanzar acuerdos mínimos.
El 29 de julio, el Gobierno mostró apertura para establecer una agenda legislativa enfocada en cuatro prioridades: generación de empleo, promoción de inversiones, seguridad ciudadana y una "correcta relación" entre ambas funciones del Estado.
Pero el plazo para establecer la hoja de ruta de dicha comisión pasó de largo. Dos días después de que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, revelara que los temas para el plebiscito habían sido definidos, Saquicela insistió, el 18 de agosto, en la necesidad de alcanzar consensos.
Las derrotas del Ejecutivo
Desde la integración de la Asamblea Nacional, el oficialismo ha tenido más momentos de bloqueo que de acuerdos. Aunque inicialmente tuvo una mayoría aliada, solo ha podido pasar una ley que ahora podría ser derogada por la propia Asamblea.
La llamada 'nueva mayoría', integrada por UNES (correísmo), el Partido Social Cristiano (PSC), los rebeldes de Pachakutik y la Izquierda Democrática, impulsa y promueve la derogatoria de la reforma tributaria.
Y juntas, estas fuerzas políticas suman más de los 70 votos necesarios en la Asamblea para derogar la reforma tributaria de Lasso.
Otro ejemplo del poder de la nueva mayoría es lo que ocurrió con el proyecto de libertad de expresión, que no obtuvo votos suficientes y fue vencido por la propuesta de Pachakutik y del correísmo, que aprobaron sus reformas a la Ley de Comunicación.
Y, aunque se esperaba un veto total del Ejecutivo, como sucedió con la derogatoria de la Ley Humanitaria, las reformas a la Ley de la Contraloría y a la Ley de Educación Intercultural, el escenario esta vez cambió.
El Ejecutivo no puede darse el lujo de que sus proyectos sigan siendo archivados o descartados, como sucedió con la 'megaley'. O que queden en el olvido, como las reformas de educación superior y de seguridad.
Por ello, a esta predisposición mostrada hacia el diálogo político, se suma el hecho de que el Gobierno esté recogiendo propuestas para remitir un veto parcial a las reformas a la Ley de Comunicación y no impedir su debate y aprobación.
Por lo que parecería que el Ejecutivo está abierto una vez más a recomponer su relación con el Legislativo, o a reparar los puentes que se han quemado durante los primeros 16 meses de su gestión.
Y el Legislativo, que enfrenta una altísima desaprobación ciudadana, también muestra señales de querer destrabar la aprobación de leyes, obstruida de parte y parte.
Según el último sondeo de Click Report, el 91,38% de los encuestados califica la gestión de la Asamblea como mala.
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