En medio de acusaciones, las mesas de diálogo buscarán resultados

Una gasolinera en Manta, en diciembre de 2021. API.

Las organizaciones indígenas y campesinas reclamaban la reducción y congelamiento del precio de los combustibles. Pedían congelar el Diésel en USD 1,50 y las gasolinas Extra y Ecopaís en USD 2,10, con la derogatoria de los decretos 1158, 1183, 1054.

El Gobierno accedió a una reducción de USD 0,15 y mantener el congelamiento, decretado el 30 de junio.

Además, exigen que se dé paso a la focalización del subsidio para agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros sectores populares. Esto será tratado por la mesa encabezada por el nuevo ministro de Transportes, Darío Herrera.

Este tema es el más álgido en la agenda de diálogos, ya que el presidente Lasso y su equipo han venido trabajando en esa posibilidad desde su inicio de gestión, pero sin éxito. En más de un año, el Ejecutivo no ha encontrado un mecanismo eficiente para la focalización.

Esta mesa será, según el ministerio de Gobierno, la primera que se instalará.

El segundo punto de la lista de peticiones era el "alivio económico para más de 4 millones de familias", con la moratoria de mínimo un año y la renegociación de deudas, con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.

El Ejecutivo tomó una medida al respecto: condonar las deudas vencidas menores de USD 3.000 en BanEcuador. Así como también ordenó la entrega de créditos agrícolas de hasta USD 5.000 al 1% de interés y a 30 años de plazo.

Sin embargo, las tres organizaciones buscaban este objetivo no solo en la banca pública, sino también en la privada y en la de economía popular y solidaria. Y, desde la Fenocin, no solo se pidió la moratoria, sino la condonación de deudas de hasta USD 10.000.

Además, está la petición de impedir los embargos de bienes, como casas, terrenos y vehículos, por falta de pago.

Los detalles por discutir en este tema serán dirigidos por el nuevo ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, en la mesa número dos.

Dos personas cosechan papas en la comunidad Santa Isabel, en la provincia de Chimborazo, el 13 de julio de 2021.  Iniap/Twitter

Otro objetivo del paro nacional era obtener precios justos para los productos del campo, como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. Así también la eliminación del cobro de regalías en las flores. El fin era aliviar y fortalecer la economía rural.

Si bien el Mandatario tomó medidas económicas "compensatorias ante el incremento del costo de la vida", este punto no ha sido tratado.

Las medidas deberán ser desarrolladas por el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien es el tercero en ocupar la cartera de Estado debido a la conflictividad de la materia.

Los manifestantes solicitaron políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.

Aunque esa fue una de las grandes ofertas de campaña, el Gobierno no ha presentado aún su anunciada reforma laboral, después de que fuera archivada al formar parte de la 'megaley'. Y la propuesta ejecutiva sigue sin sumar apoyos en el Legislativo, donde la tacharon de regresiva.

La mesa número cuatro estará encabezada por el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, quien ocupa el cargo desde mayo de 2021.

Este punto también incluye la exigencia de cumplir con el pago de las deudas al IESS. Sin embargo, no ha sido mencionado todavía entre los detalles a discutir.

Imagen referencial de la Amazonía ecuatoriana. Página del Ministerio de Agricultura y Ganadería

El quinto pedido implicaba detener la ampliación de la frontera extractiva, minera y petrolera, y realizar una auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales, para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

Esto implicaba la derogatoria de los decretos 95 y 151.

El 29 de junio, el presidente Lasso firmó la derogatoria del primer decreto, que trazaba una serie de acciones para abrir el sector petrolero a la inversión privada, con el objetivo de duplicar la producción petrolera.

Eso no pasó con el decreto 151, sobre la política minera. Pero el Mandatario si expidió un nuevo documento donde renunciaba a su facultad de solicitar la actividad extractiva "en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas de conformidad con la ley".

También ordenó al “al ministerio del ramo no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables” y Ambiente presente un instructivo de consulta prelegislativa para el Ejecutivo, así como la elaboración de un proyecto de ley sobre consulta previa y reformas a los reglamentos relativos.

Esta mesa estará dirigida por el ministro de Energía, Xavier Vera.

Las organizaciones sociales pidieron se respete y fortalezca la educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, la organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

Son áreas transversales, que requerirán de la coordinación con varias carteras de Estado, pero esta mesa estará liderada por la ministra de Educación, María Brown.

De momento, dicho Ministerio ya emitió las directrices para duplicar el presupuesto de la educación intercultural bilingüe, con un total de USD 4,5 millones.

Imagen de archivo de la fachada de una oficina del Banco del Pacífico.  Banco del Pacífico, Facebook

Una de las consignas que más se repitió durante las manifestaciones fue la de evitar la "privatización" de los sectores estratégicos. Entre ellos la lista mencionaba al Banco del Pacífico, las hidroeléctricas, el IESS, la CNT, las carreteras, el sistema de salud, entre otros.

El presidente Lasso y sus ministros han repetido constantemente que no van a privatizar ninguna entidad pública, pero sí se habla de concesiones. Además, la anunciada venta del Banco del Pacífico no se ha detenido.

La petición de establecer políticas de control de precios y la especulación en el mercado, para los productos de primera necesidad, fue escuchada el 15 de junio. Con el decreto 452 se ordenaron mayores operativos de control.

Sin embargo, los detalles y seguimiento de la medida se tratarán en la mesa número ocho, a cargo del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien coordina las tareas de los intendentes en las provincias.

Medicamentos en la farmacia del Hospital Liborio Panchana, en Santa Elena.  @Salud_CZ5

El noveno punto exigía entregar el presupuesto "urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal". Y garantizar el acceso de la juventud a la educación superior, así como el mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.

El primer tema fue atendido de cierta manera con la declaratoria de la emergencia en el sistema de salud, para facilitar e incrementar el desembolso de recursos. De todas formas, este punto será trabajado también en la mesa número nueve, a cargo del nuevo ministro de Salud, José Ruales.

Mientras que el tema de la educación superior será tratado con la nueva titular de la Senescyt, Andrea Montalvo.

El último punto del documento de las demandas sociales pedía seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, el sicariato, la delincuencia, el narcotráfico, el secuestro y el crimen organizado.

En esta mesa participará el cuestionado ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ha sido duramente criticado por el control de las movilizaciones de parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Además, es el funcionario que más ha criticado también a las organizaciones indígenas y sus supuestas vinculaciones con grupos armados irregulares y con el narcotráfico.