Delincuencia organizada, concusión, testaferrismo y enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que se investigan alrededor de la Prefectura de Jorge Guamán. Él se defenderá en libertad, los demás procesados seguirán detenidos.
Nota actualizada a las 07:48 del 29 de julio de 2022 con el resultado de la audiencia de formulación de cargos.
Las primeras horas del 28 de julio de 2022 fueron intensas en Cotopaxi. La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron más de 30 allanamientos y nueve detenciones como parte del operativo Depuración I.
A la cabeza de los apresados aparece Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi.
Guamán está en el cargo desde 2014. En ambas elecciones llegó a la dignidad bajo la bandera política de Pachakutik (PK), representante político de los indígenas. Primero en alianza con el Movimiento Popular Democrático (MPD) y, luego, con Unidad Popular (UP).
Según la información que maneja la Policía, desde 2014 opera una "estructura delictiva conformada por altos funcionarios públicos, familiares, empresarios y amigos". Esa estructura estaría liderada por Guamán y por Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, también de las filas de PK.
Cárdenas no fue detenido. Pero, la Fiscalía allanó las instalaciones de la Alcaldía. El funcionario dijo que ha prestado toda la colaboración a los agentes, entregando documentación requerida, sobre todo, referente a las contrataciones.
Las primeras investigaciones apuntan a varios posibles delitos como:
- Delincuencia organizada
- Concusión
- Testaferrismo
- Enriquecimiento ilícito
- Enriquecimiento privado no justificado
- Tráfico de influencias.
El modo de operar de esta supuesta estructura delictiva incluiría el direccionamiento en la adjudicación de contratos y el cobro de dinero a cambio de cargos públicos, utilizando a terceras personas para ocultar los incrementos patrimoniales.
Momento de la detención del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, la madrugada del 28 de julio de 2022. Fiscalía
Familiares y amigos
La información policial a la que PRIMICIAS tuvo acceso detalla que la supuesta estructura delincuencial estaría conformada, principalmente, por familiares y amigos cercanos al prefecto Guamán.
Sus primeras operaciones habrían empezado en la primera campaña electoral del político indígena, en 2014.
En ese proceso, Guamán habría recibido logística y recursos económicos por parte personas que, posteriormente, llegaron a ocupar altos cargos en el Gobierno Provincial.
Por ejemplo, se menciona a Pablo A., quien era chofer de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) y llegó a ser director Administrativo de la Prefectura.
Pablo V., en cambio, era docente de la UTC y posteriormente fue nombrado como director de Compras Públicas del GAD de Cotopaxi.
Del lado familiar de Guamán resaltan dos nombres. Primero, el de su esposa. Ella habría sido la encargada del cobro de dinero por cargos en la Prefectura, así como de la renovación de esos contratos.
Con el dinero recaudado, dice la información del caso, se compraban bienes que eran puestos a nombre de terceras personas.
También se menciona a la hija de Jorge Guamán, quien habría estado a cargo de las coordinaciones con empresas privadas para la adjudicación de contratos. A cambio, "recibía grandes cantidades de dinero, que también terminaban en bienes a nombre de testaferros", según la versión oficial.
Imágenes de los sitios allanados durante el operativo Depuración I, la madrugada del 28 de julio de 2022. Policía Nacional
Los detenidos y sus roles
Hasta el momento, hay nueve detenidos. Las autoridades ya han rastreado y establecido, preliminarmente, cuál era el rol de cada uno en la supuesta estructura delincuencial.
- Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi
Su rol en la presunta organización era directivo. Colocó a sus colaboradores en puestos estratégicos de la Prefectura. Supuestamente, exigía cobros de porcentajes a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública y por puestos de trabajo.
- Pablo V. B., director de Compras Públicas de la Prefectura de Cotopaxi
Sería la mano derecha de Guamán. Estaba a cargo de gestionar la "adjudicación ilegal de obras públicas, también se encargaba del manejo de dinero proveniente del pago de sobornos por parte de la empresa privada".
- Santiago S. C., contratista
Es un empresario que habría sido beneficiado con contratos de la Prefectura a cambio del pago de sobornos. También sería el intermediario entre Guamán y Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga.
- Pablo A. R., director administrativo de la Prefectura de Cotopaxi
Estaba a cargo de las autorizaciones presupuestarias para las contrataciones de obras y contrataciones de servidores públicos del GAD de Cotopaxi
- Margot T. H., exdirectora administrativa de la Prefectura de Cotopaxi
Estuvo en el cargo entre 2014 y 2018. Habría estado a cargo del cobro de supuestos diezmos a los funcionarios de la Prefectura.
- José N. C., jefe de la Unidad de Producción, Comercialización y Turismo de la Prefectura de Cotopaxi
Se lo señala como supuesto facilitador en la entrega de sobornos por parte de los empresarios. Es decir, prestaba su nombre para el intercambio de propiedades de bienes inmuebles entre los miembros de la organización.
- César C. C., contratista
Sería el hombre de confianza de Santiago S. C., otro empresario involucrado en el caso. Está siendo investigado por una supuesta relación en el pago de sobornos en las entidades involucradas.
- Diego S. C.
Es hermano de de Santiago S. C. Su rol o función principal dentro de la organización
delictiva sería realizar la supervisión de los contratos.
- Jorge H. S., contratista
Es un extranjero y habría prestado su nombre en el portal de compras públicas para la adjudicación de contratos de forma ilícita.
En la audiencia de formulación de cargos de los nueve detenidos, realizada en las primeras horas del viernes 29 de julio, la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para el prefecto Jorge Guamán, informó la Fiscalía.
Para los demás procesados por delincuencia organizada, la jueza dispuso prisión preventiva. Además, ordenó la retención de cuentas hasta por USD 2 millones y la prohibición de enajenar bienes.
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