El pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso será por la segunda causal constitucional, por delitos contra la administración pública. Se presentó el respaldo de correístas, socialcristianos, parte de la ID y Pachakutik.
La asambleísta correísta Viviana Veloz entregó oficialmente, el jueves 16 de marzo de 2023, el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que podría llevar a su destitución del cargo.
La causal escogida por los legisladores fue la segunda prevista en la Constitución. Es decir, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, mejor conocidos como delitos contra la administración pública.
"Establecemos responsabilidades políticas, y hemos presentado este juicio político, porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del Presidente se adecúa a lo que dispone el 129, numeral 2 (de la Constitución)"
Viviana Veloz, asambleísta de UNES
Veloz aseguró que es un "día histórico" porque se inicia el proceso de fiscalización contra un Presidente que ha "protegido los vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas".
El pedido de juicio político se presentó con 59 firmas de respaldo, aunque sólo se necesitaban 46. Las firmas de respaldo provienen del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik.
Por ello, Veloz se mostró optimista y aseguró que hay los 92 votos para que, si el juicio político supera el filtro de la Corte Constitucional, haya una destitución del presidente Lasso.
Los interpelantes serán cuatro legisladores:
- Viviana Veloz, de UNES.
- Pedro Zapata, del PSC.
- Mireya Pazmiño, expulsada de Pachakutik.
- Rodrigo Fajardo, de una facción de la Izquierda Democrática.
"Hoy es un día histórico para el Ecuador", dice la asambleísta correísta Viviana Veloz, tras entregar oficialmente el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. https://t.co/Ikohko33qy
— Primicias (@Primicias) March 16, 2023
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Las acusaciones contra Lasso
El pedido de juicio político tiene 55 páginas. En lo que refiere a la acusación, la solicitud señala que "el presidente Guillermo Lasso fue partícipe de una estructura de corrupción para la obtención de beneficios propios y para terceros".
El documento enumera 13 "hechos" que sustentan la acusación de delitos contra la administración pública. Entre ellos, se incluye que el Mandatario nombró como gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) a Hernán Luque, quien está investigado por corrupción.
"¿Hasta qué punto un Presidente de la República que fue advertido por funcionarios y medios de comunicación puede omitir su deber de control y resguardo de los bienes públicos?"
Solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso
La solicitud concluye que el Presidente tiene "responsabilidad política" por los delitos de concusión y peculado "en los términos propios de un juicio político(...), por lo que se debe proceder con su censura y posterior destitución".
El trámite del juicio político a Lasso
Según la Ley de la Función Legislativa, la solicitud debe incluir la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Presidente y anunciar las pruebas que se adjuntarán.
Una vez presentada, en máximo tres días, el presidente de la Asamblea debe poner la solicitud en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para la verificación de los requisitos. Esta instancia se reunirá mañana 17 de marzo de 2023, a las 19:45.
Este organismo, a su vez, deberá remitir la solicitud a la Corte Constitucional, para que emita el dictamen previo de admisibilidad. Esta tiene seis días para resolver.
El trámite del juicio político, de acuerdo con los plazos determinados en la ley, dura más de un mes.
Un "lapsus calami"
Los asambleístas que propusieron el juicio político ingresaron a la Secretaría de la Asamblea, a las 23:57 del mismo 16 de marzo, un "alcance" al pedido de juicio político. Esto se dio después de que en redes sociales apuntaran que la solicitud estaba citando erróneamente el artículo 131 de la Constitución, que habla de los juicios políticos a funcionarios públicos, pero no al Presidente.
Según este alcance, presentado por Veloz, Zapata, Fajardo y Pazmiño, hubo un "lapsus calami". Por ello piden que se reemplace el artículo 131 por el 129 de la Constitución, donde sí se habla del juicio político y sus causales.
Nota original publicada a las 12:00 del 16 de marzo de 2023, actualizada a las 18:00 con la presentación de la solicitud, y a las 09:10 del 17 de marzo con las correcciones en el documento.
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