Entre 2014 y 2025, los homicidios en Ecuador se multiplicaron por siete, convirtiendo al país en uno de los más violentos de la región. Mientras el debate político se concentra en militarización y mano dura, un documento elaborado por organizaciones de la sociedad civil plantea una pregunta incómoda: ¿y si la verdadera seguridad no se construye con más represión, sino con inversión social que atienda las causas estructurales de la violencia?
Con más de 6,2 millones de socios a septiembre de 2025, el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) se consolida como el principal motor de inclusión financiera del país. Detrás de estas cifras existe un perfil diverso pero característico: adultos jóvenes con educación secundaria, trabajadores independientes y empleados privados que encuentran en las cooperativas una alternativa cercana y accesible al sistema bancario tradicional.
El gasto público puede ser una herramienta importante para dinamizar la economía, pero su impacto depende de cómo se distribuye y ejecuta. La evidencia internacional y la experiencia ecuatoriana demuestran que no todo gasto gubernamental genera los mismos resultados: mientras la inversión en infraestructura, educación y salud impulsa el crecimiento a largo plazo, el gasto corriente excesivo puede limitarlo.
El sector agroalimentario ecuatoriano constituye un pilar estratégico de la economía nacional, aportando el 15,4% del PIB y generando empleo para millones de familias. El Atlas Agroeconómico 2024 revela que el país mantiene su liderazgo mundial en productos como banano, camarón y cacao, con una cadena productiva que integra agricultura, agroindustria y exportación de manera cada vez más tecnificada y sostenible.
La capital ecuatoriana concentra el 35% de las ventas nacionales y lidera la transformación urbana con proyectos como el Metro, mientras celebra sus 491 años de fundación española con una población de 2,68 millones de habitantes y un tejido empresarial cada vez más diversificado.
La desigualdad estructural en Ecuador limita severamente las posibilidades de que los ciudadanos mejoren su situación económica respecto a la de sus padres, perpetuando un ciclo intergeneracional de pobreza.
Entre 2014 y noviembre de 2025, 855 mujeres han sido víctimas de femicidio en Ecuador, dejando 638 niñas y niños sin sus madres. Esta violencia sistemática no solo cobra vidas, sino que representa costos económicos y sociales devastadores para el país.
Durante décadas, el FMI ha desembolsado miles de millones de dólares a países en desarrollo con la promesa de estabilizar sus economías y reducir la pobreza. Su incidencia está en debate.
Seis de cada diez ecuatorianos que trabajan ganan igual o menos que el salario mínimo. Esta cifra, que revela que el 61,27% de la población económicamente activa del país está en o por debajo del umbral legal de USD 470, ubica a Ecuador entre las naciones con mayor proporción de trabajadores vulnerables de Latinoamérica.
Un estudio muestra una correlación negativa significativa entre los niveles de criminalidad y los ingresos laborales, fenómeno que se agudiza en contextos de alta informalidad.
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