Municipio de Guayaquil advierte con batalla legal tras suspensión de obra en Los Ceibos

El Municipio de Guayaquil rechazó categóricamente la decisión de la Prefectura del Guayas de iniciar un proceso administrativo sancionador y suspender provisionalmente la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero, en el sector de Los Ceibos. La medida se notificó este lunes a través de un documento oficial de la Dirección de Gestión Ambiental.

A través de su cuenta de la red social X, el alcalde de la ciudad, Aquiles Alvarez, catalogó de "decisión política" antes que técnica la adoptada por el despacho de Marcela Aguiñaga, prefecta y dirigente de la Revolución Ciudadana, que auspició su candidatura para llegar a la Alcaldía porteña.

"Hoy, la prefecta, quien ya había otorgado derechos al municipio para hacer la obra, hoy ha violado la Constitución y ha incurrido en una falta administrativa. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que, al parecer, no importa. Toda decisión política, debe tener sustento legal", remarcó.

Asimismo, durante una rueda de prensa, el abogado David Norero, coordinador legal del municipio guayaquileño, calificó la suspensión como un “hecho preocupante” y denunció que la resolución carece de motivación jurídica y técnica.

“No es posible que con una resolución inmotivada, sin pericia, sin pruebas de laboratorio y sin enunciados jurídicos, se suspenda esta obra de los guayaquileños”.

David Norero, coordinador legal Municipio de Guayaquil.

Municipio defiende validez del registro ambiental

Norero recordó que el proyecto ya contaba con un registro ambiental emitido por la misma Prefectura del Guayas, lo que, según explicó, constituye un acto administrativo que otorga derechos al municipio, como la contratación de la obra.

El funcionario comparó esta situación con otras obras viales ejecutadas anteriormente:

“Cuando hicimos los puentes en la avenida de las Américas y en la Juan Tanca Marengo se usaron certificados ambientales. Ahora que tenemos un Registro Ambiental, que es superior, nos exigen una licencia. Es contradictorio”, aseguró el jurista.

“Una decisión política, no jurídica”

El abogado municipal cuestionó además la actuación de la prefecta Marcela Aguiñaga, y sostuvo que la resolución de suspensión responde a intereses políticos y no a criterios ambientales.

Norero también recordó que el artículo 76 de la Constitución establece que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado, y que el municipio, al haber recibido el Registro Ambiental, adquirió derechos legales que ahora se ven afectados con esta decisión.

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“Por estas razones —dijo— se ha violado el artículo 76 de la Constitución, que exige una motivación clara y técnica para cualquier resolución administrativa”.

Asimismo, enfatizó que, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, los funcionarios públicos pueden ser responsables civil, penal y administrativamente si sus decisiones causan perjuicio al Estado. Según dijo, si el contratista decide demandar por la paralización, podrían activarse mecanismos de control como la Contraloría.

“Esta es una decisión política. La Prefectura pudo haber rechazado el pedido del Ministerio del Ambiente (de suspender la obra) si no había sustento”, afirmó.

El municipio defendió que la obra ya se encuentra en ejecución, con calles intervenidas, contrato adjudicado y anticipo entregado. Por ello, criticó que la Prefectura haya emitido la suspensión cuando ya existen obligaciones legales y económicas en marcha.

“¿Cómo ahora pueden decir que van a revisar el permiso cuando ya emitieron el Registro Ambiental? Eso debió hacerse antes. Hoy hay una obra contratada y derechos adquiridos”.

David Norero, coordinador legal Municipio de Guayaquil.

Sin afectación al bosque seco, según el Municipio

Consultado sobre la cercanía del proyecto con el ecosistema de bosque seco en Los Ceibos, Norero negó que exista afectación directa. Aseguró que la intervención se realiza sobre áreas urbanizadas, y que incluso los representantes ciudadanos del sector apoyan la ejecución del paso elevado.

“Se está construyendo sobre cemento. No se están afectando bosques ni ríos. Además, el comité de Los Ceibos no ha sido escuchado y ellos están a favor del proyecto”, sostuvo.

Municipio responderá al proceso y evalúa acciones legales

Norero confirmó que el Municipio cumplirá con los plazos legales: 10 días para responder al proceso y 10 días más para presentar descargos. Sin embargo, advirtió que se analiza presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo y otras instancias para impugnar la medida.

“Esperamos que no sea simplemente una farsa. Vamos a responder con argumentos jurídicos y técnicos, y exigiremos que se respeten todas las causales procesales”.