“Es un arma de doble filo” | Barrios de Guayaquil incumplen la ordenanza de enrejados por miedo a extorsiones
Vecinos admiten que cierran rejas y portones todo el día para evitar el ingreso de delincuentes, pese a que la normativa lo prohíbe por afectar el libre tránsito. Solo el 11% de rejas barriales han sido regularizadas en Guayaquil desde 2024 y más de 1.000 de estos elementos esperan por el trámite.
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A las 06:00, cuando la ordenanza municipal obliga a abrir los portones barriales que cercan calles de Guayaquil, las rejas siguen cerradas y a menudo no se abren en todo el día, aunque afectar el libre tránsito constituye una infracción grave. El Municipio de Guayaquil aún no aplica las sanciones previstas pero fijó una fecha tope para la regularización de los enrejados, hasta mediados de año.
Extorsiones, amenazas, ataques con explosivos y secuestros extorsivos han llevado a extremar el uso de estos elementos de seguridad.
La ordenanza municipal, vigente desde el 19 de enero de 2024, establece que los portones deben mantenerse abiertos entre las 06:00 y las 20:00, de lunes a domingo. Sin embargo, en sectores del norte y sur de la ciudad, los cerramientos permanecen con candados las 24 horas como medida de autoprotección, según comprobó un equipo de PRIMICIAS en un recorrido.
“Viene siendo un arma de doble filo”, resume Eliza (nombre protegido), vecina del sector Las Orquídeas, al norte de Guayaquil. “Por un lado, supuestamente estamos en casa protegidos, pero uno no puede caminar libremente. Todo está cerrado y hasta para ir a la farmacia uno termina desviándose por sectores en los que te expones a robos”, relata.
Extorsión, cierres y desplazamiento del riesgo
Según los testimonios recogidos en el barrio, la decisión de mantener los portones cerrados responde a la presunta presión de las extorsiones. Comerciantes del sector han sido obligados a pagar “vacunas”, mientras otros han cerrado definitivamente sus negocios tras amenazas o secuestros.
“El portón debía estar abierto en el día, pero por las extorsiones se cerró todo el tiempo para evitar que entren los vacunadores”, explica la vecina. En su sector, asegura, se han registrado balaceras contra talleres, el cierre forzado de negocios y el secuestro de un comerciante a plena luz del día.
La situación, advierten los vecinos, no elimina el delito, sino que lo desplaza. “Estamos cerrados, pero alrededor siguen extorsionando. Y afuera quedan más expuestos”, señala la mujer, que reclama operativos policiales y presencias de patrullas militares.
Guayaquil registró más de 4.000 denuncias por extorsión y casi 700 casos de secuestro extorsivo en 2025, según datos de la Fiscalía. La ciudad concentra el 28% de las denuncias a escala nacional.
Regularización lenta y miles de trámites pendientes
Las cifras municipales confirman que el cumplimiento de la ordenanza avanza lentamente. El proceso debía tomar en principio solo seis meses, pero se ha extendido por casi dos años. De acuerdo con datos oficiales del Municipio de Guayaquil, hasta enero de 2026 se han registrado 1.220 solicitudes de regularización de rejas. De ese total, solo 139 han sido aprobadas, lo que representa el 11,39% y más de 1.000 trámites continúan en proceso, sin obtener permiso municipal.
El plazo para regularizar los elementos de seguridad se mantiene vigente hasta el 31 de julio de 2026. El alcalde Aquiles Alvarez señaló que una de las principales trabas es la falta de consenso vecinal. “La ordenanza exige por lo menos el 70% de aceptación de la cuadra. Hay vecinos que no quieren rejas y hemos tenido denuncias”, explicó en su enlace radial de este 14 de enero de 2026.
La municipalidad prevé iniciar una campaña con la Empresa Municipal de Seguridad Segura EP, con personal de vinculación con la comunidad y vía pública, para alcanzar acuerdos barriales, mientras se brinda acompañamiento en el trámite. Desde octubre de 2025, el trámite sobre "Elementos de Seguridad" se realiza completamente a través de la página web de la Alcaldía de Guayaquil.
El costo urbano de una ciudad enrejada
Para el arquitecto Ricardo Pozo, coordinador del Observatorio Urbano y Territorial de la Universidad Católica de Guayaquil, el fenómeno de los cerramientos responde a una “emergencia real” pero tiene consecuencias estructurales para la ciudad.
“Se comprende la reacción de los barrios ante las altas tasas de homicidios y la narcoguerra que vivimos, pero el problema es que seguimos fragmentando la ciudad espacialmente, creando divisiones o barreras que alteran la movilidad cercana”, advierte el arquitecto.
El cierre permanente de calles altera los recorridos cotidianos, afecta la movilidad peatonal y ciclista, además de privatizar espacios públicos como parques, calles secundarias y de concentrar el tráfico en avenidas principales. “Servicios que antes atendían a miles de personas ahora quedan restringidos a quienes viven dentro del cerramiento”, explica.
“Las rejas aumentan la percepción de seguridad, pero tampoco te garantiza estar 100% seguro. El problema no se resuelve solo con armas y camionetas, sino con programas sociales y organización barrial.”
Ricardo Pozo, Observatorio Urbano y Territorial.
El riesgo es que los cerramientos se conviertan en una solución permanente a un problema que sigue sin atacarse de forma estructural, dice. Pozo plantea que es necesario comenzar a explorar modelos alternativos como los aplicados en ciudades como Medellín (Colombia), pues echa en falta estrategia que incluya programas sociales y recuperación territorial de los barrios.
Organización comunitaria como alternativa
Desde los Consejos Barriales del Guayas, la presidenta Johanna Torres sostiene que la seguridad comunitaria no puede desligarse del respeto a la normativa y que se requiere de articulación barrial o, en lo posible, de la contratación de guardias comunitarios para atender los portones.
En Samanes 1, que Torres preside, una de las ciudadelas del norte que cuenta con permisos vigentes para ocho cerramientos, el modelo de organización vecinal comenzó a implementarse desde 2022 e incluyó la contratación de guardias comunitarios para el control de los ingresos.
En la ciudadela se ubica el bosque El Samán, área de conservación, que a pesar de las rejas puede ser visitado por personas externas. Las canchas también las utilizan vecinos de sectores aledaños, dice Torres, gracias a la articulación de la guardianía. “No solo es poner unas rejas y que vea cada quien como pasa. Esto es un trabajo en equipo: de coordinar, colaborar y apoyarnos entre comunidades”.
“No podemos poner un candado y olvidarnos de que existen más personas (...) El problema es cuando uno cierra los de afuera quedan más expuestos”.
Johanna Torres, presidenta de la ciudadela Samanes 1.
Torres señala que la ordenanza debe ajustar horarios de libre tránsito y reconoce que uno de los principales obstáculos para la regularización de rejas en los barrios es la falta de pago de impuestos prediales, requisito indispensable para obtener los permisos municipales.
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