El manual de las Big Tech para frenar las leyes de compensación a medios

Durante la última década, mientras los medios de comunicación luchaban por ganar dinero en un mercado digital cambiante, gobiernos de todo el mundo han aprobado leyes para exigir que las grandes tecnológicas compensen a los medios por su contenido.

En cualquier país que intentara legislar la relación entre noticias y plataformas digitales, solía aparecer Richard Gingras, exvicepresidente de noticias de Google, argumentando que Alphabet es un adalid de la web libre y no el monolito aterrador que describen sus críticos.

Su presencia en países de todo el planeta revela hasta qué punto llega la influencia de Google. Ha negociado con legisladores australianos, testificó en comités parlamentarios en Canadá y estuvo codo a codo con periodistas en la ‘desconferencia’ organizada por Google en Sao Paulo, a la que solo se podía entrar con invitación.

Aunque los gobiernos de diferentes países se han aproximado a estas leyes de formas distintas, Gingras y otros profesionales de asuntos públicos de Google que trabajan en docenas de países han luchado contra las leyes de negociación con los medios de forma muy similar.

“Yo no lo llamaría un manual, eso es demasiado estructurado”, dijo Gingras sobre los esfuerzos de lobby de la compañía, en una entrevista con reporteros de esta alianza periodística. Pero “no somos del todo estúpidos”, añadió.

“Si te pegan con una tabla las veces suficientes, quizás aprendas a agacharte”, sostuvo. 

Meta también lanzó su propia campaña contra la legislación en múltiples países.

Una investigación colaborativa encontró que las batallas de políticas públicas de Google y Meta para parar o demorar las leyes de negociación con los medios y proteger sus ganancias han sido vigorosas, sostenidas y, en muchos países, exitosas. Las pelearon cultivando relaciones con medios, organizando eventos que eran casi fiestas, cerrando acuerdos privados con dueños de medios de comunicación, volcando a la opinión pública contra la prensa y apoyándose en el poder del gobierno de Estados Unidos.

La investigación forma parte del proyecto La mano invisible de las Big Tech, una coalición de 17 medios en 13 países, liderada por Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que investiga el lobby de las grandes tecnológicas en el mundo.

Google envió una declaración oficial en respuesta a preguntas sobre sus estrategias de lobby: “Como muchas compañías, interactuamos regularmente con constructores de políticas públicas en un amplio rango de asuntos, incluyendo la forma en las que las políticas públicas pueden afectar a quienes usan nuestros productos. Reportamos de manera transparente nuestras interacciones con funcionarios, de acuerdo con las regulaciones locales”.

En su propia declaración, Meta dijo: “Al igual que muchas empresas en distintas industrias y geografías, interactuamos con funcionarios, grupos comerciales y organizaciones para compartir información sobre nuestros productos y servicios y poder contribuir en discusiones que puedan impactar a Meta o las experiencias de los usuarios en nuestras plataformas. Continuaremos colaborando con estos grupos y promoviendo el debate público, siempre con el objetivo de establecer el mejor marco posible para toda la internet”.

Sintiendo la presión

La maquinaria de política pública de Google enfrentó su primer desafío importante en la década de 2010. Entonces, la Unión Europea promulgó una directiva que permitía a los Estados miembros aprobar leyes de derechos de autor que obligaran a agregadores dominantes de noticias, como Google y Meta, a compensar a los medios por el contenido informativo en sus plataformas.

La UE sostiene que las normas fortalecen “la capacidad de negociar de los editores de prensa cuando negocian el uso de su contenido por parte de servicios en línea”, y que su objetivo es “promover el mejor entorno posible para desarrollar modelos de negocio innovadores”.

España fue uno de los primeros países en pasar leyes de derechos de autor que abordaran la relación entre medios de noticias y plataformas como Google. En respuesta, Google excluyó a la prensa española de la pestaña de noticias de su buscador. “Con gran tristeza, el 16 de diciembre (antes de que la nueva ley entre en vigor en enero) retiraremos a los medios españoles de Google News y cerraremos Google News en España”, escribió Gingras en una entrada de blog, apuntando ya a una estrategia que la compañía y Meta usarían en futuras negociaciones.

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La ley francesa de 2019 fue un nuevo golpe, pues obligaba a Google a pagar para mostrar “snippets” —sumarios con fotos de artículos de noticias— en los resultados de búsqueda. Para evitar pagar, Google eliminó los fragmentos de titulares e imágenes y dejó únicamente los titulares en los resultados de búsqueda.

Pero las compuertas se abrieron con la aprobación del Código de Negociación de Medios de Noticias (NMBC, por sus siglas en inglés, News Media Bargaining Code) de Australia en febrero de 2021. El código permite obligar a las plataformas tecnológicas y a los editores de noticias a negociar. Aunque ese poder nunca se ha utilizado, la amenaza fue suficiente para presionar a Google y Meta a firmar acuerdos con las empresas de medios de comunicación para utilizar sus contenidos.

Algunos grandes medios de comunicación impulsaron el código con ahínco, mientras Google, Meta y sus partidarios lo criticaban con fuerza.

Nick Clegg, entonces jefe de asuntos públicos de Meta, calificó el código como “la solicitud encubierta de un subsidio, basada en distorsiones sobre cómo funciona internet”.

Mientras tanto, algunos legisladores australianos planteaban que era una herramienta necesaria para reequilibrar el mercado de publicidad en línea. Josh Frydenberg, ex Tesorero de Australia, dijo en un discurso sobre el proyecto que el código “abordaría los desequilibrios de poder de negociación que existen entre las plataformas digitales y las empresas de medios australianas”.

En el siglo pasado, la publicidad fue una de las principales fuentes de ingresos de la prensa, pero desde que los anuncios se trasladaron a internet, empresas como Google y Meta se han quedado con la mayor parte de los ingresos. El año pasado, el mercado mundial de publicidad en línea alcanzó el billón de dólares en ingresos por primera vez.

Google y Meta ha dominado por mucho tiempo el mercado de la publicidad digital. Según cifras de Check My Ads, Google se quedó con el 39 por ciento de las utilidades de toda la industria de la publicidad en el planeta en 2023, mientras que Meta obtuvo el 18 por ciento.

En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Google controlaba el 91 por ciento del mercado de sistemas de publicidad digital para medios de comunicación (publisher ad server market, el conjunto de tecnologías que les permiten a los medios digitales ofrecer, vender y mostrar avisos publicitarios). La empresa dice que, cuando se toma en cuenta el total de la industria de publicidad digital, la proporción que está en sus manos es más cercana al 10 por ciento.

Mientras tanto, los periódicos y medios periodísticos han visto desaparecer su modelo de negocio basado en los anuncios. Las redacciones menguantes, los salarios a la baja y las condiciones laborales precarias muestran que hay menos recursos para hacer un periodismo que busque que los poderosos rindan cuentas. La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que los medios de noticias de todo el mundo enfrentan en 2025 más presión económica que nunca antes.

“No podemos subrayar lo suficiente lo grave que se ha vuelto la situación para el periodismo comunitario”, dijo Chris Ashfield, presidente de la Saskatchewan Weekly Newspapers Association, un gremio de periódicos locales de esa provincia en el oeste de Canadá, ante legisladores canadienses en septiembre de 2022. “Los ingresos publicitarios han caído hasta el punto de que la mayoría de los periódicos comunitarios operan con una nómina esquelética”.

Durante la década de 2010, la fuerza laboral periodística en Australia se redujo casi un 19 por ciento. En Canadá, entre 2008 y abril de 2025, han cerrado 566 medios locales en 372 comunidades. En Brasil, 1.460 medios han cerrado desde el año 2000, según investigaciones de Atlas da Notícia.

Para abordar el problema, el regulador de competencia de Australia lanzó en 2018 una investigación sobre el dominio de mercado de Google y Meta. Eso ayudó a que el gobierno del país introdujera el proyecto del Código de Negociación de Medios de Noticias (NMBC, News Media Bargaining Code) a finales de 2020.

Ese código exigía a las compañías compensar a los editores por los “snippets” de noticias con foto y titular que aparecían en Facebook o en los resultados de Google y otros productos, fragmentos que —argumentaban los medios— daban a los usuarios suficiente información como para evitar visitar las webs de los medios.

Google y Meta no estaban de acuerdo. Argumentaron que los códigos “romperían el buscador de Google” y dijeron que sus plataformas en realidad ayudaban a los medios, pues hacían que los usuarios de Google visitaran sitios de noticias 24.000 millones de veces cada mes.

También convocaron a diversos críticos del proyecto, incluido el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, quien no estaba de acuerdo con la idea de que Google y Meta “robaran” contenido de los medios.

Decir que Google y Meta “robaron” dinero de publicidad de los medios de comunicación “simplemente es un mal análisis”, dijo Gingras en una entrevista par esta investigación. “Lo más importante es que el mercado de publicidad es dramáticamente diferente”.

En febrero de 2021 se aprobó el NMBC. Google y Meta podrían eludir el requisito de pagar las tarifas obligatorias negociando directamente con las plataformas, y eso es precisamente lo que hicieron con algunos medios.

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Justo después de su entrada en vigor, el NMBC pareció tener el efecto deseado. Un estudio del Australia Institute reportó que los anuncios de empleo para periodistas aumentaron un 46 por ciento y se crearon varios cientos de puestos, aunque el estudio señaló que era difícil calcular la contribución directa del código a este crecimiento de las plazas de empleo para periodistas, por el carácter secreto de los acuerdos.

Otros gobiernos empezaron a presentar su propia legislación. Brasil incluyó la compensación a medios en su proyecto de ley de ‘Fake News’, de 2021. Canadá realizó consultas en 2021 y presentó el proyecto que se convertiría en la Ley de Noticias en Línea en 2022. El Reglamento Presidencial de Indonesia sobre Derechos de los Editores se emitió en 2024. Incluso California, donde nació Google, presentó la Ley de Preservación del Periodismo de California (CJPA) en 2023, tras la radicación, ese mismo año, de un proyecto de ley federal de Competencia y Preservación del Periodismo.

El manual de Google

En medio de esa tormenta regulatoria, Google y Meta necesitaban responder a todas esas iniciativas. Y hacerlo rápido.

“Google es una empresa global”, dijo Madhav Chinnappa, exejecutivo de Google News en una entrevista con esta alianza periodística. “No le sirve tener 193 maneras distintas de relacionarse con la industria de las noticias”.

Aseguró que el conjunto de estrategias que la empresa utilizó para argumentar contra la legislación en cada país fue fruto de aprender y perfeccionar una forma de abordar la situación. “De hecho, lo que quieres es que exista un manual, porque te da mayor coherencia”.

Aunque las grandes corporaciones de noticias hicieron un lobby agresivo en busca de códigos de negociación o leyes de derechos de autor, sus campañas a menudo carecían de la financiación y el alcance global con que cuentan Google y Meta.

Cuando el estado natal de Google debatía con intensidad la CJPA, la compañía gastó 10,7 millones de dólares en lobby en California en un solo trimestre de 2024. Eso es casi 50 veces el gasto trimestral promedio de Google en el estado desde 2021.

La News Media Alliance, un gremio que representa a alrededor de 2.200 empresas periodísticas en Estados Unidos y apoyaba ampliamente la CJPA, también aumentó su gasto en lobby en California en el mismo trimestre, pero apenas desembolsó 70.000 dólares.

En Brasil, Google gastó casi 400.000 dólares en anuncios en Facebook y Spotify, en periódicos, radios y vallas publicitarias para criticar el Proyecto de Ley de Noticias Falsas, que incluía una disposición para que las Big Tech compensaran a los medios de comunicación.

Incluso, según lo afirmó una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ajustó sus algoritmos de búsqueda para direccionar a sus usuarios hacia contenidos negativos sobre esa propuesta de legislación —aunque Gingras niega que eso sea cierto. Cuando se acercaba el voto del proyecto de ley en el Congreso, las visitas de los representantes de las Big Tech aumentaron.

Entre marzo y junio de 2023 hubo más visitas de lobistas que en los 18 meses anteriores, según datos recopilados por Agência Pública, miembro de esta alianza periodística, para esta investigación.

Días antes de la votación, Henrique Mattos, entonces jefe de alianzas de noticias en América Latina, defendió en una entrada de blog la idea de un fondo privado establecido por Google, afirmando que podría “beneficiar a toda la industria y no solo a medios selectos o grupos específicos”, como haría la llamada “ley de las Fake News”.

Pero aquello fue solo otra táctica, dice Carla Egydio, lobista de la Asociación de Periodismo Digital (Ajor), el mayor grupo de medios en línea del país. “Nos dijeron: ‘miren, creemos que la solución de Australia no es muy buena. Pensemos en otro modelo, como el fondo en Taiwán, un fondo privado’. Esto nos lo dijeron en privado muchos ejecutivos y también de manera colectiva. Pero nunca mostraron un plan concreto”, afirmó. Para ella, el fondo fue en realidad una táctica para desviar el debate.

Canadá aprobó la Ley de Noticias en Línea en 2023 y la Directiva de Derechos de los Editores de Indonesia se implementó en febrero de 2024. Pero la “ley de las Fake News” brasileña murió; y tanto la CJPA de California como proyecto de ley federal de compensación periodística, presentado por la senadora demócrata Amy Klobuchar y el senador republicano John Kennedy, fueron abandonados después de la presión y ofertas de financiación de Google y Meta para financiar proyectos en las salas de redacción.

Grupos mediáticos como NewsCorp, en Australia, Grupo Globo, en Brasil, o Postmedia en Canadá, tienen grandes plataformas con las que pueden influenciar a los políticos y la opinión pública.

En Canadá, por ejemplo, los grandes periódicos representados por News Media Canada publicaron una página en blanco como portada en 2021, con el texto “imagina si las noticias no estuvieran aquí”, en un esfuerzo para animar a los legisladores para que obligaran a las Big Tech a pagar por contenidos noticiosos antes de que la ley de códigos de negociación fuera presentada oficialmente en el país. En Brasil, antes de la votación, TV Globo transmitió un panel prorregulación hecho en la Universidad de Río de Janeiro con varios ministros (magistrados) de la Suprema Corte, el Ministerio de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados.

Pero las tecnológicas también pueden ejercer presión a través de su control de los entornos digitales. La posición dominante de Google en el mercado de búsquedas significa que la amenaza de bloquear enlaces a sitios de noticias de su buscador, por ejemplo, podría representar una seria amenaza para las empresas periodísticas.

En Brasil y Canadá, los proyectos se volvieron controversiales. Voces críticas —desde think tanks hasta organizaciones civiles, comentaristas, youtubers e investigadores— empezaron a tacharlos de ser “impuestos al link” y de simples maniobras para obtener algún dinero.

Uno de los argumentos más eficaces fue que los códigos de negociación podrían perjudicar a los medios pequeños.

Tras la aprobación de la ley australiana, representantes de las tecnológicas dijeron que la ley benefició desproporcionadamente a News Corp Australia, la empresa de medios más grande y rica del país. El conglomerado propietario de News Corp Australia, antes presidido por Rupert Murdoch, también es dueño de Fox News, New York Post, Wall Street Journal y el británico The Sun.

News Corp fue un gran impulsor del código australiano e hizo lobby para lograr su aprobación. El papel activo del gigante mediático en el impulso de esta ley en Australia se convirtió en un argumento clave para Google y Meta en otros países, donde argumentaron que la legislación sólo beneficiaba a los grandes medios.

Representantes de Google, Meta, X (antes Twitter) y Mercado Libre escribieron en una carta abierta al gobierno de Brasil que el elemento de códigos de negociación del proyecto de ley de ‘Fake News’ “podría, en última instancia, beneficiar solo a los grandes medios tradicionales, perjudicando al periodismo local e independiente y limitando el acceso de las personas a fuentes diversas de información”.

Las Big Tech impulsaron argumentos similares en Canadá, Australia, Indonesia y California.

Gingras dijo eso mismo en una entrevista: “Los códigos de negociación en Australia, Brasil y Canadá no fueron impulsados por los medios pequeños. Los impulsaron Globo, News Corp y Postmedia”.

Divide y vencerás

“En aquel entonces, la narrativa era que solo beneficiaría a los grandes medios”, dijo la directora de una ONG de apoyo al periodismo que, en su momento, firmó una petición conjunta pidiendo retirar el código de negociación del proyecto de noticias falsas en Brasil.

“Nos decían que era la estrategia de Rupert Murdoch y que los medios pequeños en Australia no recibieron nada”, agregó.

Pero luego, representantes de medios brasileños lograron reunirse con sus homólogos australianos. Y lo que escucharon fue distinto: en Australia los medios más pequeños se habían agrupado, y fue la ley de negociación de compensaciones a los medios la que obligó a Google a negociar con ellos.

“No sabíamos realmente qué estaba ocurriendo en Australia porque no teníamos contacto directo con nadie allí. Y todo lo que veíamos —los contenidos, los estudios que nos llegaban—, cuando lo mirabas bien, provenía de una organización financiada por Google”, dijo el ejecutivo brasileño.

Los medios pequeños tenían motivos para preocuparse. Los grandes tenían una voz más potente y una línea más directa con los legisladores. News Media Canada, por ejemplo, que representa a algunos de los mayores medios del país, fue un fuerte partidario del proyecto y presionó con frecuencia sobre el tema.

Mientras tanto, los medios más pequeños no tenían personal ni financiación para pagar a un lobista a tiempo completo. Así que esos medios canadienses se unieron para formar una coalición llamada Press Forward. El grupo expresó inquietudes y pidió cambios para asegurarse de que los grandes medios propiedad de fondos de capital riesgo o financiados por el gobierno no fueran los únicos beneficiados.

Google intentó alinearse con el grupo, llegando incluso a ofrecer informalmente pagar un lobista para los medios en una conferencia de Google en Montreal en 2022, según informó el National Post. Tras considerar la propuesta, Press Forward decidió finalmente rechazarla.

Maria Saras-Voutsinas, presidenta del National Ethnic Media and Press Council of Canada (NEMPCC), dijo que, cuando se introdujo por primera vez la Ley de Noticias en Línea de Canadá, temía que sus miembros volvieran a quedar fuera en favor de los medios tradicionales.

Su organización apoya a reporteros y editores de más de 75 medios en terceras lenguas en todo el país, muchos con de ellos con equipos muy pequeños.

Pero, pese a que decían que la ley canadiense afectaría a las publicaciones más pequeñas, Google y Meta también tendían a cerrar acuerdos con medios grandes.

Por medio del programa Google News Showcase, la compañía firmó acuerdos de licenciamiento con 11 de los medios de comunicación más grandes de Canadá. Saras-Voutsinas dijo que su grupo tenía un acuerdo de formación con Meta antes de que se introdujera la ley canadiense, pero sin dinero asociado. Cuando pidió a la compañía financiación para sus miembros, “esa conversación murió”, afirmó. “En cuanto hubo una solicitud… muerta”. Dijo que pasó algo similar con Google.

Solo se enteró de que otros medios estaban recibiendo subvenciones o acuerdos lucrativos con las empresas cuando eso salió a relucir durante el debate del proyecto. “Te hace sentir como un pececito diminuto en un mar enorme”, dijo. “Que, por desgracia, es como nos sentimos en todo ese proceso”.

El NEMPCC terminó aliándose con News Media Canada para apoyar que la ley fuera aprobada.

Lo mismo ocurrió en Australia. “Fue una lucha como la de David contra Goliat”, dice Nelson Yap, copresidente de la Public Interest Publishers Alliance, que representa a medios pequeños en todo el país.

“Necesitábamos formar una asociación para poder conseguir acuerdos. No podemos pagar lobistas, pero somos 24 medios y representamos a parte de la comunidad”. Para aumentar la presión, estas empresas periodísticas lograron que algunos senadores escribieran cartas en su nombre a Google y Facebook. Fue solo tras mucha presión que todos los miembros de la alianza consiguieron un acuerdo.

Construyendo relaciones

En mayo de 2023, Google celebró su “desconferencia” Newsgeist en São Paulo, Brasil. Liderada por Google News Initiative, Newsgeist es una conferencia a la que solo se puede acceder con invitación, que reúne representantes de los medios y la industria tecnológica. Hacía solo algunos días que los congresistas habían puesto en pausa la votación del proyecto de ley de noticias falsas, y la ley era el tema que estaba en la mente de todo el mundo.

Periodistas de medios pequeños y grandes se mezclaron, mientras debatían el futuro de las noticias en Brasil entre charlas relámpago de cinco minutos, partidas de Werewolf, un juego de rol, y descansos para comer.

En la agenda, que había sido construida a partir de propuestas de los asistentes, hubo algunas sesiones sobre el proyecto. Pero la programación del día comenzó con una crítica de Paula Miraglia, propietaria de un medio digital, criticando a Google por poner a los ciudadanos en contra de la ley de “Fake News”.

“Es incompatible afirmar que están del lado del periodismo si tienen una injerencia tan fuerte en el proceso legislativo y regulatorio de un país. No pueden jugar por los dos bandos”, dijo. “En el futuro, miraremos atrás y veremos a las tecnológicas causando daños equiparables a los de las industrias del petróleo, el alcohol y las armas: daños igual de graves. Y esas industrias, para bien o para mal, al menos fueron mínimamente reguladas en algún momento”.

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Al día siguiente, Google se reunió en privado con representantes de Ajor, la mayor asociación de medios digitales del país. Los asistentes dicen que la asociación, que recibía gran parte de su financiación de Google y otras grandes tecnológicas, fue presionada para oponerse al código de negociación propuesto en el proyecto y, en cambio, abogar por un fondo privado creado por Google.

Después de que la asociación decidiera defender la regulación, su financiación se redujo progresivamente, según fuentes internas reservadas.

Esta investigación halló que, a menudo, donde había una propuesta de código de negociación en ciernes, Google organizaba un Newsgeist.

En mayo de 2022, Google celebró Newsgeist en Montreal, Canadá, apenas un mes antes de que el gobierno presentara oficialmente la Ley de Noticias en Línea.

La primera vez que Newsgeist se celebró en Europa fue en 2015, un año después de que España aprobara una ley de derechos de autor con compensación a medios.

En 2019, Singapur acogió el primer Newsgeist en Asia, el mismo año en que el país presentó un proyecto de ley de noticias falsas que regularía el contenido informativo en las plataformas tecnológicas.

“Este tipo de eventos más exclusivos que organizan las plataformas y algunas de las alianzas que desarrollan en relación con esos eventos forman parte, claramente, del modelo de captura de la plataforma”, dice la doctora Julie Posetti, vicepresidenta de investigación global del International Center for Journalists, una organización sin ánimo de lucro que apoya a periodistas. Señala que estos eventos hacen que los periodistas se sientan como “insiders con relaciones con los actores corporativos dentro de estas empresas”.

Nunca se ha celebrado un Newsgeist en Australia, aunque Gingras asistió a paneles y encuentros con asociaciones de medios digitales e instituciones académicas por todo el país en 2017 y 2018, antes de que el NMBC se presentara oficialmente.

En una entrada del blog de Google de junio de 2020 titulada “Poniendo en claro el registro sobre las noticias”, Gingras escribió sobre “recientes afirmaciones inexactas acerca de cómo trabaja Google con la industria informativa y nuestro intercambio de valor con los editores”. Y rechazó la premisa del código.

“Enviar gente a los sitios de los editores, y no mantenerles ‘encerrados’ en productos de Google, como algunos afirman, es una forma clave en la que aportamos valor a la industria de noticias. Cada mes enviamos a usuarios de Google a sitios de noticias 24.000 millones de veces”, escribió.

Gasto estratégico

Google y Meta han estado financiando redacciones durante más de una década. En 2015, un año después de que España aprobara su ley de derechos de autor, la Digital News Initiative comenzó a funcionar en Europa.

Bajo el liderazgo de Gingras, el programa más tarde se convirtió en Google News Lab, luego en Google News Initiative (GNI) y se expandió globalmente en 2018. Google dice que ha entregado 300 millones de dólares estadounidenses al año a miles de redacciones a través de la GNI.

La iniciativa dio que hablar en el sector en un momento de caída de ingresos, y es uno de los logros de los que Gingras se muestra más orgulloso. “Invertimos enormes cantidades de dinero durante ocho o nueve años para impulsar la innovación. Estoy muy orgulloso de ello”, dijo en mayo a un entrevistador del Nieman Lab de la Universidad de Harvard.

Meta también ha aportado millones de dólares a medios, financiando programas de verificación de datos y de formación desde 2016. Eso fue antes de que la empresa se apartara del contenido de noticias, llevándose su dinero consigo.

Pero un investigador y varias fuentes internas afirman que hay algo más que filantropía detrás de la financiación de las compañías.

“Un factor por lo menos importante, al que yo atribuía a esta financiación en aquellos días, era gestionar la presión regulatoria”, dijo Charis Papaevangelou, investigador de la Universidad de Ámsterdam que estudió durante tres años los patrones de financiación de Google y Meta.

La investigación de Papaevangelou halló que, aunque Google financiaba medios en todo el mundo, la mayor concentración de beneficiarios de subvenciones entre 2020 y 2022 se encontraba en Estados Unidos, Brasil y Canadá, todas áreas que contemplaban o debatían activamente códigos de negociación en ese periodo.

Empleados de Google que estuvieron involucrados en el primer fondo, el DNI, rechazan que se tratara de una táctica de lobby. “La DNI no fue una respuesta directa a la presión política. Se trataba de entender por qué había esa presión y abordar los problemas de fondo”, dijo Madhav Chinnappa, que trabajó en Google entre 2010 y 2023 y ayudó a fundar la GNI. Otras fuentes internas que hablaron para esta investigación coinciden.

“Google intentó desempeñar un papel positivo invirtiendo dinero en innovación y fomentando una nueva generación de actores y nuevas empresas de noticias para promover la diversidad de opiniones. No necesariamente para retribuir a los editores o hacer lo correcto, sino para dar una respuesta a las crecientes críticas a medida que aumentaba la presión regulatoria”, afirma un antiguo ejecutivo de Google procedente del sector de la información.

“Pero en algún momento quedó claro que, especialmente en Europa, la regulación llegaría de todos modos. La mayoría de los editores buscaban en realidad algún tipo de subsidio, sin ninguna contrapartida real”.

Gingras señala que, aun cuando trabajaba como director de medios de comunicación, nunca estuvo de acuerdo con que Google “destruyó nuestro negocio”. “Pienso que, si somos honestos, las empresas de medios casi nos suicidamos por falta de visión”, dijo.

“Esto puede ser un poco provocador, pero de alguna manera tenemos una deuda con Google. Google ha sido el principal proveedor de tráfico gratuito. Google les dio a las empresas de medios la posibilidad de monetizar sus audiencias — e incluso de convertirlas en valiosos suscriptores; si tan solo hubiéramos sido capaces de pensar de esa manera desde el día uno”.

Pero algunos investigadores tienen otra visión sobre los objetivos de los programas periodísticos de Google. “Mi conclusión es que, en última instancia, se trataba en gran medida de intentar aplacar cualquier esfuerzo por forzar a estas empresas a rendir cuentas, y presentarlas como actores tecnológicos benignos, amigos de los periodistas, amigos de los medios de interés público. Esto formaba parte de una estrategia para influir, en última instancia, en reguladores y legisladores”, afirma Julie Posetti.

Las críticas también se escuchan dentro del sector. Cientos de redacciones indonesias han recibido financiación de la GNI para formaciones y programas de periodismo. Pero Firdaus, presidente de la Indonesian Cyber Media Union, sostiene que los programas de capacitación son un mero lavado de imagen.

“Pero es mejor que nada”, dijo Firdaus. “Somos medios pequeños… somos muy pobres”.

Aun así, la amenaza de que se retire la financiación es una preocupación seria para algunos medios.

En Brasil, ejecutivos de Google sugirieron, en una entrada de blog del 29 de abril de 2023, apenas un par de días antes de que se votara el proyecto de ley de “Fake News”, que su aprobación pondría en peligro los acuerdos de la empresa con los medios.

Leonardo Attuch, propietario del popular portal de izquierda Brasil 247, expresó a funcionarios del gobierno su preocupación de que se recortara la inversión de Google en los sitios progresistas. Dijo también que solo medios grandes, como Globo, se beneficiarían de los códigos de negociación.

El sitio de Attuch, que es seguido atentamente por miembros del gobierno, fue un crítico elocuente del proyecto de ley.

Pero a medida que continuaban los desafíos regulatorios y de derechos de autor, Google incrementó su financiación directa a medios. En octubre de 2020 lanzó Google News Showcase. El director ejecutivo, Sundar Pichai, dijo que la compañía gastaría 1.000 millones de dólares en noticias en todo el mundo mediante contratos de licencia individuales bajo Showcase.

Para el lanzamiento, el 1 de octubre, 200 medios ya habían firmado contratos, con publicaciones de Australia, Argentina, Alemania y Brasil entre las primeras.

Solo un día después, la empresa pausó el despliegue en Australia, amenazando con retener la financiación a sus socios australianos por “consideraciones regulatorias” mientras se debatía el NMBC.

La financiación a través de Showcase también fue una táctica de lobby en Brasil. Allí, Google solicitó que se modificara una cláusula sobre compensación informativa en la Ley de Noticias Falsas para acomodar pagos ya realizados a sus socios mediáticos.

Contratos revisados por esta alianza periodística también revelan que los acuerdos de Showcase contienen ciertas condiciones, como el reconocimiento de que el tráfico de la Búsqueda de Google era una remuneración suficiente por el contenido utilizado en su producto estrella.

“El tráfico que Google envía a las propiedades en línea del Editor es una remuneración suficiente por la indexación, la exhibición y otros usos similares del contenido de las publicaciones del Editor en relación con los servicios de referenciación automatizada de Google (p. ej., Búsqueda y productos y servicios similares)”. (Ver historia Alquilando al enemigo)

La empresa sigue cerrando más acuerdos. Se están negociando contratos de Showcase con medios en Indonesia como parte del código de negociación de ese país, y en Brasil se están renovando contratos trienales de Showcase.

La influencia del gobierno de Estados Unidos

Días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump revelara su esperada lista de aranceles del “Día de la Liberación” en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó un informe de 397 páginas que detallaba las políticas de otros países que, consideraba, perjudican a la economía estadounidense.

En el informe de la USTR aparecían, de manera destacada, los códigos de negociación de noticias de Canadá y Australia.

En octubre de 2024, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), cuyos miembros incluyen a Google, Meta y Amazon, envió quejas a la USTR por las leyes de regulación tecnológica en varios países. El documento se refería a los códigos de negociación y otras medidas fiscales en decenas de países, incluidos Brasil, Canadá, Indonesia, Sudáfrica y Australia.

El documento las denomina “Transferencias forzadas de ingresos para noticias digitales” y afirma que tales leyes son una “intervención gubernamental injustificada” que “impone importantes externalidades negativas a los proveedores de servicios en línea, así como al ecosistema más amplio de internet, especialmente cuando el número de adultos estadounidenses que obtienen sus noticias de las redes sociales sigue aumentando”.

“El ejemplo de Australia se ha extendido a otras jurisdicciones, un desarrollo reciente que merece atención y reacción por parte del gobierno de Estados Unidos antes de que se acelere”, concluye el informe.

Desde la elección de Trump, la administración ha presionado a países para que reversen regulaciones tecnológicas que, según sostiene, apuntan de forma injusta a empresas estadounidenses.

Luego de anunciar que anularía un Impuesto a los Servicios Digitales del 3 por ciento para la mayoría de las compañías, el primer ministro canadiense Mark Carney insinuó que la Ley de Noticias en Línea también podría ser rescindida.

Las amenazas arancelarias de Trump, al menos en parte, retrasaron el trámite de la más reciente iteración del código australiano (NBIC, News Bargaining Incentive Code).

El gobierno australiano comenzó a redactar el nuevo incentivo en 2024. Los cambios propuestos impedirían que las tecnológicas quedaran exentas de la ley negándose a difundir contenido informativo.

“Las plataformas tendrán la opción de pagar un impuesto o dar dinero a los editores; le debería brindar más seguridad al sector”, dijo Margaret Simons, directora del Centro para el Avance del Periodismo de la Universidad de Melbourne.

El anuncio de la nueva política propuesta llegó varios meses después de que Meta reveló que no renovaría ninguno de sus acuerdos con medios australianos.

Google también ha empezado a retirarse de sus acuerdos con los medios. En junio, anunció que cancelaba 24 de los acuerdos firmados en virtud del código tras una “revisión interna”, pese a que había prometido financiación a las empresas de medios, durante cinco años.

Pero las amenazas arancelarias de Trump aparentemente retrasaron el nuevo incentivo, “como una precaución ante cualquier pronunciamiento que pudiera interpretarse como un castigo a empresas estadounidenses”, según informó The Sydney Morning Herald.

Nuevos registros del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, obtenidos por esta investigación, muestran que el embajador del país en Estados Unidos, Kevin Rudd, se reunió con las grandes tecnológicas para discutir el nuevo incentivo en varias ocasiones en marzo de 2025.

Correos internos revisados por esta investigación también muestran que las máximas lobistas de Meta en Australia, Cheryl Seeto y Mia Garlick, se reunieron con personal de la oficina del entonces asistente del tesorero Stephen Jones en Canberra sobre el nuevo incentivo en marzo, semanas antes de que el gobierno laborista comenzara su campaña de reelección.

Varias fuentes mediáticas han señalado que el gobierno, que fue reelegido por otros tres años en mayo, sostiene en privado que mantiene su compromiso de seguir adelante con el incentivo.

La entonces ministra de Comunicaciones dijo a esta alianza periodística que el gobierno continuaría trabajando para implementar el incentivo a pesar de las amenazas comerciales. “Este es un gobierno que se relaciona con nuestro aliado más cercano y querido, independientemente de qué administración ocupe la Casa Blanca, y seguiremos haciéndolo”, dijo Michelle Rowland, quien desde entonces ha sido nombrada fiscal general de Australia.

“Hemos dejado muy claro públicamente a Estados Unidos que eso no está sobre la mesa”, dijo.

Se prometió un documento de consulta sobre la nueva iniciativa para la primera mitad de 2025, pero a inicios de agosto aún no se había publicado.

El gobierno de Indonesia emitió su Reglamento Presidencial sobre Derechos de las Empresas Periodísticas en 2024 y lo promulgó en febrero. La norma regula la relación entre empresas y plataformas digitales para apoyar el periodismo de calidad en el mundo digital.

La Cámara de Comercio Americana en Indonesia se reunió con el Ministerio de Comunicaciones del país para discutir la ley antes de su firma en 2024. Antes hubo otras reuniones sobre regulaciones a compañías de plataformas digitales de organizaciones alineadas con el gobierno estadounidense que promovieron los intereses de ese país en la región.

La amenaza: “Con un clic podrían hacerlo desaparecer”

“Si pudiera volver atrás en el tiempo y tener 0 dólares de [la Ley de Noticias en Línea] y a Meta de vuelta en el sector, lo preferiría”, dijo Jeff Elgie, director ejecutivo de Village Media, una empresa que posee 33 sitios de noticias locales en Ontario, Canadá.

Elgie fue uno de los más críticos de los códigos de negociación durante su proceso legislativo. También mantiene una cercana relación con Gingras. Elgie sostiene, hasta hoy, que la ley C-18 causó daños. Elgie dice que su oposición a la ley no tiene nada que ver con su relación con Google y con Gingras.

Después de que Canadá aprobara su Ley de Noticias en Línea en junio de 2023, Meta dijo que bloquearía las noticias en sus plataformas para evitar someterse a la normativa.

A comienzos de agosto de ese año, los canadienses que intentaran acceder a contenido informativo en Facebook o Instagram veían una pantalla en blanco, y un aviso que decía que “en respuesta a la legislación del gobierno canadiense, el contenido de noticias no puede verse en Canadá”, vinculando la medida a la regulación y no a una decisión corporativa de la plataforma.

Como resultado directo del bloqueo, medios de noticias canadienses reportaron una caída del 43 por ciento en sus interacciones en redes sociales.

“En el futuro, esperamos que el gobierno canadiense reconozca el valor que ya aportamos a la industria informativa y considere una respuesta política que defienda los principios de un internet libre y abierto”, dijo la principal lobista de Meta en Canadá, Rachel Curran, en un comunicado sobre la decisión de la empresa de bloquear noticias el 1 de agosto de 2023.

Meta ya había hecho esa amenaza varias veces

En Australia, Meta bloqueó enlaces de noticias en Facebook e Instagram durante cinco días durante las negociaciones del NMBC, provocando que el tráfico de los sitios de noticias del país cayera temporalmente un 13 por ciento. Tras lograr concesiones del gobierno, Meta restableció el contenido informativo.

En Estados Unidos, senadores tenían previsto incluir la ley federal de Compensación y Preservación del Periodismo en una ley de gasto de 2022, pero desistieron después de que Meta amenazara con bloquear las noticias si se aprobaba. La empresa hizo lo mismo en California en 2024, cuando el estado debatía la CJPA.

Meta hizo amenazas similares en Indonesia en 2023. El director de políticas públicas de Meta en el sudeste asiático, Rafael Frankel, sostuvo que Meta “a su pesar” tendría que aplicar la misma política en Indonesia. Y en Brasil, aunque no hizo amenazas públicas, fuentes internas afirmaron que Meta decidió que no cumpliría si se aprobaba un código de negociación.

La medida ha tenido consecuencias reales. Incluso un bloqueo de corta duración en Australia llevó a que algunas personas se perdieran información vital sobre la COVID-19 y desastres naturales.

En los Territorios del Noroeste de Canadá, donde muchas personas dependen de Facebook para informarse, la gente se perdió información crucial sobre la propagación de los incendios forestales en 2023, durante una de las temporadas más destructivas registradas en el territorio.

Google también amenazó con retirar las noticias. Realizó “pruebas” cortas de un bloqueo mientras se debatían los proyectos en Canadá, Australia, Europa y Estados Unidos para “evaluar” cómo podría afectar al tráfico una desindexación permanente del contenido informativo.

Wahyu Dhyatmika, presidente de la Asociación de Cibermedios de Indonesia, dijo que un representante de Google le explicó lo fácil que sería desindexar noticias en la región. “Es con solo hacer clic en un botón”, aseguró. “Registraron todas las URL que tienen noticias, creo que tenían unas 3.000 o 4.000, y con un clic podrían desindexarlas y hacerlas desaparecer”.

Sin embargo, tras años de amenazas de retirar el contenido informativo, Google nunca lo ha hecho por completo porque “nunca hemos tenido que hacerlo”, dice Gingras.

Chinnappa dijo que no debería verse como una amenaza la promesa de Google de retirarse, sino como un ejemplo de que la empresa sigue la ley. “Google intenta cumplir las leyes en cada país en el que opera”, afirmó, “si las leyes son demasiado onerosas, entonces no operará”.

Gingras está de acuerdo. “Si básicamente estás diciendo que tenemos que pagar por cada link cuando no hay dinero de por medio de una búsqueda de noticias, entonces vamos a tener que usar menos links”.

Google, dijo Chinnappa, “nunca quiere retirarse de un país, especialmente de un país democrático”.

En España, el único país donde Google dejó de ofrecer su servicio Google News, dedicado a las noticias, los editores digitales vieron una caída inicial del tráfico en 2014. Pero un estudio halló que solo el cuatro o cinco por ciento del tráfico externo venía de Google News.

Hace cuatro años cambió la ley de derechos de autor en España y se restableció Google News. Showcase se relanzó en el país poco después y muchos medios digitales celebraron su regreso.

Documentos internos revisados por esta investigación muestran que Google también planeó bloquear enlaces a noticias en Canadá tras la aprobación de la Ley de Noticias en Línea.

“Hemos sido claros en que una legislación impracticable podría llevar a cambios que afecten la disponibilidad de noticias en los productos de Google en Canadá”, escribió el asesor jurídico interno de Google, Kent Walker, a la entonces ministra de Patrimonio de Canadá en un correo del 23 de junio de 2023, un día después de que se aprobara la ley.

La empresa finalmente dio marcha atrás en su idea de desindexar las noticias canadienses tras permitírsele negociar un acuerdo para quedar exenta de la ley.

La compañía prometió gastar 73 millones de dólares al año durante cinco años para apoyar el periodismo en Canadá. Google eligió al Canadian Journalism Collective (CJC) para distribuir los fondos, una nueva organización creada apenas un mes antes de que Google la seleccionara.

Al formarse, la organización estaba liderada por algunos de los críticos más férreos de la Ley de Noticias en Línea, como Erin Millar, directora ejecutiva y cofundadora de Indiegraf, una organización para apoyar medios emergentes, y Jeff Elgie, de Village Media. Ambos tenían relaciones profesionales previas con Google o Gingras, y ambos habían recibido financiación significativa de la compañía. El pasado invierno, Gingras fue nombrado presidente de la junta de Village Media.

Reescribiendo la narrativa

Tanto Meta como Google sostienen que las noticias no les aportan casi ningún valor.

“Las consultas sobre noticias en el buscador de Google son menos del dos por ciento del total de búsquedas”, dijo Gingras a un grupo de senadores canadienses en 2023. “Los ingresos que obtenemos directamente de las noticias en nuestros productos son incluso inferiores a eso”.

Meta afirma que las noticias representan el tres por ciento del contenido en Facebook.

A principios de este año, cuando Google intentó bloquear las noticias para el uno por ciento de usuarios en Europa durante dos meses y medio, reportó que sus ingresos no cambiaron y que el uso del buscador cayó menos de un uno por ciento.

Pero las cifras varían mucho según quién las calcule. Un estudio reciente de la consultora económica suiza FehrAdvice dice que la inclusión de periodismo en los resultados de búsqueda contribuye a que la oferta de Google en Alemania tenga interés y sea confiable y completa. Concluyó que, en promedio, el contenido periodístico aumenta el valor de Google en un 24 por ciento. Un estudio previo de la misma compañía encontró que, en Suiza, el valor percibido de la búsqueda aumentaba un 16 por ciento con la inserción de noticias.

El equipo de noticias de Google cree que su trabajo es un aporte positivo para la industria de los medios digitales. “Estamos dispuestos a hacer más por las noticias de lo que nos aportan”, dijo Gingras a los senadores canadienses en 2023. Pidió a los legisladores que reconocieran “el valor que aportamos, tanto en términos de tráfico como de los muchos otros medios que hemos utilizado para apoyar a la industria informativa en Canadá”.

Pero aunque la compañía no haga dinero por publicidad en búsquedas de noticias, el periodismo probablemente tiene más valor para Google del que la empresa reconoce. La información completa y precisa es “mucho más importante para el producto y la propuesta de valor de Google que para Meta”, dijo Sophia Crabbe-Field, investigadora del Centro para la Democracia y la Libertad de Expresión de la Universidad McGill.

Al excluir el periodismo, Google podría crear un vacío significativo de información para sus productos de búsqueda.

Aun así, en muchos países, Google y Meta tuvieron éxito en cambiar el foco del debate sobre los proyectos de ley, que pasó de ser el monopolio del mercado de publicidad a la supuesta amenaza para la libre expresión y llevar a la censura.

“Esto demuestra lo exitosas que pueden ser las grandes tecnológicas al crear estas narrativas, incluso en torno a algo como el periodismo, que es un bien público”, dijo Crabbe-Field, autora de un informe de 144 páginas sobre la Ley de Noticias en Línea y sus consecuencias.

“Las Big Tech quieren presentarse como las proveedoras de una web libre”, añadió. “No necesariamente tienen en primer plano nuestro interés democrático y nuestra libertad en su comportamiento”.

En Brasil, el argumento de la libertad de expresión prendió en torno al proyecto de noticias falsas, dice el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu.

“La campaña orquestada entre las grandes tecnológicas y facciones de la extrema derecha brasileña no solo buscó suspender la votación del proyecto de ley de noticias falsas, sino que también intensificó los ataques recurrentes al periodismo”, afirmó.

Influencers de derecha afines al expresidente Jair Bolsonaro acusaron a los medios de querer “mamar del dinero público” y censurar la libertad de expresión de los ciudadanos.

Bolsonaro ha atacado regularmente a la prensa, y grupos conservadores y evangélicos del país fueron centrales para tumbar el proyecto. El foco principal de esos ataques fue Grupo Globo, el mayor conglomerado mediático de América Latina.

Bolsonaro solía sostener carteles con la frase “Globo lixo” (Globo basura), un hashtag asociado a los días de mayor ruido en redes contra el proyecto, según hallazgos de Netlab, un grupo de investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y el propio Bolsonaro compartió un artículo de opinión del presidente de Google en Brasil, Fabio Coelho, criticando el proyecto. “¿Está Globo detrás de esto?”, preguntó a sus aliados más cercanos en una lista de WhatsApp curada a mano, de acuerdo con Crusoé, un sitio de noticias.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Bolsonaro y congresista, afirmó que la “extrema prensa” quería que el proyecto se aprobara porque “odiaba” internet. Usó su canal de YouTube para llamar al proyecto “Ley de la Censura” y repitió que la norma solo beneficiaría a grandes actores como Globo.

“Mientras señalaban un supuesto ‘sesgo corporativo’ en los medios, en realidad buscaban proteger los intereses comerciales de las plataformas, que están en claro conflicto con el interés público”, dijo Romeu. Una narrativa que, aseguró, “no solo instrumentaliza el odio hacia la prensa como estrategia política, sino que también lo profundiza en la sociedad”.

El valor futuro de las noticias

En todo el mundo se siguen presentando proyectos de ley y desafíos legales para intentar abordar los desequilibrios entre las noticias y las plataformas en el espacio digital.

El 20 de junio, el Consejo Federal suizo propuso cambiar la ley de derechos de autor del país para exigir que las plataformas tecnológicas compensen a las publicaciones por el contenido periodístico mostrado en sus sitios, y al mismo tiempo intentó impedir que las empresas abandonen el negocio de las noticias.

Además, el valor de las noticias para las tecnológicas podría estar cambiando a medida que las compañías compiten por crear sistemas de IA cada vez más sofisticados.

Los modelos necesitan entrenarse con grandes volúmenes de datos de calidad. La información verificada, del tipo que producen los medios de información, proporciona eso.

Empresas de IA, desde OpenAI hasta Perplexity y Amazon, ya han comenzado a firmar acuerdos de licencia con marcas periodísticas conocidas como The Guardian y The New York Times para contenido pago o de sus archivos.

Mientras Australia se embarca en el proceso legislativo de su nuevo código de negociación, editores y creadores de políticas públicas se preparan para dar una lucha mayor que la de 2021.

“La IA debe abordarse como parte de la discusión para dar forma a la legislación, porque esos modelos están obteniendo nuestro contenido único y monetizándolo, y queremos una parte de eso”, dijo Andrew Schreyer, presidente de la alianza de editores Country Press Australia en una entrevista.

Otras jurisdicciones también tienen la IA en su radar. La regulación de Indonesia de 2024, que exige que plataformas y medios negocien, hace que los medios sean optimistas respecto a que la norma existente sea una vía de entrada para futuros acuerdos de IA y pueda generar nuevos negocios para el sector editorial.

El Senado de Brasil también aprobó una ley de IA que incluye pagos por el uso de contenido periodístico y artístico en las IA, pero la norma aún debe votarse en la Cámara de Diputados, donde ya enfrenta oposición. Allí, la fallida pugna por aprobar un código de negociación dejó un legado, según la lobista de Ajor, Carla Egydio. “Esta situación con la ley de noticias falsas abrió la posibilidad de un diálogo. Hoy el campo dialoga más que en 2023. Y creo que eso es un resultado muy positivo”.

La Ley de Noticias en Línea de Canadá se aplica a plataformas de cierto tamaño que “ponen a disposición contenido informativo”. Documentos internos muestran que el gobierno federal se planteó si los chatbots de IA deberían quedar incluidos bajo la ley, aunque el gobierno no ha dado pasos para implementar ese elemento.

El 6 de agosto, The Sydney Morning Herald informó que ejecutivos de algunos de los principales medios australianos habían presionado al gobierno para frenar a las empresas de IA que entrenan sus modelos con contenido noticioso. La noticia se conoció después de que un think tank alineado con el gobierno propusiera que esas empresas obtuvieran una exención de derechos de autor para la minería de datos. Según el reportaje, los medios consideraban pedir al gobierno que les ayudara a cerrar acuerdos comerciales con empresas de IA una vez finalizado el esquema de incentivos.

En Dinamarca, la entidad de gestión colectiva de publicaciones de prensa (DPCMO, por sus siglas en inglés) ha estado negociando acuerdos individuales con redes sociales y plataformas de IA, desde Google hasta ProRata.ai. En julio, la DPCMO anunció que iniciaría acciones legales contra OpenAI, empresa matriz de ChatGPT. Una semana antes, contempló litigios por reclamaciones de derechos de autor sobre contenido periodístico en LinkedIn.

Anya Schiffrin, directora de la especialización en Tecnología, Medios y Comunicaciones en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, dice que la batalla por la compensación no ha terminado. Algunos legisladores debaten insertar claúsulas conocidas como must-carry, que obliguen a los medios a ofrecer contenido de noticias para evitar que deban evitar la regulación, dice.

“Todavía hay muchas otras ideas, como créditos fiscales para las noticias, créditos fiscales para la publicidad local”, señala. Lo ideal habría sido que las plataformas aceptaran pagar. “Lo mejor habría sido contar con plataformas decentes. Lo segundo mejor habría sido que pagaran por las noticias y las difundieran. Considerar la obligación de llevar noticias (must-carry) es como la cuarta mejor opción. Pero ahí es donde estamos”, afirma.

En cuanto a Gingras, desde que dejó Google a principios de este año se convirtió en un adalid de las noticias locales, tras sumarse al consejo de Village Media.

Tampoco ha dejado de intentar influir en la legislación. Fundó un think tank llamado CNTI —Center for News, Technology and Innovation—, que recibió una generosa subvención de 2,5 millones de dólares de Google luego de constituirse. Y el CNTI ya ha publicado al menos un análisis de las políticas propuestas en 30 países para financiar al periodismo, igual que reportes sobre el uso de IA y la seguridad del periodismo.

“Las políticas públicas sobre la prensa siempre son peligrosas” —dijo Gingras a esta investigación— porque los gobiernos “quieren controlar los ecosistemas de información. Incluso los buenos gobiernos”.

Transparencia: Natalia Viana, una de las autoras de este informe, era presidenta de Ajor, la Asociación de Periodismo Digital, en el momento del debate sobre el proyecto de ley contra las noticias falsas. Ninguna de las conversaciones mantenidas durante ese periodo se ha utilizado en esta investigación.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

El valor futuro de las noticias