Finanzas no tiene un registro completo de cuánto y a quién pagó por asesoría de deuda

La gestión de la deuda terminó siendo la pata coja del Gobierno de Rafael Correa. Al menos, según la versión de las actuales autoridades, que fijaron en USD 55.605,7 millones la deuda pública, lo que representa el 49,17% del Producto Interno Bruto (PIB).

Hasta ahora, la Contraloría ha emitido varios informes sobre el manejo de la deuda. En uno de ellos, por ejemplo, aseguró que el anterior Gobierno rompió el techo legal del 40 % con relación al PIB permitido para contratar deuda. Aseguró que se cambiaron normas y el manejo fue discrecional.

Pero también observó el manejo de los Certificados de Tesorería (Cetes) -deuda interna- que terminaron con la emisión de glosas por 22 millones de dólares para varios funcionarios públicos, incluido Rafael Correa. Y aseguró que hubo irregularidades en tres contratos de preventas de crudo firmados entre Petroecuador y las empresas Unipec (China) y PTT Internacional Trading (Tailandia).

Pero, ahora, también determinó que hubo vacíos e irregularidades en los contratos que el Ministerio de Finanzas firmó para contratar abogados especializados, bancos, agentes financieros y otras empresas de servicios especializados, vinculados a la negociación de deuda pública.

Es decir, con firmas que asesoraban al Gobierno.

Según la Contraloría, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. hubo 18 contrataciones de servicios especializados vinculados a operaciones de deuda pública por USD 14.237.251,41

El problema de "cómo" se contrató

El punto de partida de estos contratos fue que, por ley, los contratos de asesoría para contrata deuda no debían pasar por el sistema de compras públicas, ni por la revisión del Procurador o el Contralor.

Entonces, toda la regulación quedó en manos del ministerio de Finanzas que firmó contratos sin considerar:

• Preparación de bases precontractuales y pliegos,
• Publicación de los procesos en el portal web del Ministerio,
• Establecimiento de cuantías para la adjudicación de contratos en forma directa,
• Presentación de, al menos, tres propuestas y de garantías,
• Desconcentración del proceso a través de la formación de una Comisión Especial para la aprobación de los pliegos y adjudicación del contrato.

A cambio, empezó a pagar honorarios por hora.

A quién y cuánto se pagó

La Contraloría dice que no hay "un catastro íntegro y actualizado de los procesos de contratación de servicios especializados ejecutados".

Y eso implica que no existe información completa y confiable sobre estas operaciones y que "no existe seguridad razonable de la documentación que maneja la entidad (...) sobre la información relativa a los montos contratados".

En 2018, los auditores de la Contraloría pidieron a Finanzas información de:

• El número del contrato y fecha de suscripción.
• Objeto del proceso de contratación.
• Valor y plazo.
• Nombre del contratista
• Estado; pagos realizados (anticipos y definitivos)
• Beneficiario, monto y fecha

Finanzas envió la siguiente respuesta el 1 de junio:

¿El problema? Solo envió la información completa de los 22 procesos de contratación celebrados con la compañía Law Debenture Corporate Services Limited.

En un segundo intento, el 11 de junio, Finanzas envió más detalles "excepto de los contratos celebrados con el Banco Central del Ecuador, VALPACIFIC, DCV, Latinfinance, Jaime Reusche, Arthur de Little y Lazard Freres SAS.

Pero, a cambio, envió información otro contrato que no constaba en el listado original firmado con Clifford Chance, para servicios de asesoría legal sobre procesos de emisión, colocación, canje, recompra y en general procesos de restructuración de la deuda externa.

Tres días después volvió a enviar información pero volvió a dejar por fuera el detalle de los contratos con el Banco Central del Ecuador, DCV y Lazard Freres SAS.

La información no es pública

Otras de las novedades es que las autoridades encargadas del ministerio de Finanzas, no supervisaron ni monitorearon que la información relacionada con los procesos de contratación sean publicados y transparentados en el portal web de la entidad. Eso originó, dice la Contraloría, que:

• Se limite el acceso a la información por parte de los usuarios internos, externos y ciudadanía en general,
• No se transparentó los procesos de contratación de servicios especializados vinculados con operaciones de endeudamiento público.

El informe de Contraloría fue 5 de abril de 2019 y publicado esta semana en la página web institucional.