Acta de paz, o de una claudicación...

El simbolismo de las palabras importa, y mucho, porque trabajan sobre la mente del inconsciente colectivo, tanto del que las oye como en quien las pronuncia.

Llamar Acta de Paz a la hoja de ruta firmada entre el Gobierno y las agrupaciones indígenas lideradas por Leónidas Iza para poner fin al levantamiento tiene ese trasfondo.

El antónimo de paz es guerra.

Hay la percepción de que el documento suscrito el 30 de junio se realizó bajo coacción, extorsionado el país con la amenaza de escalar la violencia incendiaria y continuar el sitio alimentario a las principales ciudades.

Sin embargo, la negociación en marcha es una oportunidad para tratar los temas importantes de manera menos coyuntural, profundizar en ellos e incluir más participantes, aunque sea necesario ampliar los plazos.

Porque, para que lo que ahí se acuerde tenga legitimidad nacional, debería ser tratado con todos los otros actores que hacen país y no únicamente con los indígenas.

• Focalización de los subsidios: no quedarse en la condonación de deudas morosas ni solo con los combustibles, debe estar dirigido a quienes lo necesitan debidamente seleccionados. Determinar la temporalidad de su existencia.
• Banca pública y banca privada: defender la internacionalización de la banca privada para abrirla a la competencia y preguntarse si la banca pública es necesaria o son suficientes las entidades de fomento relacionadas.
• Fomento Productivo: no confundir fomento con subsidio. Es necesario promover una política de incentivos a nuevos emprendimientos en agricultura, pesca, comercio, industria y tecnología.
• Empleo y derechos laborales: revisar la relación entre las leyes laborales actuales con las estadísticas de desempleo y subempleo. Entender cómo funciona el mercado laboral moderno, la circulación migratoria, el teletrabajo y multiempleo. Proponer cómo mejorar los índices de trabajo formal nuevo sin precarizar el actual.
• Energía y recursos naturales: insistir en la explotación con métodos extractivos amigables y las necesidades de conservación de la naturaleza como algo vital para futuras generaciones. Equilibrar beneficios del corto con el largo plazo sin fundamentalismos.
• Derechos colectivos y educación superior: respetar los derechos adquiridos, pero estableciendo límites y sometimiento a las instituciones republicanas. La educación superior requiere especial atención no solo por las necesidades de presupuesto, sino con los objetivos en calidad y cobertura sin interferencia ideológica.
• Protección a inversiones locales: evitar que la política de no privatización se convierta en un lastre de corrupción, despilfarro e ineficiencia burocrática, y el proteccionismo como pretexto para no competir negándose a los tratados comerciales internacionales.
• Control de precios: hasta donde el Estado debe y puede intervenir el libre mercado de oferta y demanda. La necesidad de crear una política de facilidades temporales para enfrentar la volatilidad internacional de precios.
• Acceso a la salud: aprovechar la nueva infraestructura y cobertura logradas durante la pandemia y vacunación, aplicar un sistema eficaz para la adquisición y distribución de las medicinas en los centros de salud. Preguntarse la validez de mantener el sistema monopólico de seguridad social o crear un esquema mixto, mediante empresas privadas de salud, para que el trabajador escoja donde afiliarse y evitar que el IESS sea caja chica y botín de todos los gobiernos.
• Seguridad: ejecutar políticas del Estado para frenar la delincuencia callejera, los grupos armados paramilitares e “infiltrados”, el narcotráfico, sicariato y pandillerismo carcelario.

Conseguir el apoyo ciudadano e internacional para enfrentar la narcopolítica y corrupción en la Asamblea y el Poder Judicial.

Los temas están sobre las mesas de negociación, el Gobierno está obligado a demostrar que lo que va a firmar no es el acta de una claudicación, y que las aprovechará para convertir esta crisis en un acuerdo que desestanque el país.