El primer Consejo de la Judicatura Transitorio contrató consultorías 'a dedo' bajo el régimen de emergencia

Los contratos de consultoría tenían el objetivo de realizar los diseños, la fiscalización y la construcción de obras en complejos judiciales de ocho provincias del país. Los trabajos fueron recibidos a pesar de que estaban incompletos, presentaban inconsistencias y algunos resultaron inaplicables.

Esto se desprende del borrador de un examen especial de auditoría realizado por la Contraloría General del Estado a varios contratos firmados entre 2011 y 2012, en la época de la primera transición del CJ, cuando lo presidía Paulo Rodríguez. El documento se leyó el jueves 16 de mayo de 2019 en el auditorio de la Contraloría.

El examen de auditoría comprende a las provincias de Pichincha, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Carchi, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe y Orellana.

Todos los contratos analizados tienen como denominador común la contratación directa. Es decir, se hizo la invitación para presentar oferta a un solo profesional o compañía.

También tienen en común que se suscribieron bajo declaratorias de emergencia. La tónica fue el descuido de los funcionarios que debían controlar su buena ejecución y advertir sobre los problemas que se presentaban.

Las consultorías contratadas para un lote de parqueaderos del complejo judicial del norte de Quito y del edificio de la Judicatura en el sur de la ciudad fueron hechas para terrenos que en esa época no eran de propiedad del CJ, por lo que resultaron inaplicables.

Lo mismo ocurrió con los estudios para edificaciones en Esmeraldas y Machala.

En el primer caso el CJ pagó USD 742.171 por un estudio que, además de estar incompleto y presentar errores de diseño y estructurales de fondo y forma, se hizo para un predio que pertenecía al Ministerio del Interior.

En ese caso, el terreno recién fue legalizado 580 días después de firmado el contrato y se finiquitó en 2018, con el argumento de que no era necesaria su ejecución.

Algo parecido sucedió en el complejo judicial del sur: el objeto del contrato consistía en realizar los estudios y diseños para construir en un área de 11.081 metros cuadrados, pero el terreno pertenecía al Municipio de Quito.

Entre la firma y la regularización del predio transcurrieron 477 días. La Judicatura pagó USD 268.025, por un estudio incompleto y que no sirvió para ninguna construcción.

El esquema se repitió en la ciudad de Esmeraldas, donde se pagaron USD 165.004 por estudios inaplicables, porque el terreno no estaba a nombre del CJ. Además, el trabajo se hizo para un terreno que estaba ubicado en la parroquia Simón Plata Torres, cuando en realidad debió hacerse sobre un predio localizado en la parroquia 5 de Agosto, que fue donado por la Policía en 2015.

En el Ángel (Carchi) La Judicatura pagó USD 33.155 por contratos de estudios que eran inaplicables, además de que el contratista los presentó incompletos. Como si esto fuera poco, el proceso aún no está liquidado.

En los cantones manabitas de Montecristi, Manta, Santa Ana y Pichincha, la Judicatura pagó otros USD 292.301 por productos inaplicables. ¿Las novedades? Especificaciones técnicas mal hechas, diferencias de precios unitarios, memorias de cálculo estructural incompletas. Pasaron 1.008 días desde la firma del contrato y el acta de recepción definitiva. Algo muy parecido ocurrió en Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana.

El mismo esquema aparece en Machala (El Oro), donde se pagaron USD 166.164 por estudios inaplicables. Aparte de los estudios mal hechos, el terreno no estaba legalizado a favor del CJ en el Registro de la Propiedad.

El finiquito de este último contrato demoró 1.902 días. La Judicatura demandó la devolución del pago y el caso está aun en el Tribunal Contencioso Administrativo.