Las filtraciones marcan un nuevo reto para la política y la justicia
Fachada de la empresa Odebrecht.
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Un nuevo caso de filtraciones anónimas a medios de comunicación causa revuelo en la región. The Intercept publicó, el 9 de junio de 2019, tres reportajes que incluye conversaciones privadas entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato en Brasil.
La revelación puso en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El medio publicó fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el exmagistrado Sergio Moro, el juez que condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión, por recibir un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Moro es actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.
La filtración trajo nuevas acusaciones bajo el emblema del ‘lawfare’, o la supuesta utilización de la justicia para sacar de la contienda política a fuentes adversarios. Los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Argentina, Cristina Fernández, también han alegado el uso de esta práctica en su contra.
Este es un caso más de filtraciones que apuntan a la política. La entrega de información almacenada en medios electrónicos, como correos, fotos, archivos y bases de datos, se ha hecho cada vez más común.
En Ecuador, el caso de Arroz Verde ha llegado incluso al encarcelamiento de importantes exfuncionarios del gobierno de Correa, como Alexis Mera.
Las filtraciones de correos y la política
La divulgación de documentos y conversaciones privadas del caso Lava Jato no es la primera de este tipo.
Desde la revelación de los cables diplomáticos a través del portal Wikileaks, de Julian Assange, se han registrado múltiples casos en la región, que incluyen la publicación no autorizada de material referente principalmente a políticos, gobiernos y sus actividades.
En Ecuador, la filtración de audios y videos ha ido acumulando casos. Durante los últimos 10 años, desde los famosos “Pativideos”, se han registrado casos. Algunos de ellos han terminado en manos de la justicia, mientras que en otros no han avanzado las investigaciones.
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Caso Arroz Verde
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El portal de investigación La Fuente publicó información de los archivos de contabilidad del movimiento oficialista Alianza PAIS, en los que se evidencia supuestos apoartes de empresas privadas a las campañas presidenciales de 2013 y 2017.
El archivo, llamado “receta de arroz verde”, registra los movimientos de dinero. Además, La Fuente filtró correos electrónicos de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional, quien llevaba la contabilidad. El caso es investigado por la Fiscalía.
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Caso INA Papers
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El mismo portal La Fuente publicó sobre una supuesta empresa offshore de la familia del presidente Lenín Moreno, llamada Recorsa. Los mensajes y correos incluyen información sobre el presunto cobro de coimas a través de la firma.
La Fiscalía no ha iniciado una investigación.
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El audio de Elizabeth Cabezas y su negociación
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Un audio en el que la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, habla sobre la negociación de votos para la apertura de una investigación en el caso INA Papers, fue difundido a través de las redes sociales.
En él, Cabezas se refiere a la negociación con el Partido Social Cristiano y a la ministra del Interior, María Paula Romo.
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El audio de Serrano y Pólit
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El entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno difundió un audio en el que se escucha al entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, y al excontralor Carlos Pólit. Pólit, quien huyó del país antes de se procesado en la trama Odebrecht, conversa con Serrano sobre cómo “bajarle” al exfiscal.
La revelación terminó con la remoción de Serrano como presidente del Legislativo.
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Los videos de José Conceição dos Santos
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José Conceição dos Santos, el delator del caso Odebrecht, presentó audios y videos en los que habla sobre el pago de sobornos.
En un video, se lo observa junto al tío del exvicepresidente Jorge Glas, mientras que también presentó un audio en el que conversa con el excontralor Carlos Pólit.
Estos registros son parte de las evidencias que se usaron para el procesamiento de Glas y su tío por la justicia ecuatoriana.
El debate sobre la privacidad
Las filtraciones abren el debate sobre la privacidad de las comunicaciones, especialmente cuando se trata de políticos o autoridades del gobierno. La contraposición entre lo que es privado y lo que es relevante para el público.
El Código Integral Penal ecuatoriano, en su artículo 178, tipifica la violación a la intimidad:
“La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
La única salvedad del anterior artículo es para cuando la persona que divulga las grabaciones de audio y vídeo interviene en ellas personalmente.
Sobre la filtración de información originada en organismos estatales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones.
Además, la CIDH dice que es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control.
Sin embargo, la filtración de información privada es diferente, y por tanto puede traer otras consecuencias.
En Ecuador, el sueco Ola Bini está detenido por supuestamente por sido encontrado “haciendo hackeo de cuentas de gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”, según el presidente Lenín Moreno. Está acusado de ataque a los sistemas informáticos, pero no se conoce qué sistema.
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