Hacinamiento de retornados a Venezuela propaga Covid-19

Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que "las autoridades venezolanas someten" a los cerca de 130.000 migrantes que han retornado a Venezuela provoca el incremento de la transmisión de la Covid-19, denunció este martes la ONG Human Rights Watch (HRW).

Así se desprende de un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins. En él instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación en el próximo encuentro del Proceso de Quito.

Sometidos a condiciones insalubres

En el informe se detalla que hallaron "condiciones insalubres y de hacinamiento" en los centros donde se "obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica".

A muchos de los retornados "se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena" durante más tiempo que los 14 días recomendados por la OMS. Esto, según el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19. Cuando han protestado, han sido amenazados.

Kathleen Page es doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Para ella, "enviar a los retornados a centros insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con el distanciamiento, es una fórmula para propagar la Covid-19".

Muchos de los encuestados reportaron condiciones insalubres. Entre ellas, falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón.

Afirmaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y productos para los niños.

Hacinamiento y tratos degradantes

Tal y como recordó HRW, el hacinamiento en estos centros donde pasan sus cuarentenas "hace que el distanciamiento social resulte imposible. En algunas instancias, la gravedad del trato a los retornados "podría constituir trato degradante". Eso está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.

HRW explicó que el 10 de julio de 2020 pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta "ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones en las cuales son recibidos". No han obtenido respuesta.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que "los retornados a Venezuela están expuestos a un riesgo mayor de Covid-19 en ambos lados de la frontera". Afirmó que "el Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo.

Del Proceso de Quito forman parte doce países de América Latina. Son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que buscan dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.

Petición a Guterres

HRW insta a los países que forman parte del proceso que "soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud y liderado por la OPS".

También a que exhorten "a las autoridades venezolanas a permitir acceso irrestricto a actores humanitarios y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros" donde permanecen los retornados.

Por otra parte, HRW explica que muchos venezolanos no tienen estatus legal regular en los países donde viven. Por ello, a menudo carecen de acceso a atención médica, como pruebas de detección de Covid-19 o tratamiento para esa enfermedad.

Algunos países, como Perú, Ecuador y Colombia, indican haber incluido en los servicios de salud a refugiados y migrantes cuyas pruebas dan positivo o quienes se sospecha que tienen Covid-19. Pero esos servicios no alcanzan a quienes tienen un estatus migratorio irregular.