Senescyt pide auditoría a ocho universidades por la entrega de becas

La pugna por el monto asignado a becas estudiantiles suma otro capítulo entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y ocho universidades cofinanciadas.

El 25 de agosto de 2021, la entidad estatal emitió un nuevo comunicado en el que considera "importante que instituciones, como la Contraloría, efectúen una revisión al uso que se ha hecho desde las universidades privadas a los fondos públicos otorgados anteriormente por el Estado".

En el documento, la Senescyt también reiteró que el presupuesto destinado a las universidades en 2021 asciende a USD 1.106 millones, "lo que representa un aumento de USD 28,7 millones con relación a 2020".

Además, explicó que el Gobierno ya envió al Consejo de Educación Superior (CES) la propuesta para una nueva distribución de fondos para el último trimestre de 2021.

"La finalidad de tal medida es contribuir a que el sistema público de educación superior cuente con mayores recursos para ofrecer más cupos estudiantiles gratuitos y de calidad para quienes más lo necesitan", dijo la entidad.

Y dio a conocer que las ocho universidades cofinanciadas han recibido alrededor de USD 39 millones que debieron ser utilizadas en becas, bajo este detalle:

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil: USD 6,1 millones.
• Universidad del Azuay: 2,7 millones.
• Universidad Politécnica Salesiana: USD 7,1 millones.
• Universidad UTE: USD 4,5 millones.
• Universidad Técnica Particular de Loja: USD 5,5 millones.
• Universidad Católica de Cuenca: USD 3 millones.
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador: USD 8,2 millones.
• Universidad Laica Vicente Rocafuerte: USD 1,6 millones.

La Senescyt recordó que todas las instituciones de educación superior particulares están obligadas a establecer programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas a, por lo menos, el 10% del número de estudiantes regulares con sus propios recursos.

Mientras que "las entidades que reciben dinero del Estado deben destinar todo ese dinero a becas de personas que lo demanden por su condición económica, situación de vulnerabilidad, proximidad territorial, excelencia y pertinencia".

Según el Gobierno, "es falso que se hayan eliminado becas. Estas han sido eliminadas por decisión propia. Las instituciones particulares ahora pretenden desentenderse del derecho de los jóvenes a recibir una beca".

El comunicado de la entidad gubernamental responde a la denuncia que hicieran las ocho universidades sobre un supuesto recorte de USD 12 millones que eran destinados a la entrega de becas.

Las universidades aseguran que la medida impedirá que más estudiantes accedan a este beneficio.