Columnista invitado
La Bukelización de la seguridad en América Latina: ¿estrategia de Estado o pacto con las pandillas?
Investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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En semanas recientes, El Salvador volvió a ser foco de atención internacional tras el nombramiento de una oficial en servicio activo del ejército como parte de una estrategia para implantar orden y disciplina en la educación pública, en un intento por evitar el resurgimiento de las maras entre los jóvenes. Esta medida, acompañada semanas más tarde de la polémica aprobación exprés de la reelección presidencial indefinida, consolida un modelo de poder cada vez más autocrático, comparable al de Daniel Ortega en Nicaragua o Hugo Chávez en Venezuela.
Sin embargo, la concentración de poder en el Ejecutivo no surgió de la noche a la mañana. Bajo la bandera de erradicar las maras, un país que en 2016 reportaba cerca de 85 homicidios por cada 100.000 habitantes, el gobierno de Bukele emprendió una construcción social del miedo, basada en un populismo autoritario millennial. Se consolidó un discurso dicotómico entre “buenos” y “criminales”, donde la seguridad (o al menos su percepción) se logra a expensas de los derechos humanos. La aceptación social de este modelo llegó, por supuesto, con la aparente efectividad: para 2024, El Salvador registró 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de América Latina y el Caribe.
El debate sobre los riesgos de la Bukelización va más allá de la retórica: concentración del poder ejecutivo, gobernanza bajo estados de excepción, endurecimiento de penas, militarización de la seguridad y control sobre organizaciones sociales y otros poderes. Pero surge una pregunta clave: en un país con alta corrupción, polarización política y debilidad institucional, ¿cómo se sostiene este modelo y qué explica la rápida reducción de la violencia?
Testimonios del líder pandillero alias “Charly de la IVU”, de la Mara Barrio 18 Revolucionario, revelaron a El Faro la existencia de pactos entre Bukele y las pandillas desde 2015, cuando el ahora presidente era alcalde de San Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un movimiento histórico de izquierda del país. Según estas declaraciones, los acuerdos incluyeron apoyo a campañas políticas mediante presión sobre comunidades, a cambio de aportes económicos a las pandillas. Durante la pandemia, los grupos criminales se encargaron del control de cuarentenas, reparto de alimentos y entrega de ayudas sociales, a cambio de beneficios que incluían dinero, contratos, amnistías y traslados a cárceles con mejores condiciones. La ruptura de estos pactos derivó en masacres en 2022 y desencadenó la prolongación del régimen de excepción hasta la fecha.
Este patrón pone de manifiesto un punto crucial: programas como ‘Control Territorial’ o ‘Fénix’, basados en estados de excepción, resultan insuficientes si no fortalecen el Estado de Derecho mediante reformas policiales, judiciales y económicas que desincentiven la criminalidad organizada. La Bukelización de la seguridad parece depender más de acuerdos frágiles con pandillas que del fortalecimiento institucional.
¿Debemos resignarnos a que la única forma de mostrar eficacia sea traicionando las reglas y debilitando la democracia? La respuesta es no. Los pactos con organizaciones criminales aumentan la violencia cuando se rompen y generan riesgos adicionales: pérdida de autonomía y legitimidad del Estado, incremento de la corrupción, manipulación de información y control social, y la consolidación de estructuras criminales paralelas al Estado.
La Bukelización es especialmente peligrosa en contextos electorales de América Latina, como Chile, Bolivia y Colombia, donde crecientes segmentos de la juventud están dispuestos a aceptar liderazgos autoritarios en nombre de la seguridad. En sociedades con instituciones frágiles, este modelo no solo reproduce el autoritarismo, sino que esconde pactos con las mismas pandillas que públicamente se pretende erradicar. La lección es clara: la paz comprada con criminales es frágil, y su factura llega siempre al Estado de Derecho y a la democracia.