Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea recibe a familiares de detenidos en paro convocado por la Conaie

En medio de la polémica sobre a quien le corresponde fiscalizar las acciones derivadas del paro convocado por la Conaie, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, con mayoría correísta, empezó este 30 de septiembre a recibir la versión de los familiares de los detenidos en Otavalo, Imbabura.

La primera comparecencia fue de Soledad Perugachi, quien se presentó como vocera de los 12 indígenas privados de la libertad en el marco de la protesta que ya cumple nueve días, especialmente en el norte del país.

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"Solicitamos la libertad inmediata de nuestros compañeros que han sido reprimidos por participar en una lucha justa", dijo Perugachi en su lengua natal, el quecha, y con la ayuda de un traductor.

"Somos indígenas milenarios, somos mindalaes, comerciantes, artesanos, somos artistas, pero no somos terroristas"

Soledad Perugachi, dirigente indígena de Otavalo

Según ella, entre los detenidos habría trabajadores de la construcción, vendedores informales y agricultores que se verían perjudicados por el incremento del valor de diésel por la eliminación del subsidio sobre ese combustible.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, reveló ante la comisión que alguno de los detenidos sufre epilepsia y otros requieren medicación permanente, por lo que responsabilizó al gobierno de su situación de salud.

La dirigente histórica del movimiento indígena, Blanca Chancoso, justificó la protesta ante la falta de apertura por parte del gobierno para escuchar la inconformidad que existe en las comunidades, por el incremento del precio del diésel.

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Martha Tuquerres, presidenta de las organizaciones indígenas de Cotachachi, denunció que la violencia en contra de las comunidades no solo ha sido física, sino también psicológica.

"Hemos sido víctimas de terror psicológico: nos han cortado la luz, el teléfono, el internet y en esas circunstancias han entrado en carros militares a nuestras comunidades, sin respetar nuestra autodeterminación", explicó Tuquerres.

La comisión, dominada por la Revolución Ciudadana (RC), anunció que el trámite de fiscalización continuará y serán convocados otros dirigentes sociales, pero también autoridades del gobierno para que expliquen las medidas adoptadas para enfrentar la movilización.

Esta mesa legislativa no descarta acudir a otras instancias nacionales e internacionales para que realicen un seguimiento a los supuestos actos de violación a los derechos humanos.