Formulación de cargos del caso Triple A queda para el domingo 1 de diciembre

Por tercera ocasión, el 14 de noviembre de 2024, la audiencia de formulación de cargos del denominado caso Triple A se difirió. Esta vez, la nueva abogada de las empresas involucradas pidió más tiempo para empaparse del proceso y ejercer la defensa.

En esta causa, por presunto tráfico de hidrocarburos, la Fiscalía pidió fecha para formular cargos contra 10 personas y 10 empresas. El caso se origina en supuestas irregularidades de compañías vinculadas a los hermanos Aquiles y Antonio Álvarez, alcalde de Guayaquil y presidente de Barcelona SC, respectivamente.

Si bien ninguno de los hermanos Álvarez está en la lista de personas a procesar, sí se incluye a Fernando Viteri Henriques, quien comparte el segundo apellido del Alcalde Guayaquil y su hermano. Viteri Henriques, además, es el representante de varias de las 10 empresas investigadas.

Justamente, Viteri Henriques y nueve de estas empresas nombraron como su abogada a Rocío Loor, quien presentó varios escritos señalando que fue contratada 24 horas antes de la audiencia, por lo que solicitó que la diligencia prevista para el 14 y 15 de noviembre de 2024 se difiera.

Además, los abogados de Juan González y José Franco, otras dos de las 10 personas investigadas, tampoco asistieron a la audiencia. Según información que se difundió en las alegaciones previas a la instalación fallida, estos defensores también forman parte de las defensas del denominado Caso Metástasis, que de manera simultánea se encuentra en juicio en la Corte Nacional de Justicia.

Ante este escenario, el Juez de esta causa aceptó la solicitud de la abogada Loor y difirió la audiencia para el domingo 1 de diciembre de 2024, considerando que ese tiempo será suficiente para que todos los abogados revisen los 57 cuerpos que componen el expediente del caso Triple A. Así como para que los abogados puedan organizar su agenda.

Sobre los abogados ausentes, el Magistrado ordenó la imposición de una multa contra ellos y solicitó a la Defensoría Pública, que comparezca a la nueva fecha para que pueda asumir la defensa de los investigados, en caso de que los abogados no vuelvan a asistir. De esta manera, anticipó, no habrá ningún otro diferimiento.