Caso Triple A: Con nuevos abogados, Aquiles Alvarez busca evitar el grillete, mientras Fiscalía pedirá su prisión

Con un nuevo equipo de abogados, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, insistirá en la audiencia de este martes 27 de mayo de 2025 en su pedido de no usar grillete electrónico, dentro del caso Triple A, que lo investiga por la supuesta comercialización ilegal de combustibles.

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En la misma audiencia y por la misma razón -la negativa del alcalde de utilizar el dispositivo de seguridad-, tres entidades pedirán su prisión preventiva: la Fiscalía de Guayas, la Agencia de Control de Hidrocarburos y la Empresa Pública Petroecuador.

Nuevo equipo legal

Aquiles Alvarez llegará a esta crucial audiencia acompañado de un nuevo equipo de abogados, a quienes designó como sus defensores técnicos la noche del 25 de mayo, 48 horas antes de la realización de la audiencia de mañana.

El nombramiento de su nuevo bufete jurídico se produce luego de que el miércoles 22 de mayo, el abogado Diego Córdova, del estudio ‘Iustitia Ecuador’ presentara su renuncia a la función legal que desempeñaba, alegando que la Constitución establece que “nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito”.

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“Renuncio y me niego de manera expresa a continuar con la defensa del señor Aquiles Alvarez, quien no estará en indefensión, ya que posee otra defensa técnica”, señaló Córdova en su escrito, en el que resaltó como razón el “incumplimiento contractual de su cliente”.

Tras esta renuncia, el alcalde nombró al estudio jurídico García Falconí y Asociados, del penalista y constitucionalista Ramiro García, para que lo represente en la audiencia de mañana, convocada para la revisión de medidas cautelares.

Expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, así como exdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García toma el caso Triple A, para defender al alcalde, junto a las abogadas Estefany Alvear y Katherine Barona.

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“Les autorizo para que presenten cualquier escrito en defensa de mis intereses, así como para que participen en todas las audiencias de esta causa”, señaló Alvarez ante el juez Renán Andrade, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

En esta sala judicial del cantón Quito (Pichincha) se tramita el denominado caso Triple A, en el que se encuentran vinculadas veinte personas, entre ellas el alcalde y cinco empresas de su propiedad y de sus familiares. También cuatro contadores y los propietarios de varias gasolineras fronterizas.

La teoría del caso Triple A

La Fiscalía sostiene que las irregularidades se presentaron tras la firma de contratos de venta de combustibles entre la empresa Copedesa y Petroecuador. Mediante convenios firmados por Aquiles Alvarez, Copedesa distribuyó combustibles a gasolineras sin supervisar que éstas lo comercializaban ilegalmente.

No obstante, en redes sociales, el alcalde ha dicho que no hay argumentos de convicción para que la Fiscalía solicite la prisión preventiva, que su vinculación es “una persecución política” y que “en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado”.

Para la audiencia prevista de este martes 27, el alcalde solicitó que la Fiscalía ponga en conocimiento de los procesados el informe del perito Rubén Darío Pazmiño, experto en derecho societario, quien realizó un informe sobre las empresas investigadas en esta etapa judicial.

El informe pericial societario -señaló el alcalde- no ha sido agregado al expediente fiscal ni puesto en conocimiento de las partes, a pesar de los diversos requerimientos presentados por varios de los sujetos procesales.

“Lo cual constituye una transgresión a nuestro constitucional derecho a la defensa. El referido informe constituye un elemento de descargo importante para varios de los procesados”.

Aquiles Alvarez, alcalde

El juez Andrade le dispuso al alcalde que utilice el grillete electrónico, además de que se presente periódicamente ante la Fiscalía, pero Aquiles Alvarez se ha negado a utilizar el dispositivo alegando que padece de una condición cardiológica que no es compatible con el uso del aparato de seguridad.

Según un certificado firmado por el cardiólogo Alfonso Zambrano, el alcalde sufre de un “cuadro clínico de hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística”, originada por una “obesidad en paciente con cirugía metabólica”.

El fiscal Carlos Alarcón rechazó que el alcalde haya incumplido la disposición del juez y recordó que “esta Fiscalía solicitó en la audiencia (del 9 de abril) la medida de la prisión preventiva”, planteamiento que será reiterado a las 08:30 de este martes 27 de mayo en la audiencia judicial.