"Se obligó a funcionarios a asistir a marchas con fines políticos", dice el ministro de Trabajo tras inspección a la Prefectura de Pichincha
El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones en la Prefectura de Pichincha y el Municipio de Quito para verificar si se obligó a funcionarios públicos a acudir a las marchas contra la Ley de los GAD el 4 de marzo de 2026.

Marcha de la Prefectura de Pichincha en los exteriores de la Corte Constitucional del Ecuador, el 3 de marzo de 2026.
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El Ministerio de Trabajo realizó una inspección en el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha, debido a las marchas que se realizaron el martes 3 y miércoles 4 de marzo de 2026 contra la recién aprobada reforma al COOTAD, conocida como Ley de los GAD.
El 3 de marzo, se llevó a cabo la marcha liderada por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el 4 de marzo, fue el turno del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
"El @mintrabajoec activó por una denuncia anónima, una inspección a la @PichinchaGob (Prefectura) y al @MunicipioQuito (Municipio) comprobando que se obligó a funcionarios a asistir a marchas con fines políticos; esto es inaceptable", publicó el ministro de Trabajo, Harold Burbano, en su cuenta de X, la noche del 4 de marzo.
Según Burbano, durante la inspección en la Prefectura de Pichincha, una funcionaria "rompió registros públicos y agredió al inspector del Trabajo", por lo que la Cartera de Estado ingresó una denuncia en la Fiscalía.
La denuncia ingresada es por el presunto delito de destrucción de registros y ataque y resistencia. Según consta en la denuncia, el incidente ocurrió a las 10:40 del martes 3 de marzo.
Además, el Ministerio de Trabajo remitió un informe a la Contraloría "para que actúe bajo sus competencias y determine responsabilidades".
La Prefectura de Pichincha no se ha pronunciado sobre este tema.
En tanto que el Municipio de Quito respondió a una consulta de PRIMICIAS que la marcha fue "convocada por la ciudadanía, padres de familia, maestros, talleristas, adultos mayores, artistas, entre otros beneficiarios de servicios sociales, para respaldar la entrega de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas del Cootad".
La entidad agregó que la marcha "se llevó a cabo en horas posteriores a la jornada laboral, en ningún caso la institución obliga a sus funcionarios a participar en este tipo de actividades".
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