El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pende de un hilo

La situación política en Perú atraviesa una nueva crisis. Durante el 9 de octubre de 2025, cuatro mociones de destitución fueron promovidas en el Congreso de Perú para declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado, Dilma Boluarte para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.

Entre los impulsores de las mociones para destituir a Boluarte estuvieron varios partidos cuyos líderes aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026. Dos de ellos son el ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga; y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

A su vez, el fujimorismo y el derechista partido Acción Para el Progreso (APP), los dos principales aliados de Boluarte en el Congreso, anunciaron su intención de apoyar la destitución de la gobernante, la más impopular de Latinoamérica al contar con una aprobación del 3%, según varias encuestas.

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Estos partidos, que forman parte de un desprestigiado Congreso que también cuenta con una popularidad que no supera el 5%, han respaldado a Boluarte desde el momento que asumió la Presidencia en 2022.

Boluarte llegó al poder luego de suceder a Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, cuando este protagonizó un fallido intento de golpe de Estado ante el temor de ser destituido por el mismo Parlamento por indicios de corrupción.