Nadie responde por el 'cementerio' de carros en Carcelén, convertido en un epicentro de inseguridad en Quito
La Policía y la Fiscalía evaden responsabilidades sobre un terreno lleno de vehículos incautados, mientras los vecinos enfrentan robos, ratas y miedo en el cementerio de carros de Carcelén, en el norte de Quito.
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Entre óxido, maleza y ruinas, el terreno parece suspendido en el tiempo. A primera vista, lo que se ve desde la transitada avenida Galo Plaza Lasso, al norte de Quito, es una gran estructura metálica corroída, con techos rotos y paredes vencidas que han revelado uno de los focos de inseguridad en la capital.
Pero basta acercarse un poco más para descubrir que se trata de un auténtico cementerio de vehículos: más de 150 automotores (desde volquetas hasta motocicletas) yacen abandonados en un terreno estatal colindante con el terminal terrestre de Carcelén, donde a diario transitan unas 7.000 personas aproximadamente.
Lo que alguna vez fue una propiedad incautada al narcotráfico, hoy es un foco de abandono e inseguridad que preocupa a vecinos, comerciantes y transeúntes.
Según registros municipales, el terreno aún figura a nombre de Jorge Hugo Reyes, vinculado en 1992 a una red de narcotráfico durante el operativo Ciclón, aunque se presume que hoy está en manos de la entidad estatal Inmobiliar.
Con 15.242 metros cuadrados de superficie y un valor catastral de USD 2,6 millones, su deterioro es visible y su custodia, cuestionable.
La voz de los vecinos: miedo, robos y abandono
“Este terreno es un basurero de carros, un foco de ratas y delincuencia”, dice Jimena, una comerciante que trabaja en el sector desde hace siete años. Ella ha sido víctima de siete robos y recuerda que hace apenas unos meses, dentro de una camioneta abandonada en este sector, apareció el cuerpo de una joven asesinada en el sur de la ciudad.
Paola, otra vendedora que lleva 14 años en la zona, coincide: “Antes trabajábamos hasta la noche, ahora cerramos a las 14:00 por miedo. Hay robos a toda hora, saqueos, indigentes durmiendo ahí. Y lo peor es que no hay presencia policial. Solo vienen si hay algo grave”.
Ambas mujeres cuentan que han encontrado ratas caminando entre los carros, que los olores se tornan insoportables y que incluso han tenido que pedir autorización para limpiar ciertas zonas. “Nos afecta porque vendemos comida, y los clientes ven eso y ya no regresan”, agrega Paola.
Los vehículos no solo dañan el entorno, sino que, para los ciudadanos, representan una pérdida económica evidente. “Ahí hay carros que podrían ser rematados y aprovechados, pero están ahí pudriéndose. El Estado debería hacer algo”, reclama Jimena.
Más que chatarra: un terreno sin responsables
No hay claridad sobre quién es el responsable de este terreno. En el ingreso principal, un policía y un guardia privado vigilan el acceso. Consultados por PRIMICIAS, explicaron que se trata de automotores incautados en operativos antinarcóticos.
No obstante, al consultar con la Policía Nacional, la institución respondió que el terreno es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado y que ellos solo prestan custodia.
Desde la Fiscalía, en cambio, se indicó que “la institución no cuenta con patios de retención vehicular” y que la competencia recae en la Dirección Provincial de la Policía Judicial de Pichincha.
Tras reenviar la consulta a la Policía Nacional, no hubo respuesta de ninguna de las dos entidades. Inmobiliar, presunto actual propietario del predio, tampoco respondió a los pedidos de información.
Un terreno con historia y sin futuro
La historia de este predio está marcada por el crimen organizado. Fue parte de los bienes incautados en uno de los mayores operativos contra el narcotráfico en los años noventa. Hoy, en lugar de justicia o recuperación, lo que se ve es ruina.
Dentro del terreno, las estructuras están colapsadas. Las dos casas construidas en los extremos del terreno lucen como luego de un bombardeo, con techos caídos, paredes agrietadas y la vegetación creciendo entre las grietas. Es el paisaje de una propiedad estatal olvidada.
Y en el entorno, el abandono no solo es visual: se siente en la vida diaria de quienes trabajan ahí. “Esto afecta a todo el barrio, da una percepción de que todo está botado. Y por eso aparece la delincuencia. Vivimos en zozobra”, lamenta Jimena.
Lo que está en juego no es solo el uso de un terreno estatal ni la gestión de vehículos incautados. Lo que preocupa, según relatan los habitantes, es la falta de responsabilidad clara entre instituciones, la nula respuesta estatal y el costo que esto tiene para la ciudadanía.
Comerciantes que trabajan con miedo, vecinos que se organizan para limpiar, y un paisaje urbano que habla del olvido institucional.
“Ellos no sufren (dice Jimena refiriéndose a las autoridades). Los que sufrimos somos nosotros, los del pueblo”.
En una ciudad que necesita recuperar espacios públicos, Carcelén da una muestra de lo que ocurre cuando el abandono se convierte en norma y nadie quiere responder. Mientras tanto, entre el ruido de buses y la rutina de vendedores, el cementerio de carros sigue creciendo.
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