Contraloría halla indicios de responsabilidad penal y sugiere glosas por USD 5,7 millones por contratos del Metro de Quito

El Metro de Quito está envuelto en un nuevo problema. Esta vez, por un examen especial ejecutado por la Contraloría General del Estado realizado entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Este período abarca las alcaldías de Jorge Yunda, Santiago Guarderas y Pabel Muñoz.

La entidad detalla que el informe DNA6-EP-0003-2025 corresponde al examen especial realizado en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ). El documento analizó, entre otras cosas: el 'Convenio de Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2: Construcción de las Obras Civiles, Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones'.

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Además, la Contraloría analizó los contratos que la Empresa Metro de Quito realizó para la 'Gerencia del Proyecto Metro de Quito”, “Fiscalización de la Fase 2”, “Adquisición y Financiamiento del Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipos y Herramientas de Taller y Lote de Repuestos” y  “Servicio de Puesta a Punto del Material Rodante en la Etapa Introductoria a la Operación”.  

En el informe, de 153 páginas, la entidad de control sostiene que "con justificación en los hallazgos identificados por el equipo de auditoría se han sugerido responsabilidades civiles (glosas) por USD 5’,7 millones y administrativas por USD 81.265".

Además, determinó que existen indicios de responsabilidad penal, que serán remitidos a la Fiscalía para el trámite pertinente. Entre los principales hallazgos están:

Seguros y mantenimiento de los trenes del Metro de Quito

La Contraloría señala que, en los contratos de servicios de seguros para los 18 trenes del Metro, así como para su mantenimiento preventivo y correctivo y el de los vehículos auxiliares, se evadieron los procedimientos de contratación pública.

Según el organismo, los procesos no garantizaron la concurrencia, ni los objetivos de eficiencia, legalidad y equidad. Tampoco hubo transparencia en la administración de los recursos estatales, ocasionando que el Municipio de Quito cancele a USD 2,6 millones al consorcio CL1, "correspondientes a costos indirectos del convenio de ejecución de obra que estaba establecido durante la fase de construcción".