Municipio de Quito busca cobrar la recolección de basura a las Juntas de Agua, pero choca con su autonomía legal
Tras el polémico traslado del cobro de la tasa de recolección de basura a la planilla de agua potable, el Municipio se fijó un plazo de seis meses para incluir a las juntas comunitarias en el pago del servicio. Sin embargo, los dirigentes y la ley de recursos hídricos podrían frenar esta intención municipal.
Trabajos de Junta Administradora de Agua Potable en Quito, 7 de mayo de 2025.
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Tomada de Facebook de Red de Juntas Administradoras de Agua Potable de Quito.
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El laberinto administrativo y social que enfrenta el Municipio de Quito por el cobro de la tasa de recolección de basura está a punto de abrir un nuevo frente de conflicto, esta vez en la ruralidad.
En su intento por ampliar la base de contribuyentes y diluir el impacto económico que ha generado incrementos de hasta un 2.300% en las facturas de agua potable, la administración local ha puesto la mirada en las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
Según la Empresa de Agua Potable, en el Distrito Metropolitano de Quito coexisten 94 juntas de agua que abastecen a las 33 parroquias rurales y periurbanas (zonas entre lo rural y urbano). Estos sistemas son independientes y, precisamente por esa autonomía, sus usuarios no han sentido el "golpe" del nuevo cobro de tasa de recolección de la basura. Sin embargo, el Municipio quiere cambiar esa realidad.
El plazo de los seis meses
Las autoridades municipales confirmaron que la ordenanza aprobada en diciembre de 2025 —con la que se trasladó el cobro de la tasa de recolección de basura a la planilla de agua potable— dejó una ventana abierta para integrar a estos sectores.
Verónica Sánchez, gerente subrogante de la Epmaps, explicó que la normativa incluye una disposición transitoria de seis meses para revisar el cálculo y hacer una "modulación" con las juntas de agua, reconociendo que, actualmente, "no son clientes del agua potable (municipal) y tienen su propio manejo".
Esta postura fue ratificada por Santiago Sandoval, secretario de Ambiente del Municipio, quien detalló que durante este semestre se evaluará al sector rural y a los sistemas de autoabastecimiento. El objetivo, según Sandoval, es "ampliar la cobertura territorial" de la tasa y cubrir los casi USD 96 millones anuales (unos USD 8 millones mensuales) que cuesta la gestión de residuos sólidos en la ciudad.
"No somos competencia del Municipio"
La intención del Municipio ya encontrado la oposición en las bases comunitarias. Jorge Simba, presidente de la Junta Administradora de Agua Potable Regional de Pifo —una organización que opera desde 1991 y abastece a 2.430 usuarios—, dijo a PRIMICIAS que no asumirán el rol de "agentes de retención de impuestos municipales".
"Lamentablemente, no somos competencia en ningún sentido, por cuanto somos una organización comunitaria que ha adquirido estos beneficios en base a lucha (...) a esfuerzo propio y a hombro de los comunitarios", dijo Simba.
El dirigente detalló que su junta cobra una tarifa de USD 4,22 por el consumo del agua (y que incluye el mantenimiento o reparaciones), y negó cualquier posibilidad de añadir rubros ajenos a su facturación.
El blindaje legal de las Juntas de Agua
Más allá de la resistencia dirigencial, la intención del Municipio de Quito se enfrenta a una barrera jurídica. Según el marco legal ecuatoriano, las juntas de agua no son entidades desconcentradas de los municipios, sino organizaciones sociales amparadas por el Estado central.
El artículo 48 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (Lorhuya) reconoce expresamente la autonomía financiera, administrativa y de gestión interna de los sistemas comunitarios.
El choque legal: Municipio vs. Juntas de agua
La intención municipal 👇
El blindaje de la Ley de Agua 👇
Regulación exclusiva 👇
Esto significa que ni el Concejo Metropolitano ni la Epmaps podrían obligar de manera unilateral a una junta a alterar su contabilidad o actuar como recaudadora de la tasa de basura. Además, la personería jurídica de estas juntas no es otorgada por el Municipio, sino por el Ministerio de Ambiente.
La regulación de sus tarifas tampoco recae en la competencia municipal. Según los registros y directrices de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), las juntas deben cobrar valores estrictamente calculados para cubrir los costos de operación, mantenimiento y potabilización.
El origen de la necesidad municipal
La urgencia del Municipio por sumar a las 94 juntas de agua al esquema de cobro tiene una base matemática originada en la crisis de octubre de 2025. Cuando el Gobierno Nacional prohibió el cobro de la tasa de basura en las planillas de luz argumentando que era "ilegal" indexarla al consumo eléctrico, el Municipio perdió el acceso a la base de datos de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), que contaba con 1,2 millones de usuarios.
El origen matemático de la crisis de basura
1. El escenario anterior (EEQ) +
2. El traslado y el 'efecto embudo' +
3. La mirada hacia la ruralidad +
Al verse obligado a trasladar la recaudación a la Epmaps, el Municipio tuvo que dividir el mismo costo operativo mensual (USD 8 millones) entre apenas 700.000 medidores de agua potable. Esta reducción del "universo" de pagadores provocó una serie de reclamos en febrero de 2026, con facturas exorbitantes para condominios y medidores compartidos.
Ante este escenario, mientras el Municipio intenta sortear las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por concejales de oposición, la cuenta regresiva de los seis meses sigue corriendo. Sin embargo, sin convenios voluntarios e individuales con cada una de las 94 juntas, la normativa nacional blinda a los sistemas comunitarios de agua potable frente a la política fiscal municipal.
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