La justicia ecuatoriana no ha podido hallar el certificado original de la supuesta muerte de alias 'Pipo'
La justicia archivó el caso por el delito de uso de documento falso debido a que el certificado original de defunción nunca apareció para realizar pericia grafológica.

Wilmer Geovanny Chavarria Barre, alias 'Pipo', junto a agentes de Policía en España, el 16 de noviembre de 2025.
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La funcionaria, cuya firma aparece en el certificado de defunción de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’, declaró que su rúbrica fue falsificada en el documento que respalda el registro de la muerte del máximo cabecilla de la organización terrorista Los Lobos, detenido en España.
María Esther V. M., una guayaquileña de 65 años, fue convocada por la Fiscalía en febrero y abril del 2021 para que rindiera testimonio porque su firma constaba en el certificado de defunción emitido por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), presentado por alias ‘Pipo’ para que un tribunal cuencano declare la extinción de su sentencia.
“Me causó asombro, puesto que jamás he incurrido en ningún tipo de delito, pero con la finalidad de cooperar con la investigación fiscal comparecí ante dicha Fiscalía”, declaró la funcionaria según consta en el expediente judicial por el caso de la muerte de Chavarría Barre.
El máximo cabecilla de Los Lobos fingió su muerte el 23 de febrero del 2021, en plena pandemia. Un documento del INEC, validado por el Registro Civil, daba cuenta del fallecimiento de 'Pipo' debido a una ‘neumonía por Covid-19’ que le provocó un infarto.
Con ese documento, sus abogados pidieron ante el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca que declare la extinción de la sentencia que tenía pendiente por el delito de robo con muerte, cuando asaltó una sucursal bancaria y durante la huida provocó un tiroteo que dejó tres muertos.
“Jamás he conocido y peor atendido al referido ciudadano investigado por un certificado de defunción del INEC, el mismo que presuntamente ha sido llenado y realizado por la suscrita, el mismo que impugno, tacho y rechazo en su totalidad y contenido por ser fraudulento, forjado y falso en su legitimidad”.
María Esther, funcionaria
A la par de su declaración, la funcionaria presentó una denuncia para que se investigue el delito de suplantación de identidad, del que aseguró que fue víctima “de manera inescrupulosa y dolosa”. “Han usurpado mi identidad y datos personales para protervos intereses personales, y, por último, m firma para el cometimiento del delito que denuncio”.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía por el delito de falsificación y uso de documento falso, que castiga cuando una persona “altera, modifica, simula o falsifica un documento o parte del mismo”, es decir cuando se adultera los componentes de un documento original.
“Nada tengo que ver en el documento del INEC que se investiga, en el que, perversamente, se hace aparecer que dicho documento haya sido elaborado por la suscrita profesional de la medicina, puesto que no conozco a la persona que refiere dicho documento del INEC, peor haberlo atendido, deslindo cualquier responsabilidad”, recalcó María Esther.
En la investigación de la Fiscalía se concluyó que la funcionaria no habría firmado el documento del INEC puesto que en la fecha que aparece en el acta María Esther se encontraba laborando en un centro médico particular.
Así mismo, las diligencias de la Fiscalía concluyeron que el documento del INEC fue subido de manera digital a la plataforma del Registro Civil, sin embargo, no se pudo hallar el certificado original para realizar pericias documentales o grafológicas.
“Para que exista una falsificación es necesario la presencia de un documento verdadero, físico, susceptible de peritaje o de posible cotejamiento lo cual permitirá al operador de justicia obtener elementos que lo ubiquen como alterado”.
Tribunal judicial
El caso fue archivado en 2023. Mientras tanto, un abogado de alias ‘Pipo’ se opuso la semana pasada a que un tribunal judicial de Cuenca declare nulo la extinción de la sentencia de 16 años de prisión, dictada en 2010, y que aún pesa contra el cabecilla de Los Lobos.
El defensor argumentó que no se ha declarado legalmente, "ni hay sentencia ejecutoriada", que el certificado de defunción de ‘Pipo’ haya sido falsificado.

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