Defensa de mujer asesinada junto a Mario Pineida pide reformular el delito a sicariato y la vinculación de una tercera persona

El proceso judicial por el asesinato del futbolista Mario Pineida y de la peruana Guisella Fernández sumó este 16 de enero de 2026 un nuevo paso, con la presentación de una acusación particular por parte de Mirtha Ramírez, madre de Fernández, en la Unidad Judicial Norte 1 Penal de Guayaquil. 

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Tobías Guzmán Galarza, abogado de la familia Fernández Ramírez, explicó que la acusación se dirige contra los dos procesados que actualmente enfrentan cargos dentro de la causa: Cristian Peláez y Jimnery Peña, detenidos en flagrancia por el crimen del futbolista del Barcelona SC. 

“Antes de que termine el plazo de la instrucción fiscal, hemos presentado la acusación particular respectiva a los dos sospechosos de este crimen que ya se encuentran procesados”, señaló el abogado Guzmán. 

Pedido para reformular el delito a sicariato

La defensa de la familia Fernández Ramírez solicitó formalmente que el delito sea reformulado de asesinato a sicariato, al considerar que existen elementos que evidencian una estructura organizada y pagos previos al crimen.

"Existen los elementos que demuestran que existió una organización delictiva en donde participaron personas que recibieron dinero por el seguimiento, el servicio y creemos que existe también un precio que recibieron los sicarios".

Tobías Guzmán, abogado de la familia Fernández Ramírez

Según la explicación del abogado, la investigación ha permitido establecer una división de roles: Peláez habría realizado el seguimiento de las víctimas, mientras que Peña habría gestionado transferencias bancarias relacionadas con ese seguimiento.

La orden la dio alias 'Katire'

De acuerdo con la defensa, dentro del proceso constan transferencias por alrededor de USD 3.000 que ingresaron a la cuenta de la madre de Jimnery Peña, desde donde se habría realizado un pago de USD 200 a Peláez por el seguimiento de las víctimas.

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“El señor Peláez indica que a él le contrataron para dar el seguimiento y que por aquello recibió USD 200”, detalló Guzmán, quien añadió que estos movimientos económicos son uno de los principales indicios que sustentan el pedido de sicariato.

Según lo expuesto por la defensa, Cristian Peláez habría señalado que la orden para realizar el seguimiento provino de una persona identificada con el alias “El Katire”. Además, Guzmán señaló que las personas mencionadas como parte de esta estructura son de nacionalidad venezolana.

Vinculación de una tercera persona 

Como parte de la acusación, la defensa también solicitó la vinculación de una tercera persona, identificada como Yohervy M.

Según el abogado Guzmán, esta persona habría prestado una cuenta bancaria para recibir el dinero que luego se usó en los pagos relacionados con el crimen.

El juez de la causa, Jaime Coello, fijó para el 20 de enero de 2026 la audiencia de formulación de cargos, a pedido del fiscal Miguel Vélez. 

La diligencia extenderá la instrucción fiscal por 30 días adicionales, plazo que, según la defensa, concluiría a mediados de febrero de este año. 

Además, la acusación particular deja abierta la posibilidad de solicitar nuevas vinculaciones.

"Estamos pidiendo la vinculación a otras personas, que Fiscalía todavía no se ha pronunciado, sobre los dueños de los vehículos que también participaron en este hecho".

Tobías Guzmán, abogado de la familia Fernández Ramírez

Investigación en curso y sin hipótesis cerradas

Guzmán recalcó que, hasta el momento, no se ha determinado quién era la víctima específica del ataque ni el móvil del crimen, y que la defensa se acoge a los avances de la investigación policial y fiscal.

La defensa anunció que su prioridad no es una reparación económica, sino evitar que el caso quede en la impunidad y que se establezcan todas las responsabilidades.