Entrenadora implicada en secuestro en gimnasio de Los Ceibos, en Guayaquil, tenía RUC de betunera

No era a la empleada de un colegio privado de Guayaquil a quien buscaban los cinco secuestradores que irrumpieron en un gimnasio de Los Ceibos, y que el miércoles 27 de agosto de 2025 fueron detenidos durante un operativo realizado por la Policía Nacional.

La banda buscaba a una mujer que se movilizaba en una camioneta gris doble cabina, rasgos muy diferentes al vehículo Toyota Rush en el que había llegado la víctima, según las versiones recogidas por la Fiscalía en la investigación, que arrancó la madrugada del jueves 5 de junio.

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A las 05:01 de ese día, Andrea N., de 54 años, empezaba su rutina de ejercicios en el gimnasio cuando fue sorprendida por varios sujetos que, con armas de fuego y usando gorras y pasamontañas, entraron a las instalaciones del local y se la llevaron en contra de su voluntad.

“Yo llegué al gimnasio a las 05:01, subí, dejé mis cosas en el casillero y me puse a calentar, en eso entró una señora y se fue al lado contrario donde yo estaba, al minuto siguiente entraron cinco o seis hombres, me miraron y me dijeron ‘ven tú’”, declaró Andrea ante la Fiscalía.

Obedeciendo a los secuestradores, bajó las escaleras, pasó por el vestíbulo del edificio y se detuvieron ante una camioneta gris doble cabina cuando uno de los secuestradores le dijo “ella es la de la camioneta gris”.

“Yo, enseguida, le dije ‘yo no soy de la camioneta gris, vine en un Toyota Rush, yo no soy, busque a la persona’, igual me dijeron ‘entra’. Me pusieron un antifaz para que no vea, había dos hombres adelante y dos hombres atrás, uno me tenía agachada la cabeza para que no vea nada”.

Andrea N., víctima

La camioneta arrancó a velocidad y a la altura de la avenida Perimetral se cambiaron de vehículo. Avanzaron por un camino irregular, por un tramo de piedras. Luego la movilizaron a un tercer carro, hasta una casa con escaleras de piedra. La sentaron en el suelo y después en una silla de madera. Así la tuvieron por un rato.

“Yo pregunté que querían y me dijeron ‘no pregunte nada’, yo escuchaba gallos, gallinas, niños, señoras, había gente en los alrededores, al rato llegó una moto, y bajó alguien a ponerme un celular en la boca y otro hablaba lo que tenía que decir y el otro me ponía un cuchillo en la garganta”, relató la mujer, que resistía con fortaleza los minutos de terror.

Los secuestradores le obligaron a decirle a su esposo que les depositara USD 50.000 hasta el mediodía, de lo contrario le cortarían los dedos: “Después de esa llamada, todo enmudeció”.

Tan pronto la secuestraron, los familiares de Andrea conocieron de la noticia. Su esposo acudió al gimnasio, pidió que revisaran las cámaras de vigilancia y llamó a la Policía.

“A las 06:15 recibo varios mensajes que me indicaban que tenían secuestrada a mi esposa, me exigían USD 60.000 a cambio de su liberación, y si no cumplía dichas exigencias la iban a matar”.

Manuel, esposo de la víctima

Comité de crisis

Al tratarse de un delito de secuestro extorsivo, intervino la división policial de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) y se conformó el llamado comité de crisis, integrado por familiares que designaron al esposo de Andrea como el interlocutor ante los secuestradores.

“Al comité de crisis se le da a conocer los riesgos que podría generar este tipo de casos. El comité asume la total responsabilidad de la toma de decisiones que se presenten y se ejecuten en el transcurso del caso”, explicaron agentes de la Unase ante la Fiscalía.

En una de las llamadas, los secuestradores exigieron que el gimnasio elimine los videos que circulaban en las redes sociales bajo la amenaza de poner una bomba en el local. Y en horas de la tarde, le enviaron al esposo de la víctima un video en el que se observa la mutilación del dedo meñique de Andrea.

“Al no soportar el dolor que estaba pasando mi familia decido hacerles un ofrecimiento por el valor de USD 2.000, somos una familia de bajos recursos, le supliqué que cojan USD 2.000. En ese momento se llegó a un acuerdo y me enviaron una cuenta de banco”, narró Manuel.

Enseguida hizo el depósito y envió el comprobante a los secuestradores. Alrededor de las 17:30, desde un número desconocido, su esposa desesperada le contó que la habían dejado abandonada a la altura del hotel Las Palmas, en la vía a Daule.

Investigación de la banda

El secuestro terminó para Andrea, pero la investigación policial recién comenzaba. Con la información de la cuenta a la que se hizo la transferencia, los agentes de la Unase ataron los cabos para desarticular a la banda delictiva.

Así, el pasado miércoles 27 de agosto, cayeron cinco de los implicados en el secuestro extorsivo de Andrea: Edgar Ramiro M. Q., Emily Gabriela A. S., Roger Iván C. S., Braulio José C. H., y la instructora del gimnasio Leslie Leonor L. M.

Los abogados de los detenidos pidieron que el juez les dictara medidas no privativas de libertad, incluso hubo alguien que alegó una enfermedad catastrófica como argumento para evadir la prisión que dispuso el juez de la Unidad de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil.

Leslie Leonor llevaba menos de tres meses como entrenadora en el gimnasio. Su abogado Patricio Camino, quien se desempeñó de 2018 a 2022 como director del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, pidió que se le cambie la medida de prisión por otra menos rigurosa, tras alegar que la Fiscalía no presentó videos o la explotación de su teléfono celular como pruebas para vincularla en el delito de secuestro extorsivo.

En agosto de 2023, la instructora física había registrado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) que se dedicaba a “actividades de limpiabotas (betuneros), portadores de maletas y de personas encargadas de estacionar vehículos.

Su RUC fue actualizado con esta misma actividad en abril de 2025, luego pasó a trabajar en el gimnasio. La Policía sospecha que ella cumplía la función de perfilar a los clientes que podían ser sujeto de secuestros extorsivos.

“Se recomienda a la ciudadanía entregar la menor cantidad de información posible a las personas que apenas inician a conocer”.

Francisco Zumárraga, comandante policial de la Zona 8

Leslie Leonor no registra antecedentes penales, al igual que otros tres miembros de la banda. No así Braulio José C. H., de 35 años, quien registra al menos ocho procesos judiciales, entre ellos dos por delitos como tenencia de armas y, en tres ocasiones, por usurpación de funciones.

Cabecilla 'teniente Sarango'

Por este último delito, Braulio José fue llamado a juicio y sentenciado a siete y luego a ocho meses de prisión, porque vestido de Policía se hacía pasar como agente antinarcóticos y engañaba a otros policías.

En una de las denuncias presentadas en su contra, dos policías señalaron que en septiembre de 2013 Braulio José los interceptó mientras ellos caminaban por la esquina de las calles Quito y Padre Solano, y se presentó como “el teniente de policía Sarango, de la unidad Galaxia y que pertenecía a la sección antinarcóticos”.

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Luego les pidió que aborden el vehículo en que se movilizaba y varias cuadras más adelante, con el mismo argumento, hizo subir al carro a otros dos policías. A los cuatro uniformados, Braulio José les pidió sus números telefónicos, les indicó que luego los llamaría para un operativo y les dijo que se bajaran, que estuvieran pendientes.

En un segundo caso de usurpación de funciones, Braulio José -con domicilio en Flor de Bastión- fue detenido en 2013 al ser descubierto por la Policía cuando -vestido con uniforme policial- se presentaba como el ‘teniente Sarango’ y entraba a los colegios con la excusa de hacer operativos antidrogas.

Antonio Suárez, entonces rector del colegio Leonidas García, había enviado oficios al distrito policial de Florida y Pascuales solicitando resguardo policial. Por eso no le pareció raro que dos hombres con uniforme y camioneta con logotipo policial se presentaran para hacer requisas.

“En ningún momento sospechamos que eran agentes falsos, porque manejaban los implementos de policías como la radio, esposas, y se lo escuchaba comunicarse con un capitán, por lo que les dimos las facilidades”.

Antonio Suárez, exrector

Dentro del plantel, Braulio José pidió ayuda a unas profesoras para requisar a las alumnas, incautó teléfonos celulares -y luego devolvió aquellos de menor gama-, y también decomisó droga. Incluso se llevó a los alumnos infractores y luego los retornó al colegio señalando que había llegado a compromisos con ellos para que eviten el consumo de drogas.

Por el actual delito de secuestro extorsivo, Braulio José y el resto de la banda se encuentran detenidos en centros de rehabilitación social, mientras la víctima del gimnasio, con el apoyo de su familia, recibe tratamiento para superar el estrés postraumático del cautiverio.