Así es como la mafia albanesa buscaba información de inteligencia militar a cambio de USD 300.000, según la Fiscalía

El 21 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) rastrearon una 'caleta' y decomisaron 22 toneladas de cocaína en Vinces, provincia de Los Ríos. Esa ha sido la incautación más alta en la historia del país. Sin embargo, nunca se pudo establecer a qué organización criminal pertenecía la droga. 

Más de un año después, un caso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos en contra de tres militares en servicio pasivo da pistas de que esa droga pertenecería a la mafia albanesa. 

El 25 de enero de 2025, María Fernanda Castro, jueza Anticorrupción, dictó un sobreseimiento a favor de los tres militares retirados. Sin embargo, Santiago Requelme, fiscal de la Unidad Antilavado, apeló esa decisión asegurando tener evidencia de que los exuniformados trabajaban para el crimen organizado.

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El decomiso y la captura

39 días después del histórico decomiso en Vinces, el 29 de febrero de 2024, la Policía Nacional anunció la captura de tres militares —dos en servicio pasivo y uno en servicio activo— en el norte de Quito. Los sujetos tenían cerca de USD 100.000 en su poder y no pudieron justificarlos.

Inicialmente, los uniformados fueron procesados por lavado de activos. Posteriormente, el caso se reformuló y se mantuvo el delito inicial pero se añadió la delincuencia organizada en concurso real de infracciones. El 10 de enero de 2025, Requelme acusó a los tres y dio a conocer su dictamen fiscal.

El día de la captura —que ocurrió a las 17:30 en un conocido restaurante de comida rápida en la avenida Patria, en el centro norte de Quito—, Orlando Jiménez, uno de los procesados, conducía un vehículo negro. En el asiento del copiloto estaba Héctor Castillo y en el asiento posterior Jairo Arteaga.

Junto a Arteaga, los agentes encontraron una funda plástica blanca con USD 94.842 en efectivo. Los uniformados contabilizaron 917 billetes de USD 100 y 30 más de la misma denominación, pero que eran falsos.

Horas antes, los involucrados habían salido desde Quevedo, en Los Ríos, rumbo a Quito. Según la Fiscalía, el dinero provenía de una organización delictiva para que lo entregaran a Juan Manuel S. J. y Efrén Gustavo J. R., agentes de inteligencia militar en servicio activo.

Según la teoría del Ministerio Público, a cambio de este soborno, los agentes militares debían entregar información sobre el decomiso de las 22 toneladas de cocaína en Vinces. Específicamente, querían saber quién había sido el informante de las Fuerzas Armadas para esa captura.

En busca del 'soplón'

Héctor Castillo, quien en esa época era militar en servicio activo, trabajaba en el Departamento de Inteligencia Militar de Los Ríos y habría sido el enlace con los otros agentes que estaban en la capital. Los contactó y pidió información a cambio de dinero. A diferencia de Jiménez y Arteaga, a Castillo no le dictaron prisión preventiva.

Cuando fueron capturados, las autoridades accedieron a los teléfonos de los tres involucrados: sus mensajes de texto dieron pistas de para quién trabajaban. Incluso, estos chats revelaron que la intención era mantener a Castillo en las FF. AA. para "otros trabajos".

En esos chats, las pericias revelaron que los involucrados hablaban de repartirse el dinero, de reclutar a los agentes de inteligencia, de buscar al "sapo" y planificaban el viaje a Quito. 

Además, entre las evidencias de la Fiscalía están, por ejemplo, las versiones y testimonios de Juan Manuel S. J. y Efrén Gustavo J. R. El segundo informó que Castillo lo había llamado dos veces. En una de estas conversaciones le habría dicho que "los duros de la mafia albanesa estarían pagando USD 300.000 para obtener información" sobre el decomiso de Vinces. Esa llamada fue grabada.

"Tú puedes coger la mitad y yo la (otra) mitad. No te voy a comprometer, nadie te va a ver la cara, puro billete de cien", fue otra de las frases mencionadas por Castillo según la transcripción que el fiscal Requelme leyó en la audiencia y a la que PRIMICIAS accedió.

Según esa conversación, la mafia albanesa quería llegar al informante para evitar un nuevo golpe porque "esa bodeguita (la caleta de las 22 toneladas) ha sido pequeña y tiene miedo que les caigan a la de 70 toneladas".

Entonces, Efrén Gustavo J. R. reportó a sus superiores sobre la oferta y le instruyeron que le siga la corriente. En una nueva videollamada, Castillo le habría mostrado cuatro fajos de billetes. Y, el 29 de febrero, le habría dicho que ya estaba en Quito y le mostró la funda del dinero. 

Juan Manuel S. J., en cambio, habría sido contactado a través de chats por Castillo. Acordaron encontrarse el 29 de febrero en Quito, cerca a donde los procesados fueron detenidos. Ahí le habría pedido información sobre el decomiso de las 22 toneladas a cambio de USD 20.000. Pero, él se negó.

El sobreseimiento

Durante la audiencia preparatoria de juicio, Víctor Rivadeneira, abogado de Héctor Castillo, aseguró que su defendido no tenía ni un centavo al momento de la captura. Además, que él habría logrado justificar el origen de USD 20.000 del total, que es lo que le pertenecía.

Según las versiones de los procesados, los tres tenían planificado comprar un camión para vender productos de campo y cada uno puso una parte. Jiménez, incluso, llegó a decir que sus más de USD 30.000 salieron de la venta de naranjas.

Además, Rivadeneira explicó que en los chats de Castillo con Juan Manuel S. J. y Efrén Gustavo J. R. "lo que hace es buscar determinada información, información que en ningún momento logra consumarse". Por lo que, según Rivadeneira, nunca hubo un delito.

Por su parte, Omar Herrera, defensor de Orlando Jiménez (el conductor), dijo que el caso había nacido viciado, ya que la Fiscalía basa su acusación en los testimonios anticipados de los agentes Juan Manuel S. J. y Efrén Gustavo J. R., quien aceptan que sabían del supuesto delito antes de la captura y no lo denunciaron, pero tampoco han sido procesados. 

Finalmente, José Moreno, abogado de Jairo Arteaga, indicó que según los chats, los procesados tenían USD 300.000 para entregar a los agentes de inteligencia. Lo cual no es verdad, por lo que esos mensajes no se pueden comprobar. Además, explicó que su representado nunca habló con estos agentes.

Además, Moreno dijo que el fiscal Requelme no solicitó al perito que se establezca la trazabilidad y el origen de los más de USD 90.000 que se encontraron en la captura. Por lo que no se puede determinar la existencia de un lavado de activos.

Tras valorar las evidencias aportadas por la Fiscalía y las defensas, la jueza María Fernanda Castro indicó en su resolución oral que el Ministerio Público "no ha demostrado que la conducta de las personas procesadas haya encajado en el delito de delincuencia organizada".

Respecto a los chats y la llamada grabada, la Magistrada expresó que "se requiere mayores elementos de convicción que respalden al contenido de los chats como son seguimientos, interceptación de llamadas, allanamientos y beneficios económicos demostrados, a través de transacciones, que evidencien en una pericia contable que los tres procesados fueron auspiciados por un grupo delictivo".

Por estas razones, Castro concluyó que los elementos expuestos por el fiscal Requelme eran insuficientes por lo que dictó un auto de sobreseimiento a favor de Jairo Arteaga, Héctor Castillo y Orlando Jiménez. Es decir, no irán juicio y quedan libres de los cargos.

Aunque, de inmediato, Requelme apeló el fallo. Ahora, dependerá de un Tribunal Anticorrupción que este fallo sea revocado y que los procesados vayan a juicio. Si se ratifica la decisión de la jueza Castro, el caso terminaría con su ratificación de inocencia.