Penitenciaría del Litoral acumula este año más muertes que todas las masacres carcelarias reportadas entre 2021 y 2024

La crisis humanitaria y sanitaria se agrava en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, mejor conocido como la Penitenciaría del Litoral, ubicada al norte de Guayaquil. Un 8% de la población de esta cárcel murió entre enero y septiembre de 2025, principalmente a causa de tuberculosis y desnutrición crónica.

Según denuncia el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, este año ya han fallecido 592 detenidos en la Penitenciaría una cifra que supera los 567 reclusos asesinados en las masacres carcelarias registradas en todo el país, entre 2021 y 2024.

Un informe del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) detalla que de los fallecimientos reportados en la Penitenciaría entre enero y septiembre de este año, 296 corresponden a muertes naturales, 258 a casos por determinar y 38 a muertes violentas.

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La prisión se ha convertido en el centro penitenciario más mortífero del país, por la violencia histórica que ha sufrido desde 2021 —acumula una decena de masacres carcelarias—, pero ahora concentra también la mayor cantidad de muertes catalogadas como “naturales” o todavía pendientes de clasificar.

Epidemia de tuberculosis y hacinamiento crítico

La Penitenciaría del Litoral concentra el 77,89% de las muertes carcelarias registradas en 2025 en Ecuador. El pasado 18 de noviembre, el Servicio de Criminalística de la Policía levantó los cuerpos de diez reclusos que murieron por tuberculosis y los cadáveres con signos de desnutrición crónica están llegando al centro de medicina legal en Guayaquil a un ritmo de hasta 30 por semana. 

El centro penitenciario, ubicado en el complejo de cinco cárceles del norte de Guayaquil, tiene capacidad para 4.519 personas privadas de libertad, pero en lo que va del año registra un promedio de 7.250 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 60%. Por cada diez plazas disponibles, hay 16 personas ocupándolas.

Las condiciones de hacinamiento incrementan los riesgos de violencia, motines y disputas entre pabellones, además de generar el colapso en servicios básicos como agua, salud y alimentación, según alertan organismos de derechos humanos.  Esta situación también aumenta la transmisión de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y favorece el control de grupos delictivos porque el Estado pierde capacidad de administrar un espacio saturado.

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El ministro del Interior, John Reimberg, ha reconocido públicamente en las últimas semanas el grave problema que representa el hacinamiento para el sistema carcelario. Tras el inicio de operaciones de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, el Gobierno anunció su intención de construir una cárcel de mediana seguridad con capacidad para 15.000 detenidos. La idea, según Reimberg, es distribuir mejor a los internos para evitar que las prisiones más saturadas se conviertan en "centros de poder" para grupos criminales.

¿Un crimen de lesa humanidad?

Fernando Bastias, abogado y activista del CDH, considera que las muertes bajo custodia del Estado por falta de atención médica y de alimentación agravan una crisis carcelaria marcada por la violencia. 

Bastias responsabilizó a la militarización: "Los privados de libertad fallecidos en cárceles de Guayaquil durante 2025 son el resultado de la ocupación militar, porque las Fuerzas Armadas desplazaron al SNAI en la gestión penitenciaria, en la atención médica, la alimentación y la rehabilitación”, dijo.

El CDH exige la declaratoria de emergencia del Sistema de Rehabilitación Social, calificando estas muertes como evitables y las condiciones de detención como inhumanas. "Estos hechos podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad", advierte la entidad, que activa acciones legales y ratifica que "la militarización ha producido más muertes anuales que las masacres carcelarias".

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En los primeros meses del año se registraba un promedio de 37 decesos mensuales en la Penitenciaría del Litoral, pero desde julio pasado se registró un aumento crítico con hasta 87 muertes mensuales en esa prisión, según un informe de octubre de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). 

El documento presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señala que la crisis sanitaria en el CPL Guayas N°1 “evidencia un patrón persistente de negligencia estructural”. La mortalidad es mayor en los pabellones 1, 12, 8 y 2 de la Penitenciaría, que acumulan más de la mitad de decesos, pero la afectación es extendida e impacta a los pabellones 4, 7, 11 y 5, añade el organismo.

“La carencia de formación específica del personal militar en manejo de salud penitenciaria derivó en la suspensión de tratamientos esenciales, contribuyendo a la mortalidad de internos por tuberculosis”.

Organización Mundial contra la Tortura.

Organizaciones denuncian "masacre carcelaria” latente y progresiva

El pasado 20 de noviembre, 25 organizaciones sociales y de derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto alertando sobre una "masacre carcelaria permanente y progresiva" en la Penitenciaría del Litoral, sostenida desde marzo de 2024 y agudizada durante todo 2025, señalan.

Las organizaciones denunciaron que esta "masacre" está siendo ejecutada por funcionarios públicos al permitir la degradación de las condiciones de detención, negando alimentación adecuada, atención médica, acceso a medicinas y condiciones higiénicas dignas. 

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"Permitir que las personas mueran bajo custodia del Estado, de la forma en la que el Estado lo está haciendo, equivale a cometer ejecuciones extrajudiciales".

Organizaciones de Derechos Humanos.

• Las organizaciones exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acepte las medidas cautelares solicitadas en febrero de 2025.
• A la Corte Constitucional piden que suspenda el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 218 que entrega la gestión del centro a las Fuerzas Armadas en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada, y pendiente de admisión a trámite.
• Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le solicitan que emita una alerta urgente al Estado ecuatoriano.
• A la Defensoría del Pueblo, que active los mecanismos "para detener la masacre que se está perpetrando en las cárceles de Guayaquil e informe urgentemente al Subcomité contra la Tortura".  
• Y al Gobierno Nacional, que implemente acciones urgentes para garantizar la vida de los reclusos.

Entre enero y septiembre de 2025 fallecieron 760 reclusos en todo el sistema carcelario del Ecuador: 358 por causas naturales, 297 sin causa determinada y 105 de forma violenta. Se trata de más del doble de las muertes registradas en todo 2024 en las cárceles, cuando el SNAI reportó 322 fallecimientos.