"Mi hijo estaba esposado y tres policías le propinaron una paliza", denuncia una mujer en Guayaquil

Tres policías en servicio activo podrían ser sentenciados hasta con tres años de prisión por el delito de ‘extralimitación en la ejecución de un acto de servicio’ tras golpear a un hombre esposado y provocarle heridas que le llevaron hasta la unidad de cuidados intensivos.

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La audiencia de formulación de cargos se cumplió el 28 de octubre de 2025, en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, donde la Fiscalía acusó a los policías Cristhian Marcelo V. T., Darwin Armando L. P. y Alexander Felipe C. V. como “autores directos y responsables” del delito de extralimitación de funciones.

Este delito está previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se produce cuando las lesiones provocadas en la víctima superan los 31 días de incapacidad, como le sucedió a Rubén Darío R. A., de 34 años, quien fue apresado el 21 de mayo de 2023 en el patio de comidas de un centro comercial en el norte de Guayaquil.

“Aproximadamente a las 19:00 fue detenido por adeudar prestación de alimentos, luego ha sido llevado hasta el UPC Kennedy 1 donde mi hijo fue incomunicado, torturado y agredido físicamente, encerrándolo en un cuarto de dicho UPC. Siendo esposado, arrojado al piso, estos tres policías le han propinado una paliza”.

Francisca Marlene A. L., madre de la víctima

A Rubén Darío le echaron gas pimienta y, en el piso, los policías lo patearon en sus costillas, en el tórax, en el rostro, en sus brazos, en sus piernas. “Se pararon encima de su cuerpo hasta dejarlo inconsciente, además se le sustrajeron sus pertenencias como billetera con documentos personales, monedero, chompa, dinero, cadena de oro, reloj y celular”, contó la madre.

Mientras que la Fiscalía expuso que luego “el hombre fue trasladado al UPC Modelo, pero debido a los problemas pulmonares que presentaba debido a los golpes fue trasladado a la Emergencia del hospital Abel Gilbert, del suburbio de Guayaquil, donde requirió drenajes pulmonares por acumulación de sangre y permaneció en la unidad de cuidados intensivos”, expuso la Fiscalía.

En el hospital, Rubén Darío fue ingresado y permaneció con pronóstico reservado. Le practicaron una ecografía que reveló traumatismos en el tórax debido a las agresiones sufridas, según revelaron los informes de los médicos que lo atendieron.

“Se evidencia trauma cerrado de tórax por objeto contundente, hemotórax izquierdo, también se verifica que existe un drenado o tubo de tórax de salida de 2.500 ml. En conclusión, la víctima tiene una incapacidad o enfermedad para el trabajo de 31 días”, señala el historial clínico del hospital Abel Gilbert Pontón.

Este informe revela que Rubén Darío fue agredido en poder de los agentes, pues el parte policial señala que cuando fue detenido “no tenía ningún tipo de lesión”, mientras que servidores del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral) reportaron que recibieron a la víctima con las lesiones y que por ello lo derivaron a un hospital del Ministerio de Salud.

“Los agresores actuaron sin justificación de ninguna causa, mucho más considerando que ya estaba neutralizado el privado de libertad. No se entiende por qué realizaron cualquier acto de uso excesivo de la fuerza”.

Christian Farez, fiscal

La Fiscalía pidió para los policías medidas cautelares que fueron aceptadas por la jueza Nelly Parrales, entre ellas la presentación periódica los miércoles cada 15 días, además de la prohibición de salida de país y de acercarse a la víctima, entre otras medidas de protección.

Durante la audiencia, los policías implicados en este caso se acogieron al silencio y fueron sus abogados los que expusieron ante la jueza que estaban de acuerdo con las medidas dispuestas por la Fiscalía.

Uso progresivo de la fuerza

El caso de Rubén Darío R. A. pone sobre la mesa el análisis de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que está en vigencia desde agosto de 2022, con su reglamento aprobado en junio de 2023, documento que ha sido analizado por expertos en seguridad.

Esta normativa establece que los uniformados, policías o militares, ante una amenaza deben, en primer lugar y “en la medida de lo posible”, usar medios no violentos como la negociación y la verbalización antes del empleo de la fuerza física, armas no letales o armas letales.

Las leyes señalan que el uso de la fuerza o de instrumentos de coerción deben aplicarse de manera “excepcional y diferenciada”. Incluso, la normativa establece que durante un operativo los agentes del orden deben identificarse y advertir que van a disparar.

Expertos en materia de seguridad como la criminóloga Alexandra Mantilla han analizado esta temática y consideran que antes de la vigencia de la nueva ley del uso progresivo de la fuerza “había todo un proceso previo para que un policía pudiera disparar o defenderse” y “el uso progresivo era eso, progresivo”.

“El policía dice ‘alto policía’, cálmese, primero tiene que verbalizar, luego tomar distancia, eso era antes, actualmente el nuevo proceso del uso de la fuerza se vuelve un proceso dinámico en que no se necesita verbalizar, no se necesita hacer nada, el policía saca la pistola y dispara cuando siente que su vida está en peligro”, explicó.

Como instructora de cursos a agentes de seguridad, Mantilla ha recalcado que “en un estado de derecho tenemos que entender que cuando el uso de la fuerza se vuelve dinámico, esa dinamicidad va a meter en más problemas al Estado”.