El drama de un sobreviviente de sicariato: sin movilidad, ayuda estatal, ni respuestas

Como todos los días, el 23 de junio de 2023, Carlos Ortuño tomó su vehículo y salió de su casa -en una urbanización del Valle de Los Chillos- rumbo a su oficina en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito.

Pero, desde el inicio el trayecto fue extraño. Apenas salió de su urbanización, detrás de él salieron dos vehículos. Uno era de uno de sus vecinos y el otro era un automóvil gris, que circulaba con una velocidad y una agresividad fuera de lo normal.

Ortuño se dio cuenta de que, en todo el camino este automóvil venía atrás suyo, a unos cuatro vehículos de distancia. Eso le causó algo de preocupación, pero continuó por su ruta habitual hasta la calle Jerónimo Carrión, en dónde está el ingreso a su oficina, en el edificio de la Bolsa de Valores de Quito.

Cuando se estacionó en la puerta del garaje, Carlos Ortuño debía esperar unos segundos hasta que el guardia de seguridad abriera la puerta. 

Pero en esos instantes el vehículo gris que lo venía siguiendo frenó a raya a pocos metros del suyo y por los retrovisores, Ortuño vio que se bajaron dos personas armadas y se acercaron a su ventana.

 Pensó que le iban a robar. Pero -de manera intempestiva- uno de los sujetos empezó a dispararle, causándole tantas heridas que su ropa y su auto se llenaron de sangre en segundos.

El hecho fue noticia nacional. En medio de la peor crisis de seguridad de la historia ecuatoriana y plena zona turística y comercial de la capital, un abogado había sido baleado. 

Por la violencia del atentado y los impactos de bala, se temía lo peor. Incluso, en las redes sociales se hablaba de un asesinato. Pero, Carlos Ortuño sobrevivió.

• En este enlace puede colaborar con la recuperación del abogado Carlos Ortuño.

Un diagnóstico complicado

Casi 16 meses después de aquel ataque, el abogado quiteño de 37 años recibió a PRIMICIAS en su casa. Relata que estuvo totalmente consciente cuando llegaron los paramédicos y rompieron el vidrio de su vehículo para atenderlo.

Recuerda a la perfección como lo llevaron al Hospital Eugenio Espejo y escuchó cuando los médicos hablaban de su estado de salud y emitían su diagnóstico. En ese momento, Ortuño no entendía bien a qué se referían.

Después comprendió que fue baleado y que heridas  que los proyectiles causaron en su cabeza, cuello y vértebras le causaron una cuadriplejía. Es decir, perdió la movilidad en sus extremidades. 

Un sentenciado y dos prófugos

Lo que aún no comprende es por qué él fue el objetivo de ese atentado. Si bien es abogado, Ortuño se había dedicado a temas corporativos, sobre todo, asuntos mercantiles. Nunca litigó en casos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, política o corrupción, no recibió amenazas, ni recuerda tener enemigos.

Tampoco la justicia ha logrado determinar qué fue lo que pasó. Ese mismo día, horas después, fue detenido Jesús Ramón Párraga Rojas, quien fue identificado como la persona que disparó contra Ortuño.

Sin embargo, este sujeto se acogió al derecho al silencio y no quiso señalar a quienes lo contrataron. Lo único que dijo es que les pagaron USD 1.000 por ese sicariato y que durante el seguimiento al abogado  le tomaron una foto y quienes los contrataron les confirmaron que él era la víctima.

Luego de cometer el crimen, Párraga se subió al vehículo -junto al otro hombre armado- y se fueron a toda velocidad. Cerca de la avenida Simón Bolívar, un agente de tránsito los detuvo y al interior del vehículo había cinco personas.

Sin embargo, mientras el agente de tránsito les pedía documentos y explicaciones sobre la forma de conducir, se bajaron del carro, tomaron taxis y se fueron, abandonaron el carro gris -reportado como robado- en esa zona.

El agente dio parte a la Policía y cayeron en cuenta de que podría tratarse de los responsables del crimen del abogado Ortuño. Siguieron los rastros hasta la Ciudadela México, en el sur de Quito, donde fue detenido Párraga.

• Sospechoso de atacar a abogado en Quito estuvo 12 años preso en Venezuela

Además, gracias al testimonio del agente y algunas pericias, lograron identificar a otros dos hombres que estaban en el vehículo: Jonathan Arequipa Montesdeoca y Javier Pogo Arias. 

Los tres fueron procesados por tentativa de asesinato. Pero, solo Párraga fue sentenciado a 22 años y ocho meses de cárcel, que los sigue cumpliendo hasta la actualidad.

Montesdeoca y Pogo, en cambio, están prófugos y el juicio está suspendido. Hay información de que viajaron a Estados Unidos y por esta razón, el 24 de enero de 2024, la Interpol dictó orden de difusión roja contra ambos.

Ortuño conoció que los dos fueron arrestados en Estados Unidos y que el trámite de extradición estaría en proceso. Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense no aparecen datos relacionados con estos sujetos.

A estos nombres se suma otro cabo suelto. En las investigaciones se estableció que había un taxista que se acercó a la escena del crimen para verificar que él estaba muerto. Sin embargo, nunca se investigó ni se buscó información para dar con ese hombre.

Además, en Ecuador está abierta una investigación para dar con los autores intelectuales pero no ha avanzado. Por lo que está causa sigue en etapa reservada. 

Una esperanza en México

Desde el atentado, la vida de Ortuño cambió por completo. Dejó el trabajo en su despacho legal y el litigio en audiencias, por horas de tratamientos y terapias físicas. Su esposa es quien lo acompaña y asiste en su recuperación.

Luego de 45 días de internamiento hospitalario, Ortuño cayó en cuenta que no podía mover más que sus ojos. Tampoco podía hablar, ya que sufrió dos paros respiratorios y fue sometido a una traqueotomía.

Ahora, con asistencia privada, ha logrado mejorar su calidad de vida. Sin embargo, reclama que ha tenido que ser costeado todo por su cuenta y la de su familia, ya que el Estado no ha cumplido con su obligación de atenderlo. 

Al punto que hasta ahora no ha logrado jubilarse, pese al 98% de discapacidad que tiene.

En total, entre medicinas, terapias, logística hospitalaria y médica, Ortuño y su familia ya han gastado unos USD 200.000. Se han acabado los ahorros de toda su vida y ahora buscan ayuda para seguir con el tratamiento.

El abogado desea viajar a México, donde existe un tratamiento  nuevo, que incluye la implantación de un neurotransmisor que le permitirá adquirir un poco de movilidad, con lo que espera volver a trabajar.

Sin embargo, ese tratamiento está valorado en unos USD 215.000. Su esposa ha empezado una campaña de recaudación de fondos en línea. Además, envió una carta a la Presidencia de la República, de la que recibió ya una primera respuesta y le mencionaron que una derivación internacional sería posible, aunque nada se ha concretado aún.