Call center de la extorsión en Quito facturaba hasta USD 67.000 al mes

La Fiscalía General del Estado difundió nueva información sobre el denominado call center de la extorsión, una red delincuencial con base en Quito que amenazaba a víctimas en Ecuador, Colombia y México.

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El caso se conoció el 25 de junio de 2025 y, tras un mes de investigaciones, 40 personas fueron vinculadas al proceso y tres más enfrentan órdenes de prisión preventiva.

El 5 de agosto, el Ministerio Público reveló el rol de estos tres sospechosos: Margarita Fernanda J. A., Edwin Rodrigo M. T. y Michael Edward M. Q.

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Según la Fiscalía, Margarita Fernanda J. A. era la representante legal y gerente general de LKL CALL S. A. S., empresa fachada desde donde operaba el call center. 

En un edificio del sector La Carolina, en el norte de Quito, decenas de trabajadores realizaban llamadas extorsivas y producían montajes fotográficos de carácter sexual para intimidar a las víctimas.

Entre USD 5.000 y 67.000 mensuales

Los afectados eran captados mediante créditos ofrecidos sin autorización legal a través de aplicaciones y anuncios en redes sociales. 

Antes de recibir el dinero, los interesados entregaban su información personal, que luego era utilizada para extorsionarlos. Si se negaban a pagar los créditos con intereses elevados, eran amenazados con la difusión de los montajes sexuales.

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Edwin Rodrigo M. T., contador de la empresa, declaró que el establecimiento facturaba entre USD 5.000 y 67.000 mensuales, principalmente desde cuentas en México y Ecuador. 

Bonificación por llamadas extorsivas

También, señaló que más del 80 % del personal —cerca de 100 personas— no tenía contrato ni afiliación al IESS, y que los operadores recibían bonificaciones si superaban los USD 1.200 recaudados al mes.

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El tercer procesado, Michael Edward M. Q., era técnico de sistemas y responsable del mantenimiento de equipos y del software usado por el call center. De acuerdo con la Fiscalía, la empresa utilizaba programas como Pegasus para ocultar sus actividades ilícitas.

Una cuarta sospechosa, Emily Daniela J. T., quien también fue gerente de la empresa, salió del país tras ser notificada por la Fiscalía y mantiene una orden de captura vigente.