Procesan a dos personas en Huaquillas por tráfico de 6.300 caballitos de mar disecados

Dos personas son procesadas por su presunta participación en un delito contra la flora y fauna silvestres, luego de haber sido aprehendidas en flagrancia con 6.300 caballitos de mar disecados en Huaquillas, provincia de El Oro, un caso similar al reportado hace dos meses en Carchi.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Juez de Garantías Penales les dictó prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, informó la Fiscalía este jueves, 4 de septiembre de 2025.

Los procesados Karen del Cisne B. y José Agustín D. fueron detenidos el 28 de agosto pasado, después de que varios ciudadanos alertaron a la Policía de que en una vivienda de Huaquillas se almacenaban especies marinas en peligro de extinción.

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Los uniformados acudieron al domicilio de Karen del Cisne B. y, en la sala, se encontraron dos cartones envueltos en una funda negra con cinta de embalaje. Ante el olor putrefacto que emanaban, solicitaron que abran las cajas y constataron que contenían caballitos de mar.

Ante las preguntas elaboradas, la ahora procesada manifestó que un amigo, José Agustín D., le había encargado las cajas.

Con esta información, los policías se trasladaron al domicilio del implicado y, durante el registro, encontraron un pepino de mar sobre la refrigeradora, dos máquinas selladoras, una empacadora, 177 fundas plásticas transparentes y un teléfono celular.

En la audiencia de flagrancia, el Fiscal de turno presentó los elementos de convicción contra los procesados, entre ellos: los relatos de agentes policiales que tomaron procedimiento en el caso, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y un informe de identificación elaborado por técnicos del Ministerio del Ambiente, en el que consta que los caballitos de mar son una especie vulnerable y en peligro de extinción.

Este caso se judicializa por delitos contra la flora y fauna silvestres, tipificados en el artículo 247, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Al tratarse de un delito sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, la causa se tramitará por procedimiento directo. La audiencia de juicio fue señalada para el próximo 18 de septiembre, según la Fiscalía.

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