Matías Abad Merchán

El adelanto de las elecciones seccionales introduce un efecto que ha pasado relativamente desapercibido: las autoridades que no sean reelegidas deberán gobernar seis meses sin poder político real.

Hay un problema de fondo: el tono de la confrontación es vergonzoso. Quienes ocupan —o han ocupado— las más altas magistraturas del Estado deberían encarnar un mínimo de decoro institucional. La democracia también exige formas.

La libertad de prensa no se defiende por nostalgia, sino por necesidad democrática: sin medios capaces de incomodar con rigor, el poder deja de rendir cuentas y la ciudadanía pierde el derecho a distinguir hechos de consignas.

El Estado central acumula retrasos significativos en las transferencias a los GAD, por lo que, antes de exigir porcentajes de inversión, el sistema debe garantizar condiciones mínimas de estabilidad financiera.

Cuando una funcionaria de alto nivel afirma ser "enemiga de los medios", el problema no es solo semántico, es institucional. En democracia, el lenguaje del poder importa tanto como sus decisiones.

Una ecuatoriana, Ivonne Baki, podría dirigir la ONU por primera vez en la historia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ecuatoriano ha sido el silencio absoluto. En diplomacia, esa ausencia no es neutralidad: es una decisión.

La captura de Nicolás Maduro —y el eventual retorno de Venezuela a la democracia— produce un efecto incómodo pero real en sectores del correísmo: un alivio moral silencioso.

Ecuador aparece claramente ubicado entre los gobiernos que respaldan la acción estadounidense. Ese alineamiento trae beneficios prácticos, pero también implica costos. Estar del lado “del poderoso” puede ser una ventaja; pero nunca es gratis.

Cuando la narrativa no se respalda en hechos, pierde eficacia; y el silencio, lejos de proteger, expone. Gobernar implica asumir costos, tomar posición y, sobre todo, aparecer cuando más cuesta hacerlo.

El caso de la bebé fallecida en Macas, entregada a sus padres en una caja de cartón, no es una falla administrativa: es una fractura ética que expone al Estado.