A través de un decreto inició la fusión del Ministerio de Transporte con el de Vivienda y la Secretaría de Inversión Público- Privada en Ecuador. Las dos entidades suman unos 500 funcionarios, cuyo destino se desconoce.
Dos juezas constitucionales serán las encargadas de controlar que el cuestionario propuesto por el presidente Daniel Noboa cumpla los requisitos. La Corte tiene plazos legales establecidos para pronunciarse.
El presidente plantea en las preguntas para el referendo y consulta popular reducir el número de asambleístas nacionales y provinciales. Una de las justificaciones para el recorte es el gasto que representa para el país tener 151 parlamentarios.
La propuesta que deberá ir al Pleno de la Asamblea incluye reformas a la Ley sobre Lavado de Activos. Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe para primer debate con ocho votos a favor y dos en contra.
El nuevo proyecto determina que los jueces penales tienen la obligación de pedir la extradición de todo prófugo ecuatoriano, ya sea que tenga prisión preventiva o sentencia en firme.
En una comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea, el ministro Jimmy Martin reconoció que el hospital universitario de Guayaquil atravesó un brote epidemiológico, y que ese sería la causa de la muerte de dos bebés.
La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, tachó de absurdo al juicio político planteado por la bancada de ADN. Además, atribuyó los problemas en la administración de justicia a la inestabilidad y falta de presupuesto.
En el Pleno de la Asamblea los gritos y acusaciones se mantienen entre ADN y el correísmo. Los llamados a "elevar el debate" se multiplican, pero sin mayor efecto.
El presidente Daniel Noboa aprovechó su intervención en una ceremonia militar por el Primer Grito de la Independencia para posicionar la consulta popular y convocar a la marcha hacia la Corte Constitucional.
Se acorta el tiempo para calificar la constitucionalidad de las dos reformas parciales a la Constitución que fueron tramitadas y aprobadas por la Asamblea Nacional.
A través de un decreto inició la fusión del Ministerio de Transporte con el de Vivienda y la Secretaría de Inversión Público- Privada en Ecuador. Las dos entidades suman unos 500 funcionarios, cuyo destino se desconoce.
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