ADN aprueba informe sin determinar responsabilidades políticas en el caso Progen

A la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional le tomó seis meses llegar a la conclusión que la investigación del caso Progen le corresponde a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de sus competencias.

Esa mesa legislativa aprobó la noche del 19 de diciembre el informe del proceso de fiscalización que generó reclamos desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), cuyos asambleístas participaron de forma masiva en la sesión virtual.

La comisión también llegó a la conclusión de que en la contratación presuntamente irregular de generadores eléctricos, la cual provocó un perjuicio superior a los USD 150 millones, "no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución".

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Es decir, se refiere a los ministros de Estado del área que estuvieron a cargo del Ministerio de Energía al momento que se hizo la contratación con la empresa estadounidense Progen.

La asambleísta correísta Germania Romero fue la primera en tomar la palabra. Rechazó que el informe sea tratado "entre gallos y media noche". Mocionó que el tema sea debatido de forma presencial, pero su pedido no prosperó.

Blasco Luna, que también es parte de la bancada de RC, mostró un video en el que Roberto Luque, ministro (encargado) de Energía en la época de la contratación, reconoce en una entrevista que él mismo viajó a Estados Unidos a verificar los equipos ofertados por Progen.

"El hecho de que ellos no hayan firmado no los excluye de la responsabilidad civil, penal y, por supuesto, política y para eso es la Asamblea Nacional. Decir en el informe que no existe responsabilidad política es mentirle a la ciudadanía". 

Blasco Luna, asambleísta de RC

La respuesta oficialista

Jorge Guevara, asambleísta de ADN, rechazó las acusaciones del correísmo y dijo que todo lo actuado es transparente y que el objetivo es llegar al "punto final" y dar con los verdaderos responsables.

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El correísmo adelantó que presentará un informe de minoría para que sea enviado al Pleno de la Asamblea. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, garantizó que el documento será enviado con el informe de mayoría.

Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), lamentó que en el proceso de fiscalización no hayan acudido las máximas autoridades del Ministerio de Energía para explicar y resolver las inquietudes de los legisladores.

También, que la comisión se haya convertido en una "caja de resonancia" de las investigaciones de la Contraloría, que tiene competencias administrativas, mientras la Asamblea tiene que determinar responsabilidades políticas.

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Vera propuso que el informe sea votado en otro momento, mientras se modificaba el informe o una vez que comparezcan las principales autoridades del sector eléctrico.

Esa idea tampoco prosperó y Diana Jácome dispuso ir a la votación del informe, no sin antes defender el trabajo de la mayoría oficialista en la comisión. "Aquí lo que hemos hecho es llamar a los verdaderos responsables que firmaron esos contratos", dijo con relación a Fabián Calero, ex gerente de Celec.

Seis legisladores de ADN votaron a favor del documento; los tres correístas se pronunciaron en contra y Otto Vera del PSC se abstuvo. Los informes, tanto de mayoría como el de minoría, irán al Pleno y serán tratados en 2026.