Ruth Hidalgo
Dra. en Jurisprudencia, Decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, Directora Ejecutiva Participación Ciudadana. Con más de 20 años trabajando temas de democracia, procesos electorales, Transparencia y Diálogo Político.
Se vuelve fundamental analizar varios temas puestos con frontalidad sobre la mesa. Hay razones poderosas para retomar la discusión sobre la independencia de poderes, el sistema de partidos, la libertad de expresión y la justicia electoral.
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Quien ha ejercido un cargo público importante, y más aún, por un tiempo tan prolongado como Diana Atamaint, tiene todo el derecho de renunciar, pero también tiene la obligación de rendir cuentas.
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Bajo la tiranía de reglas defectuosas, los ciudadanos elegirán a sus autoridades locales entre candidatos que representan —varios de ellos— a partidos taxis o de papel, y esto ya no puede seguir así. Es hora de cambiar esa cruel realidad.
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El CPCCS no ha logrado cumplir con los fines para los cuales fue creado. Lejos de fortalecer la democracia, su desempeño ha contribuido a profundizar la desconfianza ciudadana y a reproducir malas prácticas políticas.
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El aislamiento que genera el uso intensivo de los mecanismos tecnológicos modernos contribuye a acentuar la desconexión de los seres humanos con otros, alejándolos del debate y respondiendo, de forma autómata, a versiones polarizantes.
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Si las agrupaciones políticas no hacen un esfuerzo real de unidad, se volverá a repetir la historia de siempre: alcaldías débiles, concejos fragmentados y gobiernos incapaces de sostener una visión estratégica de largo plazo.
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Basta observar el debate público en Ecuador. La conversación social se enfoca en la destrucción del adversario —aunque sea virtual— y no se hace el esfuerzo de tratar de comprender el problema y buscar soluciones.
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Toda consulta ciudadana debe ser libre y sin condicionamientos porque la información vinculada al ejercicio de la función pública pertenece a los ecuatorianos y en ningún caso puede estar sometida a la discrecionalidad burocrática.
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Varias voces opinan que esta decisión es sin duda un movimiento estratégico: alejarse de las tensiones internas del correísmo, tomar distancia del desgaste y reaparecer más adelante como una opción renovada.
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El CNE debe explicar con claridad cuáles son los parámetros que justifican concentrar sus acciones en determinadas organizaciones y no en otras, y explicar también cuáles serían las razones de fondo para cambiar la fecha de las elecciones.
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