Pan para hoy, hambre para mañana

El ejecutivo ha anunciado hace pocos días que impulsará la venta de activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; que a juicio del régimen permanecen ociosos en el país. La iniciativa pretende recabar alrededor de 2.000 millones de dólares y con eso proveerle de cierta liquidez al IESS para poder pagar las prestaciones que debe.

En principio la idea no es mala, pero, si la propuesta de la venta es una medida de urgencia únicamente, podría ser inconveniente. Para que tenga efectividad, esta decisión debería ir acompañada obligatoriamente de una buena reforma al sistema de salud y de pensiones. Una reforma que apunte a cubrir la grieta actual y, a futuro,  plantee soluciones que mitiguen el desbalance estructural de solvencia que existe e impida el crecimiento del déficit entre el dinero que entra versus los recursos que salen. Si no se construye paralelamente una reforma técnicamente concebida, la venta de activos por sí sola pudiera poner en peligro la futura sostenibilidad del IESS.

Es evidente que esta iniciativa conlleva decisiones complejas y difíciles. Por lo mismo, conviene forzar el debate sobre la urgencia de tener una reforma que acompañe una decisión que ofrecerá solo liquidez temporal. Un debate nacional es necesario para poder contribuir a generar un sistema de salud y de pensiones que funcione para todos.

En el país ya existen interesantes propuestas que han sido generadas desde varios espacios, y que podrían ser tomadas en cuenta y canalizadas conjuntamente con la visión del gobierno para preparar una reforma técnicamente viable.

De hecho, hace tres años, el país contó con el trabajo de la denominada Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones, cuya misión fue elaborar una iniciativa normativa enfocada en garantizar la sostenibilidad del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Esta Comisión estuvo conformada por expertos en el tema, y entregó una propuesta técnica/legal de reformas. Además, tuvo como particularidad el que se incluyó en el trabajo, insumos y criterios de diversos sectores sociales que en ese momento convergieron para estructurar una reforma con aceptación ciudadana.

• El Seguro Social y la rebelión de los jubilados

Pensando en la gravedad de la crisis del IESS, conviene traer a colación las sugerencias hechas entonces por la comisión mencionada. Esto, con la esperanza de provocar reflexión gubernamental sobre la importancia de contar con aspectos técnicos robustos que viabilicen una seguridad social de largo plazo y garanticen: a los pensionistas mantener sus beneficios y a las generaciones futuras contar con un sistema que responda.

• Se sugirió mantener un principio de protección de parámetros sensibles, a partir del cual, no se debería incrementar la tasa de aporte de los afiliados ni la edad mínima de jubilación. De esa forma, se evitaría un impacto negativo en el empleo formal y la economía.
• La propuesta contemplaba un ajuste gradual y paulatino de los años de aporte combinados con la edad.
• Respecto al límite al aporte estatal, se sugirió un tope para la contribución del Estado del 40%, fijando que no supere el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
• Respecto al componente de ahorro individual, se sugirió integrar un esquema basado en los fondos de cesantía para potenciar los beneficios y créditos de los afiliados.
• Se propuso un nuevo modelo de pensiones, un cambio en el cuerpo de gobierno, además de un nuevo uso del fondo de cesantía como base de un nuevo programa de planes de ahorro para la vejez que complemente un sistema de vejez y muerte reformado.

Todas ideas técnicas y valiosas. Bien podrían servir de base al ejecutivo para elaborar una normativa técnica que apalanque la venta de activos propuesta. Ejemplos regionales de ese ejercicio ya existen: de hecho, Chile y Uruguay son buenas experiencias exitosas.

Es verdad que reformar el sistema de pensiones es un tema de alto contenido y riesgo político, pero si se lo hace bien se podría solucionar de forma técnica y efectiva la crisis de la seguridad social en el país, y eso generaría un capital político poderoso.

Pensar vender los activos del IESS sin un respaldo técnico normativo que lo acompañe, podría traer consecuencias negativas para todos. Conviene entonces que se medite bien la medida, sin urgencias ni improvisación, porque no queremos Pan para hoy y hambre para mañana.