Leyenda Urbana
El Seguro Social y la rebelión de los jubilados
Periodista; becaria de la Fondation Journalistes en Europa. Ha sido corresponsal, Editora Política, Editora General y Subdirectora de Información del Diario HOY. Conduce el programa de radio “Descifrando con Thalía Flores” y es corresponsal del Diario ABC
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De todas las maldades que hizo el correísmo en los diez años en el poder, convertir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en botín político, al pasar de 11.000 empleados, en 2007, a 38.000, en 2018, fue de lo más funesto, al igual que tomar los recursos del Fondo de Pensiones para el de Salud; ordenar se compre bonos del Estado y se hagan enormes inversiones fallidas; incorporar a la atención de salud a grandes sectores que no cotizaban, y quitar el 40% de aporte del Estado al Fondo de Pensiones.
Fueron golpes demoledores que zarandearon la institución y mostraron lo atroz que puede ser el poder político en manos populistas; pero ya basta de seguir mirando hacia atrás sin adoptar medidas, más si nunca se actuó para castigar esas horrendas acciones.
En una suerte de ritual ineludible, cada cierto tiempo, periodistas y medios de comunicación le toman el pulso al IESS, y, con dolor, se ratifica que el poder de turno es solo un observador indolente del destino de la institución y el de sus legítimos dueños, los afiliados, al no actuar con la urgencia que el caso amerita.
Todo va mal en el IESS, pero el Fondo de Pensiones refleja el quemeimportismo de un Gobierno que, ensimismado en lo electoral, apenas si remarca el drama de los jubilados que, luego de entregar sus mejores años al país y su aporte al Seguro, están en peligro inminente de perder la pensión con la que subsisten.
Llegar a ese punto significará precipitar el fin de sus vidas, por lo que se tendría que actuar con premura.
La descapitalización del Fondo de Pensiones que comenzó en 2015 está, hoy, en niveles extremos. El riesgo de una implosión es real. Las cifras no mienten.
El pago de pensiones de 2026 para los 800.000 jubilados suma USD 7.500 millones, pero el ingreso que tiene el Fondo de Pensiones es de apenas USD 3.500 millones; por lo que hay un déficit de USD 4.000 millones.
Si el Gobierno paga el 40% que le corresponde, que son USD 2.800 millones, igual el IESS está obligado a desinvertir USD 1.500 millones para completar lo que se necesita, pero el problema seguirá a futuro.
No se trata de solventar el déficit de este año, hay que buscar soluciones permanentes y para ello hace falta una reforma estructural, a fin de cambiar un diseño del sistema malhecho, que ofrece beneficios desproporcionados, que no tienen relación con los aportes.
La realidad actual es diferente por el aumento de la expectativa de vida, que implica que la jubilación se prolongue por más años, y porque apenas 45% de la fuerza laboral del país está afiliada al Seguro debido a la alta informalidad o porque muchos desconfían del IESS.
El asunto es gravísimo ya que se necesita de ocho aportantes por cada jubilado, pero solo hay cuatro y medio por cada uno.
Son temas profundos, asuntos de Estado que necesitan concentración, experticia y buena voluntad, para hacer una reforma estructural urgente, pero lo que se ve es abulia, incompetencia y falta de arrestos.
El Ejecutivo tiene un catálogo de propuestas y un estudio de la Comisión que lideró Augusto de la Torre, producto de un muy debatido proceso y que se entregó al presidente Lasso, que tampoco hizo nada.
Para aprobar esas reformas urgentes debe servir la mayoría oficialista y no solo para archivar los juicios políticos y fomentar la impunidad.
El Consejo Directivo del IESS, aunque carezca de humanismo, no puede ser pusilánime, pues conoce la realidad desde dentro.
Según el Observatorio de la Política Fiscal, el Fondo de Pensiones es solo de entre USD 6.000 y USD 7.000 millones y casi un 80% estaría en préstamos a los afiliados o en Bonos, porque en Tesorería se tendría apenas USD 1.300 millones, lo que no alcanzaría sino para tres meses de pensiones.
¡Un horror!
No será una revocatoria del mandato la que haga temblar al Gobierno, será un estallido social, sin precedentes, cuando el Seguro Social, deje de pagar las pensiones jubilares y los abuelos y abuelas empiecen a morir y los hijos y nietos salgan a buscar a los culpables de la debacle.
¡Será la rebelión de los jubilados!