Una resolución del Directorio y una reforma legal en 2015 crearon un enorme hueco en las cuentas del Fondo de Pensiones del IESS. Las proyecciones al 2054 no son alentadoras.
Las actuales autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sacaron las cuentas de cuánto costaron dos decisiones tomadas durante el Gobierno de Rafael Correa: la eliminación del aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones y la reforma al esquema de distribución del aporte de los afiliados.
En total, el IESS perdió USD 8.927 millones, entre 2015 y 2018.
1. Eliminación del aporte del 40%
Esa decisión fue promovida por el entonces presidente Rafael Correa. El 15 de abril de 2015, la Asamblea con el voto mayoritario del movimiento oficialista Alianza PAIS aprobó la ley de Justicia Laboral con la que se eliminó el aporte obligatorio del Estado para el Seguro.
Un día después, Correa defendía la decisión: “El hecho de que el Estado retire el 40% de un innecesario subsidio al fondo de jubilación jamás pondrá en riesgo el cobro de las pensiones en el futuro”, dijo, según declaraciones recogidas por Diario El Comercio.
Lo dijo aunque entonces el Seguro Social no tenía estudios actuariales que proyectaran la situación futura. Para ese momento, los últimos datos disponibles eran de 2013.
Así, según los datos que ahora tienen las autoridades, entre 2015 y 2018 -cuando se restituyó el aporte estatal por decisión de la Corte Constitucional-, el Fondo de Pensiones perdió USD 5.194 millones que suben a USD 5.932 millones si se considera el lucro cesante (lo que se dejó de ganar si se hubiese invertido ese dinero).
Y recién ahora, el Seguro tiene un nuevo estudio actuarial (cuyo detalle se conocerá el lunes) que da pistas sobre la sostenibilidad del Fondo de Pensiones: el panorama no es muy optimista y delata la total dependencia que la entidad tiene del Estado. Así hay, al menos, dos posibles escenarios:
- Con el aporte estatal del 40%, el Fondo de Pensiones podría ser sostenible hasta 2053.
- Sin el aporte estatal, el pago de pensiones solo está asegurado hasta 2023.
En cualquier de los dos escenarios, además, se requieren otras medidas como asegurar, al menos, un rendimiento de 6,25% en las inversiones que hace el Banco del IESS o la adopción de medidas estructurales que podrían incluir desde la revisión del porcentaje de aporte de los trabajadores hasta el incremento de los años de trabajo necesarios para la jubilación.
2. Resolución 501
El 13 de noviembre de 2015, Richard Espinosa, como presidente del Directorio del IESS; Luis Clavijo, como representante de los asegurados, y Camilo Torres, como director general del IESS, firmaron la Resolución No. C.D. 501.
Ese documento estableció una nueva tabla de distribución de los aportes que hacen los afiliados todos los meses en los fondos que maneja el IESS. Así, el aporte al Fondo de pensiones bajó del 9,44% al 5,76%.
Ese descuento, dice ahora el Seguro Social, causó una pérdida de USD 2.147 millones, que sube a USD 2.470 millones sumando el lucro cesante.
Esta normativa interna del Seguro también se echó abajo y con argumentos legales. La Contraloría estableció en un informe del 05 de mayo de 2017 que recomendó que se revise la aplicación de esa resolución.
Entre otras cosas, la entidad de control dijo que las autoridades que aprobaron la resolución “no consideraron que existe un déficit actuarial alto” y que “después de 6 años (escenario pesimista), o máximo en 15 años (escenario optimista) no van a existir recursos para cumplir con las obligaciones” del Fondo de Pensiones.
Pero, además, existe una sentencia de la Corte Constitucional, del 18 de diciembre de 2019, que declara la inconstitucionalidad del descuento del 2,76% de las pensiones jubilares “por contravenir el principio de intangilibidad de las prestaciones” y ordenó su suspensión inmediata.
3. Desinversiones
Estas dos decisiones obligaron al Seguro Social a desinvertir parte de sus recursos para cubrir las necesidades más urgentes.
El IESS dice que, por efecto directo del recorte del 40% y por la resolución 501, se desvinvirtieron unos USD 1.700 millones anuales. ¿La pérdida? USD 520 millones: es lo que el Instituto dejó de recibir, por ejemplo, por los intereses que se habrían generado si se hubiese mantenido la inversión.
Entonces los USD 8.927 millones corresponden a:
- USD 5.932 millones por efecto de la eliminación del 40%.
- USD 2.470 millones por efecto de la resolución 501.
- USD 525 millones por el efecto de las desinversiones.
Esos recursos pesan a la hora de hacer las proyecciones de sostenibilidad del Fondo de Pensiones. Lo que no existe, por ahora, es un mecanismo para recuperar ese dinero.
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