El voto de conciencia y los colores de la política
Politólogo. Autor de varios libros sobre democracia, partidos y política latinoamericana.
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Acostumbrados a ver la política como una película en blanco y negro, donde no hay grises ni gamas intermedias, nos sorprendemos y nos negamos a mirar cuando irrumpen los colores. Por ello, nos llama la atención cuando hay un pequeño asomo como el que se produjo recientemente con la aprobación de la Ley de Adopciones. El hecho fue que más de treinta asambleístas de la Revolución Ciudadana decidieron salirse de la línea que había marcado esa organización y votaron positivamente.
No faltaron las voces que vieron en este episodio una señal de ruptura dentro de la RC (lo que podría ocurrir si las sanciones llegaran más allá de las amonestaciones). También se sugirió que el hecho habría sido el resultado de los cálculos por el potencial efecto negativo que podría tener en las próximas elecciones un voto contrario a la aprobación de una ley que trata un tema sensible para la población. Pero, dejando de lado el caso específico de la RC (cuyas votaciones en la Asamblea han sido los más claros ejemplos de la sumisión), cabe considerarlo a la luz de las enseñanzas democráticas de otros países y de la realidad política ecuatoriana.
Lo que se produjo, seguramente sin la voluntad plena de sus ejecutores, fue lo que se denomina voto de conciencia. Este es un procedimiento usual en muchos parlamentos del mundo precisamente para el tratamiento de temas sensibles (como los de valores y religiosos) y es una acción que se impone sobre la disciplina partidista. Al dejar en libertad a sus legisladores, el partido no se rompe y más bien preserva la democracia interna. La práctica de ese tipo de voto no solo asegura la unidad de sus filas, sino que tiene un efecto decisivo en la generación de acuerdos entre los partidos políticos. Al abrirse la posibilidad de que los integrantes de cada bancada puedan votar guiados por sus posiciones personales en temas complejos, los partidos se ven obligados a moderar sus posiciones para evitar las rupturas. A la vez, esa moderación en su interior tiene efectos hacia el exterior, esto es, hacia el conjunto de partidos.
Si nuestras organizaciones políticas —tanto las que están en la oposición como las que ejercen el gobierno— decidieran convertirlo en una práctica usual producirían un cambio cualitativo de enorme importancia. Sería un paso hacia la reducción de la polarización que constituye uno de los lastres que impiden contar con políticas de mediano y largo alcance. La ausencia de acuerdos ha sido la causa para que, a lo largo de casi dos siglos de vida republicana, no haya sido posible definir políticas que deban ser aplicadas por gobiernos de distintos signos políticos. No hemos podido hacerlo ni siquiera en aspectos tan básicos como la educación y la salud. Incluso en las negociaciones de la paz con el Perú —tendientes a solucionar el mayor problema que tenía el país para definir sus límites como Estado soberano— no se pudo lograr el acuerdo de todos los sectores.
Si se lo sabe aprovechar, este voto de conciencia puede constituirse en una enseñanza para la convivencia política y social del país. Muy mal haría la dirigencia (en realidad, el dirigente máximo) de la RC si decidiera sancionar a los asambleístas de su bancada que se atrevieron a votar favorablemente por la ley. Igualmente negativo sería el mensaje gubernamental si decidiera responder con el discurso triunfalista y excluyente que se encierra en la vacua consigna del nuevo país. Muy bien harían unos y otros si comprendieran que hechos como el que acaba de ocurrir deben dejar de ser anomalías o rarezas. Comenzarían a ver a la política con su gama de colores.