El silencioso abandono de la justicia

Mientras la narrativa oficial nos vende la idea de que está en una cruzada contra las mafias, el Consejo de la Judicatura acaba de entregar un fragmento clave de institucionalidad para fortalecer esa lucha: la unidad de jueces anticorrupción y casos de crimen organizado, creada en 2022, con cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea.

Una de las razones que impulsó el proyecto de creación de esta unidad especializada fue el creciente hostigamiento y amenazas contra los jueces, fiscales y servidores judiciales que tenían en sus manos casos relacionados al crimen organizado.

Sin garantías para tomar decisiones, los funcionarios judiciales quedaban en una situación delicada que comprometía la independencia de la justicia. O son cooptados por el crimen o sus vidas están en riesgo.

El Observatorio de Derechos y Justicia ha contabilizado al menos 43 atentados contra servidores judiciales y 25 víctimas mortales entre 2020 y 2026 y solamente en el año de creación de la unidad, al menos tres fiscales, un juez y un exfiscal fueron asesinados.

Precisamente por eso, parte del objetivo de la unidad era que, independientemente de dónde sean los casos, los jueces estarían en Quito.

¿Cómo se explica, entonces, que apenas cuatro años después de su creación, se la elimine?

La resolución dice que sus competencias serán asumidas por otras judicaturas penales en Quito y la Corte provincial de Justicia de Pichincha, supuestamente porque en 12 meses, el Tribunal Anticorrupción registró solo 234 expedientes, a cargo de sus nueve magistrados,  mientras despachos penales ordinarios como la Corte Provincial de Pichincha superaron el 100% de su capacidad, es decir recibieron más causas de las que son capaces de resolver.

Si estamos hablando de jueces especializados para casos complejos, como crimen organizado o corrupción de alto nivel, es evidente que se va a requerir un conocimiento también especializado en peritajes y rastreos financieros, entramados societarios y redes internacionales de lavado de activos.

Eso puede requerir mayor tiempo que el necesario en un juzgado ordinario que resuelve robos, estafas, riñas o crímenes comunes, que pueden ser despachados en días o semanas. Por lo tanto no parece lo más oportuno medir la eficiencia de una unidad por la cantidad de casos despachados si no por la complejidad de los mismos y la expertise necesitada para resolverlos.

Resulta incomprensible entonces que un país que dice buscar a toda costa combatir el crimen organizado, debilite su flanco más necesario: la institucionalidad del sistema judicial.

Hoy dos países conviven en paralelo.

El primero, aquel que nos muestra un despliegue de armas, uniformes y tanques de guerra, ministros con uniformes militares —sin que ellos lo sean— hablando ante las cámaras en términos bélicos.

El segundo, el país que desmantela una unidad que fue pensada y creada precisamente con la intención de cambiar un sistema que no estaba funcionando para un nuevo contexto que vive Ecuador: instituciones estatales y partidos políticos permeados por el crimen organizado, violencia sin precedentes dirigida a quienes tienen el poder de tomar decisiones contra la impunidad y una sensación de abandono profunda por parte de quienes arriesgan sus vidas para frenar el avance de la violencia y el crimen.

Esa unidad no era un capricho de la administración que la creó. Nació con respaldo técnico y cooperación internacional para resolver un problema elemental de supervivencia que se ha ido agudizando en los últimos años.

Disolverla y dispersar sus causas entre jueces no especializados no es “optimizar el sistema”, como pretende el relato oficial; es regresar a un modelo que no estaba funcionando. Uno que expone a jueces a la violencia —¿ o extenderán la custodia y la salvaguardas de seguridad que tenían un puñado de jueces especializados a los más de cincuenta jueces que tomarán casos de crimen organizado?

Difícil imaginar ese escenario: casos como el del juez Carlos Serrano evidenciaron las dificultades para obtener seguridad, incluso estando frente a casos de alto riesgo.

La Presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha insistido en que la decisión no debilita la lucha contra el crimen organizado, si no que la fortalece.

Decirlo no es suficiente. Aún menos cuando las palabras vienen de una funcionaria cuyo puesto fue deslegitimado por la forma en que llegó a ocuparlo: era Alexandra Villacís a quien le correspondía presidir la institución pero, con mañoserías del Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Trabajo, lograron agotarla y empujarla a renunciar.

Para hablar de lucha contra el crimen hay que demostrarlo. No con narrativas, ni retórica ni escenas de película recreadas para satisfacer el morbo popular adicto a consumir redes sociales. Si no con hechos que garanticen la institucionalidad, la independencia judicial y a sus operadores.

Los puertos siguen siendo coladeras logísticas donde los controles no intrusivos avanzan a paso de tortuga; la persecución al lavado de activos a través de la UAFE parece más dirigida a los opositores políticos y activistas de la sociedad civil, que a los grandes billones que mueven las economías ilegales; y las estructuras carcelarias parecen seguir intactas, con complicidades que permitieron fugas que parecían sacadas de una película y que jamás se transparentaron.

¿Dónde está el Estado allí? ¿Qué ha hecho para garantizar que esos flancos abandonados sean reforzados y sirvan realmente para la lucha contra el crimen organizado?

La contradicción es evidente: no hay guerra que sirva si se dinamitan las instituciones capaces de combatir democráticamente al crimen organizado. Si la unidad no era perfecta —como no son otras entidades estatales—, habría sido mejor fortalecerla que eliminarla.

A nadie se le ocurriría, por ejemplo, eliminar a la Policía Nacional o al Ministerio del Interior porque ni sus políticas ni sus tácticas han sido efectivas para eliminar la violencia. La misma lógica debería aplicar a la unidad anticorrupción.

Pero parece que la verdadera prioridad está en los golpes de efecto, no en las acciones menos atractivas para las cámaras pero quizás más efectivas a largo plazo.

Un Estado que reduce el combate al crimen a la escenografía de fusiles, tanquetas y estados de excepción, pero rehúye la fiscalización y control de los puertos, usa a las instituciones estatales para perseguir oponentes en lugar de ocuparse del lavado de activos de las  grandes mafias y desarticula sin sonrojarse sus juzgados de élite, no está arrinconando a las mafias. Solo está montando una tarima donde el ruido y las luces sirven para tapar el silencio de la impunidad. Dejando, de paso, un mensaje peligroso para la cooperación internacional: su dinero no es valorado; al contrario, se desperdicia sin consecuencia alguna.

Los únicos que ganan terreno con estas decisiones son quienes operan en las sombras, ¿será que incluso con el beneplácito del poder?