Columnista invitada
Washington mira las drogas y Ecuador mira la violencia
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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Estados Unidos y la llegada de Marco Rubio a Ecuador representan otro refuerzo de la relación que el país mantiene con la administración Trump. En esencia, desde agosto de 2025, la administración Trump ha gastado al menos USD 4.700 millones en operaciones militares en Venezuela, el Caribe y el Pacífico, según la iniciativa Costs of War de la Universidad Brown. Esto es relevante porque la política contra el crimen organizado, tanto en Ecuador como en la región, se ha militarizado profundamente.
Personalmente, considero que las políticas militares contra el crimen organizado no son necesariamente negativas, ya que se requiere de tecnología adecuada y la capacidad de infiltración para obtener inteligencia pertinente. Mi crítica se centra en todo lo demás que debería estar ocurriendo, además de la destrucción de lanchas, de proyectos mineros y de los decomisos de cocaína. ¿Qué está sucediendo con el patrimonio ilícito a nivel nacional? ¿Qué ocurre con los facilitadores del crimen desde la política y la economía? Estos son pilares centrales para combatir el crimen que no están siendo abordados y que, posiblemente, corresponden a políticas internas que no interesan a la administración Trump.
Estados Unidos y América Latina tienen intereses muy distintos en materia de seguridad. Estados Unidos busca cortar o reducir el ingreso de drogas a su territorio y limitar la llegada de migrantes latinoamericanos. América Latina, en cambio, necesita mejorar sus indicadores de seguridad, particularmente en materia de homicidios, desapariciones y extorsiones. Las políticas militares poco hacen para mejorar los índices de desapariciones y de extorsiones, que son crímenes convergentes dentro del crimen organizado.
Un gran ejemplo son los casos de minería ilegal, ya que se trata de un mercado criminal que continúa creciendo en Ecuador y en la región. En este contexto, la administración Trump envió un Boeing V-22 Osprey a la zona del Alto Punino, un territorio afectado por la minería ilegal. El V-22 Osprey es una aeronave diseñada para operaciones de asalto de alcance medio, operaciones especiales, evacuaciones médicas, operaciones expedicionarias y asistencia humanitaria; está diseñada para operar en terrenos complejos donde el apoyo es limitado, como los territorios alejados de la Amazonía ecuatoriana. Estas son capacidades que las Fuerzas Armadas del Ecuador no tienen, específicamente en términos de transporte y movilidad hacia estos puntos críticos.
El problema no es la infraestructura ni la tecnología; más bien es mucho más profundo y está relacionado con la incapacidad de seguir el dinero. Un campamento de minería ilegal puede ser bombardeado, pero después de un par de días nuevas personas regresan con nueva maquinaria, lo que representa una inversión de millones de dólares. Si realmente se quiere detener la minería ilegal en Ecuador, hay que seguir el dinero. Es allí donde se podrá evidenciar la infiltración en los gobiernos locales, sin embargo, no se lo ha hecho aún.
Independientemente de cuántas aeronaves o municiones las fuerzas estadounidenses puedan proporcionar a las fuerzas ecuatorianas, esto no va a detener la minería ilegal. El enfoque estatal tiene que ir mucho más allá de los grupos delictivos: debe llegar hasta las personas con poder que se encuentran detrás de las estructuras criminales. Por ello, la cooperación binacional debería verse como un componente adicional dentro de una estrategia nacional contra el crimen organizado.
Por otro lado, las megacárceles están ganando una amplia aceptación a nivel regional. A partir del llamado “milagro salvadoreño”, las megacárceles han sido presentadas como una forma de enfrentar los problemas del crimen organizado. Sin embargo, esto es un error. Las megacárceles pueden ser una forma de comprar tiempo frente a problemas de criminalidad común o pandillaje. El Salvador no tuvo un problema de crimen organizado, sino un problema de pandillas violentas que eran, según el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, ineptas en el mercado del narcotráfico. Intentaron incursionar en él y fracasaron.
Las megacárceles, sin abordar el problema de la corrupción interna, pueden convertirse en terrenos fértiles para grupos criminales prolíficos. Un ejemplo es Brasil, donde históricamente dos de sus principales grupos delictivos, el PCC y el Comando Vermelho, nacieron en cárceles que carecían de servicios adecuados de higiene, salud y alimentación. A través de la extorsión a los prisioneros y la corrupción institucional, crearon su capital criminal para comenzar a incursionar en mercados más rentables como el narcotráfico y el contrabando.
La cooperación con Estados Unidos puede ser fructífera. Pero ninguna aeronave o megacárcel puede sustituir lo que realmente hace falta: una estrategia que siga el dinero, persiga el patrimonio ilícito y llegue hasta quienes, desde posiciones de poder, permiten que las estructuras criminales sobrevivan.