Columnista invitada
La lección antimafia que Ecuador no quiere escuchar
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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La cooperación internacional contra el crimen organizado ha aumentado de manera significativa en Ecuador. Italia, Estados Unidos y España, entre otros países, han intensificado el intercambio de información, la asistencia técnica y los programas de capacitación orientados a fortalecer las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano. Gracias a esta cooperación, cerca del 60% de los decomisos de droga vinculados a cargamentos ecuatorianos se realizan en puertos fuera del país.
Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué los resultados continúan siendo tan limitados? Parte de la respuesta radica en una estrategia fragmentada que intenta abordar múltiples dimensiones del problema sin establecer prioridades claras. Ecuador parece perseguir decenas de iniciativas al mismo tiempo, pero sin la capacidad política e institucional para sostenerlas. Como reza el viejo dicho, quien mucho abarca, poco aprieta.
Más preocupante aún es la persistente resistencia a enfrentar a quienes facilitan y protegen las economías criminales desde las élites políticas y empresariales locales. Mientras el debate público se concentra en sicarios, cabecillas y bandas armadas, existe una notable reticencia a investigar, procesar y, cuando corresponde, extraditar a actores de cuello blanco que lavan activos, corrompen instituciones y proporcionan cobertura al crimen organizado. Sin atacar estas redes de facilitación, cualquier estrategia de seguridad está destinada a producir resultados parciales.
En este contexto, iniciativas como ItalJus, impulsadas por Italia, representan un esfuerzo valioso para transferir conocimientos sobre la experiencia antimafia. Jueces y operadores de justicia ecuatorianos tienen la oportunidad de estudiar las herramientas jurídicas que permitieron a Italia enfrentar a organizaciones como Cosa Nostra, así como conocer el legado de figuras emblemáticas de la lucha antimafia, entre ellas Nicola Gratteri, quien activamente persigue a los miembros de la Ndrangheta.
No obstante, la experiencia italiana también ofrece una lección incómoda: las leyes, por sí solas, no transforman una realidad criminal. Italia no derrotó a las mafias únicamente mediante reformas legales, sino gracias a una combinación de voluntad política, independencia judicial y el coraje extraordinario de magistrados como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
El problema, y algo que esperaría que la Embajada de Italia conozca, así como todos los especialistas en la materia, es que dentro del sistema judicial se encuentran algunas de las personas más corruptas del país, muchas de las cuales trabajan directamente para los GDO a cambio de sobornos. No contamos con el calibre de altos magistrados que tuvo Italia en su lucha contra las mafias; por el contrario, tenemos juristas que buscan activamente prestar servicios a estructuras criminales a cambio de una remuneración.
Incluso si Ecuador fuera capaz de eliminar a todos los miembros activos de los GDO, pasarían apenas unos meses antes de que intermediarios locales con vínculos políticos, judiciales y económicos volvieran a reclutar tanto a pandilleros como a personas provenientes de barrios populares. El objetivo seguiría siendo el mismo: enriquecerse mediante la venta de impunidad y la explotación de distintas economías criminales.
México es un caso muy parecido al de Ecuador. Sin embargo, existen precedentes de altos funcionarios mexicanos que han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos, como Genaro García Luna y Édgar Veytia.
Aunque estos avances puedan parecer mínimos frente a la magnitud del problema, Ecuador ni siquiera ha logrado que algún político de alto nivel, que haya ejercido poder durante la última década y colaborado con los GDO locales, enfrente consecuencias judiciales proporcionales a la gravedad de los hechos. A estos actores se los identifica mediante investigaciones complejas y una verdadera capacidad para detectar los niveles de infiltración de los GDO en las estructuras políticas, económicas e institucionales. Mientras los eslabones más visibles de la criminalidad ocupan la atención pública, quienes facilitan, financian o se benefician de estas economías ilícitas suelen desenvolverse en los sectores más acomodados del país, lejos de los focos mediáticos y de la acción estatal.