Vergüenza ajena

Da vergüenza ajena. No hay otra forma de calificar el espectáculo coordinado que presenciamos con la activación de la bancada oficialista en redes sociales para responder a las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, quien no hizo más que señalar lo que resulta evidente para cualquier observador sensato: que en Ecuador la democracia se erosiona a pasos agigantados.

El oficialismo desplegó su acostumbrado repertorio de descalificaciones y estigmatización a quien ejerce un derecho ciudadano: criticar al poder.

En lugar de contrastar datos o debatir la pérdida de contrapesos —probablemente porque el peso de la realidad no se los permite—, los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) prefirieron el ataque personal y la falacia.

Leímos desde la chabacanería y violencia ya cotidiana de uno de los asambleístas que cambió de camiseta con la facilidad de quien sabe acomodarse al son de sus intereses y cuyo nombre ni siquiera vale la pena mencionar, calificar al expresidente de "loquito de geriátrico", pasando por el ninguneo histórico del legislador azuayo quien desconoció que Hurtado fue elegido en las urnas como vicepresidente y tras la muerte de Jaime Roldós, asumió la Presidencia de la República.

Hubo también advertencias veladas sobre la "responsabilidad de lo que se dice", a días de que una activista política, Gabriela Panchana, fuera condenada a 30 días de prisión por un tuit.

Otra asambleísta pretendió escudarse en los votos obtenidos por Noboa en las urnas como si el voto fuese una patente de corso para hacer y deshacer sin escrutinio.

Que llamar a Noboa dictador, “cuando existen elecciones, oposición, libertad de expresión e instituciones en funcionamiento, es un exceso político que solo busca polarizar y desacreditar la democracia”, dijo otra legisladora que antes vestía de Alianza País.

¿De qué elecciones habla la legisladora? ¿De aquellas en las que Daniel Noboa hizo campaña sin encargar la Presidencia de la República? ¿De esas en las que vimos candidatos a legisladores del oficialismo distribuir plátano verde y cocinas de inducción, a pesar de que está expresamente prohibido, ante la indiferencia más absoluta de los organismos de control?

¿O hablará de las próximas elecciones en cuya antesala se ha proscrito a la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora, inhabilitado organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes?

¿De qué oposición hablará? ¿De esa que se castiga con procesos judiciales? ¿De esa a la que se estigmatiza en campañas orquestadas desde los pasquines afines al gobierno y los funcionarios públicos que actúan como trolls?

¿De qué prensa hablará? ¿De la que a ella le molesta cuando cuestiona sus declaraciones? ¿De la que es perseguida, censurada y amenazada por investigar o criticar el poder? ¿Esa a la que hostigan despidiendo familiares del sector público o impidiendo a los hijos completar su internado? ¿Esa a la que expulsan del país con informes secretos?

¿Qué instituciones funcionan? ¿Los hospitales donde no hay insumos? ¿Las escuelas donde se reclutan jóvenes y se vacunan maestros? ¿La Judicatura obsecuente? ¿El CPCCS incapaz?

Pretender que tener elecciones o no encarcelar a cada crítico —aunque ya hay algunos en riesgo de estarlo— significa que "no hay dictadura" es una simplificación peligrosa.

Las autocracias del siglo XXI ya no necesitan tanques de guerra; se construyen con la ayuda de mayorías sumisas y el desmantelamiento progresivo de las instituciones desde dentro.

Lo que dijo Hurtado no es un "exceso político" ni una opinión aislada.

Viene siendo una alerta desde distintas vertientes políticas, de la sociedad civil y de organismos internacionales.

El Informe sobre la Democracia 2026, elaborado por el prestigioso Instituto V-Dem (Varieties of Democracy) —asociado a la Universidad de Gotemburgo en Suecia—, ubicó formalmente a Ecuador en su Lista de Seguimiento como un país al límite de la autocratización. El estudio advierte que el proceso de democratización previo se ha estancado y revertido, impulsado por una estrategia de "mano dura" y la concentración de poder que asfixia el espacio cívico.

A este diagnóstico se suman las constantes alertas de organismos internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su profunda preocupación por la erosión de la independencia de poderes en el país.

El uso desmedido de los estados de excepción, las sanciones administrativas y electorales utilizadas para inhabilitar a líderes de la oposición, la captura de la justicia a través de presiones en la Judicatura y el acoso sistemático contra periodistas y medios independientes no son opiniones: son hechos documentados por Human Rights Watch.

Cuando un Gobierno utiliza la justicia a conveniencia, inclina la cancha electoral suspendiendo o cancelando partidos políticos antes de que la ciudadanía acuda a las urnas y ataca al periodismo que investiga las fallas de la gestión pública, la democracia pasa a ser un simple cascarón vacío.

Que los legisladores del Gobierno respondan a estas advertencias con burlas, referencias al encebollado y apelaciones al porcentaje de votos ganados no solo demuestra su incapacidad para sostener un debate serio sobre el Estado de derecho. Demuestra algo peor: que normalizan el autoritarismo con tal de proteger el poder del que son parte.

Para eso están usando su voz: para demostrar su obsecuencia con quien gobierna. ¿O acaso alguno fue tan vehemente para cuestionar el manejo estatal en el caso de los niños de Las Malvinas? ¿O se han pronunciado sobre los casos documentados de abusos de las fuerzas armadas o las denuncias de que hay fosas comunes para enterrar cuerpos de presos que mueren en las cárceles?

Tristemente no estamos ante un debate político entre posturas diversas, sino ante el abismo que separa a la convicción democrática de la simple servidumbre al poder.

Que la bancada oficialista gaste toda su energía en atacar coordinadamente a un expresidente que advierten el peligro institucional, evidencia además cómo opera el oficialismo.

Si así actúan contra un expresidente, ¿se imaginan cómo operan cuando periodistas o ciudadanos comunes se atreven a cuestionar?