¿Quién confía en el CNE?

Diana Atamaint, repite que el Consejo Nacional Electoral es un órgano técnico, independiente y ajeno a intereses políticos. Pero los hechos cuentan otra historia: una en la que lo “técnico” termina teniendo efectos políticos demasiado convenientes para el poder de turno.

En menos de un año, el organismo ha tomado decisiones que ha sacado del juego a actores políticos de oposición: la cancelación de Unidad Popular y Construye y los antecedentes de conflictos con Revolución Ciudadana configuran un patrón difícil de ignorar.

A pesar de que el artículo 327 del Código de la Democracia fija como fecha máxima para la cancelación de organizaciones políticas 120 días antes de la convocatoria a elecciones —plazo que venció el 3 de abril—, el CNE tomó la decisión el 26 del mismo mes, es decir, 13 días después del límite.

Ese plazo existe precisamente para evitar que el árbitro altere las reglas del juego en la recta final del proceso electoral. No es un tecnicismo, es una garantía de estabilidad.

Sin embargo, el CNE optó por una interpretación flexible de la norma. Tres consejeros votaron a favor —Diana Atamaint, José Cabrera y José Merino—, y este último reconoció la existencia del plazo, pero sostuvo que no constituía una prohibición absoluta.

Ahí está el problema.

Cuando una regla creada para garantizar la seguridad jurídica y ofrecer certezas se reinterpreta según el momento político, beneficiando a la organización política gobernante, se golpea a la democracia.

Porque digámoslo con claridad: al eliminar organizaciones de oposición se pretende inclinar la balanza en favor de ADN —cuyos incumplimientos en las elecciones pasadas estuvieron a vista y paciencia de todos los ciudadanos, sin que el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral, movieran un dedo para impedirlo.

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Las elecciones se ganan participando, cumpliendo ofertas y respetando las reglas. No torciendo la interpretación de la ley ni forzando los límites del propio sistema electoral.

Porque cuando decisiones que afectan directamente la participación política se toman fuera de los plazos establecidos o bajo lecturas acomodadas de la norma, lo que está en juego ya no es solo la competencia, sino la integridad del proceso.

Y el efecto es claro: actores políticos relevantes quedan fuera o debilitados, mientras el oficialismo —representado por Acción Democrática Nacional— compite en un terreno cada vez menos disputado.

No porque haya ganado ese espacio ni en las urnas ni en los resultados de su gobierno, sino porque el tablero se va quedando sin contendores con peso real.

Eso, en un contexto donde el poder ya les da ventajas evidentes —recursos, visibilidad y capacidad de acción estatal—, esto es profundamente preocupante. Para poner un ejemplo: la entonces candidata a asambleísta por ADN, Yadira Bayas, apareció en un video distribuyendo cocinas de inducción que eran parte de un programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a pesar de estar estrictamente prohibido por la ley.

Aunque todos vimos las imágenes, el TCE no encontró mérito suficiente para sancionar la entrega de bienes, suponemos que, pagados con fondos públicos para una campaña electoral.

La victoria para ADN fue triple: entregó cocinas pagadas por otros, se benefició de esa acción ilegal y populista que en la práctica equivale a la compra de votos y, como cereza del pastel, salió impune.

Y no se trata sólo de decisiones que expulsan actores y de otras, que miran a otro lado, cuando el oficialismo incumple la ley. También están aquellas que, bajo una apariencia técnica o de derechos, modifican las condiciones de participación.

La más reciente es la reforma que permite a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia evitar multas por no votar o no integrar juntas receptoras del voto.

El argumento es jurídicamente sólido: el CNE sostiene que cumple una disposición del Tribunal Contencioso Electoral y aplica un enfoque de derechos.

Pero es el mismo TCE que sacó del juego de manera ilegítima e ilegal a la Revolución Ciudadana pero que dejó hacer campaña sin pedir licencia al candidato presidente, Daniel Noboa. El mismo que sancionó con 18 mil dólares a los Yasunidos por un 39 centavos mal ubicados. Coincidencialmente, este colectivo también ha sido muy crítico con Noboa y varias de sus figuras visibles participaron en el paro de octubre de 2025 en contra de su gobierno.

Lo que queda es una sensación difícil de ignorar: la ley no pesa lo mismo para todos. Para unos, se aplica con todo su rigor; para otros, se interpreta, se flexibiliza o simplemente no se ve.

No es una decisión aislada. No es un error. Es un patrón.

Unas resoluciones sacan jugadores de la cancha. Otras permiten que el oficialismo juegue con ventajas evidentes. Y otras más, bajo el argumento de derechos o técnica, pretenden definir quién participa y quién no.

Todo, curiosamente, en la misma dirección.

Y es ahí donde está el verdadero problema. Porque el fraude —si es que existe— no empieza el día de la votación.

Empieza mucho antes.

Empieza cuando se reduce la competencia. Cuando se decide quién puede participar y quién no. Cuando la ley se aplica con distinto rigor según el actor político. Cuando el poder juega con ventajas y nadie lo sanciona.

Empieza cuando la cancha deja de ser pareja.

Con esos antecedentes, ya no hace falta alterar actas o que haya apagones para que dudemos de que el voto y los resultados sean respetados.

¿Quién no dudaría cuando el proceso parte con tanta opacidad?

Así, se va torciendo la democracia hasta que el resultado final deja de ser una expresión libre de la voluntad popular, y pasa a ser la consecuencia de un juego previamente inclinado.